* Erick Gjumblich es señalado por negativa del servicio público al negarse a investigar a detenidos en flagrancia

Nayelli Ruiz Záratese queja de Erick Gjumblich, quien
dejó ir a los presentados, quienes fueron detenidos en
flagrancia.
El estado de deterioro en que se encuentra el famoso edificio es debido a que este grupo encabezado por Carlos Omaña Herrera, quien fuera Asambleísta en la II Legislatura en el Distrito Federal por el Partido del Frente Cardenista, José Santana Ortega y la esposa de este, Edna Angélica Téllez Blanco, mediante violencia, triquiñuelas, engaño y falsificación de documentos, se adjudican los recursos de la administración.Este grupo se ha apoderado de por lo menos 50 despachos y 7 de los 17 pisos que tiene el edificio, “privatizándolos” a la fuerza como ocurre en estos días, toda vez que "perdieron" la administración del edificio con quien legalmente la ostenta, que es Ruiz Zárate.

Los abogados Alejandro Cervantes y José Alfredo Félix-
Díaz corroboraron los argumentos de Ruiz Zárate.
Sin embargo, al llegar a la Agencia 7a., las personas presentadas hablaron con el secretario del Ministerio Público de nombre Erick Gjumblich, quien dejó ir a los presentados y tras argucias dilatorias luego de dos horas amenazó a la quejosa. “Al preguntarle sobre lo que pasó con las personas de las que solicité su puesta a disposición, me respondió: ‘presente su denuncia y se puede retirar, tuvo suerte porque quien se iba a quedar detenida es usted y por robo”.
Ruiz Zárate dijo que ese tiempo que utilizado por los denunciados para terminar de instalar bien la reja y que esta quedara de facto, pese a que jurídicamente es improcedente cerrar las áreas comunes.

Ýa ganó un alegato con la Procuraduría Social y logró
que le dieran la razón: Nayelli Ruiz buscará hacerlo
también en la PGJDF.
El año pasado se presentó un caso muy similar con funcionarios de la Procuraduría Social, quienes por más de 24 meses dieron la razón a este grupo que se ostenta como administrador del edificio con papeles apócrifos, mismos que fueron desestimados por el juzgado 34 administrativo en el Distrito Federal, con una sentencia que causó estado.
El caso llegó a la ex procuradora Dione Anguiano y sólo en ese momento se dio la certeza jurídica a la actual administradora, Nayelli Ruiz Zárate, quien afirma que el estado del edificio es de deterioro porque "esta gente se ha quedado con las cuotas de mantenimiento y renta de los muros".
Como lo hizo antes en la ProSoc, dice la administración del Condominio Insurgentes 300 que librará la batalla legal ante la gran red de complicidades que existen en la Agencia 7ª. Del Ministerio Público del Fuero Común en Cuauhtémoc, dependiente de la Procuraduría Genral de Justicia del Distrito Federa, hasta demostrar que tiene la razón.
“Todavía creemos que la justicia es posible”, destacó Ruiz Zárate.
regresar/homeregresar/home
