Los excesivos sueldos y compensaciones que se auto asignan los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí representan una ofensa a la ciudadanía, especialmente cuando los resultados de la administración municipal no corresponden con la calidad de los servicios que prestan a la ciudad.
Un grupo de ciudadanos hemos considerado necesario pasar de la indignación que genera ver cómo cada día se deteriora más la ciudad en tanto que los ingresos de los principales responsables de su mantenimiento se incrementan, a una acción que pudiera sentar un precedente que muestre a quienes ocupan cargos públicos que sus ambiciones desmedidas son intolerables.
El Cabildo de la capital ha costado al erario 30 millones 447 mil 469 pesos en los primeros 27 meses. Tan solo el alcalde Mario García Valdez ha obtenido ingresos que superan el costo total de los cabildos de cada uno de los municipios de San Antonio, San Nicolás Tolentino, Villa Hidalgo, Tierra Nueva, Villa Juárez, Huehuetlán, Lagunillas, Armadillo de los Infante y Villa de la Paz.
Tales excesos rayan en un manejo delincuencial del erario, conformado por las contribuciones que todos los potosinos hacemos, lo que consideramos representa un abuso de autoridad tipificado en el artículo 328 del Código Penal del Estado.
El abuso de autoridad es el uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo público, pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas o a excederse en ellas del cargo mencionado, con el deliberado propósito de satisfacer intereses personales del individuo que lo ejercer.
No cabe duda de que los integrantes del Cabildo, como integrantes de ese órgano colegiado, determinan sus propios ingresos y, al hacerlo en exceso, incurren en el uso de su cargo para satisfacer intereses personales.
Ante ese abuso, hemos presentado una demanda penal en contra de todos los integrantes del Cabildo por los delitos de abuso de autoridad y asociación delictuosa, con base en la información que en los dos últimos informes finales de auditoría a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de la Capital que la Auditoría Superior del Estado presentó al Congreso del Estado.
Como exponemos en la denuncia, se dan los elementos constitutivos de ambos delitos, por lo que confiamos en que la Procuraduría General de Justicia del Estado asuma su responsabilidad en el trámite de esta denuncia, a fin de que se siente un precedente que impida que este tipo de abusos se vuelva a repetir y favorezca que quienes ocupan cargos públicos den preferencia a la resolución de los servicios que deben prestar.
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