Denunciamos un operativo político de impunidad en la causa del crimen de Mariano Ferreyra

A través de diferentes mecanismos judiciales y políticos, se ha puesto en marcha una operación política de impunidad en favor de los responsables materiales y políticos del crimen de Mariano Ferreyra, así como las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes. Aunque el primer paso de este operativo es eximir al aparato represivo del Estado -la Policía Federal- en su responsabilidad por el crimen, su propósito final es lograr la absolución y la libertad del máximo jefe de la patota que asesinó a Mariano: José Pedraza. En la base política de esta operación están los compromisos de hierro entre el gobierno kirchnerista y la burocracia sindical.
1) El punto de partida de esta trama es la decisión de la Justicia de separar de la causa principal (la que juzga a Pedraza y a la patota) a las responsabilidades de la Policía Federal. Ello, a pesar de que todas las evidencias mostraron el trabajo premeditado y sistemático de los efectivos policiales para permitir, primero, la arremetida de la patota contra los militantes y tercerizados; después, tolerar sin intervención alguna los disparos criminales y, finalmente, su fuga y el ocultamiento de las armas empleadas. La planificada "liberación" de la zona se aprecia también en la negativa a filmar los hechos -habiendo un efectivo dispuesto para esa tarea en el lugar- y en la eliminación de las grabaciones telefónicas entre los efectivos y sus jefes que correspondían al preciso momento del crimen. Aunque estos hechos dan cuenta de la participación policial en el plan criminal por el cual es juzgado Pedraza y sus secuaces, la jueza Wilma López separó las actuaciones e inició una causa en paralelo sobre el rol de la Federal. Pero en esa causa, la fiscalía pidió caratular la actuación de estos efectivos como "abandono de persona" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", calificación que sitúa a la acción policial en el terreno de la negligencia o la torpeza. Luego, la jueza decidió procesarlos por el delito menor, quedando en pie sólo el "abandono de persona". El círculo se completa con la asunción de los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal (dependientes del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré) como defensores de la mayoría de los policías imputados. Ni lerdos ni perezosos, apenas conocida la carátula imputada a sus defendidos, los abogados de la Federal pidieron el traslado de la causa a la justicia contravencional de la Ciudad. El traspaso a esa jurisdicción implica la imposibilidad de solicitar una condena por el delito de homicidio agravado como parte de un plan criminal.
2) La existencia de una acción sistemática en favor de la impunidad se evidencia, también, en la situación de la Cámara de Casación Penal, la que ha decidido sobre los pedidos de excarcelación en favor de Pedraza. Actualmente, se investiga la tentativa de coimas sobre varios de sus integrantes por parte de abogados y allegados al dirigente de la Unión Ferroviaria. El juez Mariano González Palazzo, investigado por ese hecho, continúa revistando como camarista subrogante y no ha sido reemplazado, a pesar de las denuncias que penden sobre él. En el interín, los abogados defensores de Pedraza y de la patota han interpuesto diferentes recursos y nulidades en la causa principal. El objetivo de estas presentaciones es retrasar el inicio del juicio oral, que está previsto para febrero. Si lograran su cometido, los defensores de Pedraza redoblarán las acciones judiciales en favor de su excarcelación, con el conocido argumento de que ha pasado un "tiempo excesivo" en prisión preventiva sin ser juzgado.
3) Aunque la causa sobre las responsabilidades policiales se desarrolla en forma independiente, su consecuencia sobre la que juzga a Pedraza y a la patota es muy clara. Si las fuerzas policiales son juzgadas por un delito menor o una negligencia y no por haber urdido una "zona liberada", se le estará restando una pieza al plan criminal contra los militantes y los tercerizados, el cual contó con el concurso necesario del aparato represivo del Estado. Al servicio de esta misma orientación está la ausencia de cualquier imputación a los responsables empresariales del asesinato de Mariano, los directivos de la Ugofe, quienes facilitaron licencias laborales a los que participaron del ataque a los tercerizados. El plan criminal que la propia jueza López identificó tuvo móviles claros: el primero de ellos, preservar el negocio de la tercerización, en beneficio de los privatizadores y de los Pedraza. Pero si la Ugofe no va al banquillo y los policías que liberaron la zona comparecen por un delito menor, se está abonando el terreno para atribuir el crimen al arrebato de un grupo de lúmpenes, o incluso, de un "enfrentamiento entre sindicalistas". De allí a la absolución del propio Pedraza, hay sólo un paso.
4) Es claro que esta trama jurídica de impunidad está respaldada por un operativo político en regla. Hay que inscribir en él a las declaraciones del burócrata Lescano, del grupo de los "gordos", calificando al jefe de la Unión Ferroviaria como "un preso político"; o a Moyano cuando, sirviéndose de la detención de Rubén Sobrero, protestó por la "discriminación que se ejerce sobre los sindicalistas". Ello, como si los responsables de la adulteración de medicamentos, la liquidación de la democracia sindical y el crimen de Mariano pudieran colocarse en el mismo campo de los delegados y luchadores que, además, son víctimas de las patoteadas de aquellos. Por otra parte, el gobierno mantiene al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario a Guillermo Antonio Luna -integrante de directorio de empresas tercerizadas, hombre de la burocracia sindical de La Fraternidad y aliado de Pedraza. El trípode sobre el que reposa el régimen ferroviario que terminó con la vida de Mariano -los privatizadores, la burocracia sindical y el Estado- continúa en pie.
La conmoción popular y la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano condujo a a la cárcel a Pedraza y a su patota, asestándole un golpe severo a toda la burocracia sindical. Pero el gobierno kirchnerista mantiene a rajatablas su alianza política con ésta, en un momento donde los "ajustes" en puerta y los techos al salario exigen la regimentación del movimiento obrero que llevan adelante los Pedraza, Moyano o Gerardo Martínez. La presidenta acaba de fotografiarse profusamente con este último en la reunión del G-20, a pesar de que está comprobada su tarea como agente de la Side en los años de la dictadura. Todos ellos esperan, agazapados, las condiciones políticas propicias para arrancar la libertad de Pedraza. La operación que aquí denunciamos se completa con la escalada de procesamientos y persecuciones a luchadores populares y dirigentes ligados a aquéllos. Quieren "contrapesar" la prisión de Pedraza procesando a sus opositores, una reedición de la teoría de los "dos demonios" que prepara, a término, la impunidad para los asesinos de Mariano.
5) Queremos advertir al conjunto del movimiento popular este operativo en curso y convocar a reforzar la movilización y la acción política para que Pedraza y sus secuaces sean juzgados y condenados a prisión perpetua; para que los policías involucrados sean juzgados por lo que les cabe: o sea, partícipes necesarios en el plan criminal; para que se procese y condene a los directivos de la Ugofe. Reclamamos también la inmediata separación de la Cámara de Casación de todos los involucrados en la tentativa de coimas, así como la de aquellos que los protegieron. Integramos esta lucha al reclamo por el desprocesamiento de los luchadores ferroviarios y de todos los luchadores populares que están siendo objeto de procesos por defender a las organizaciones obreras independientes del gobierno y de la burocracia.
Comité Ejecutivo del Partido Obrero (7/11)