Esta semana se votará en el Congreso una moción de UPyD para proclamar que todo “derecho a decidir” sobre el futuro de España o de cualquiera de sus partes es inbdividual o propiedad de todos los ciudadanos, no de los de cualquier Comunidad o territorio.
Una moción encaminada a ratificar algo obvio, el Artículo 1.2 de la Constitución, que señala que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
UPyD la presenta porque hay constitucionalistas ambiguos y gelatinosos, como el expresidente del Consejo de Estado y exmagistrado del Constitucional, el prosocialista Francisco Rubio Llorente, que ven posible una consulta entre catalanes sobre el futuro de Cataluña si el Gobierno españoly la Generalidad la acuerdan.
Acude a interpretaciones leguleyas, de esas que siempre encuentran atenuantes, por ejemplo, en los asesinos, de manera que rechazarían el Tribunal de Núremberg y Hitler, de no haberse suicidado, habría estado en prisión doce años gracias a aquello de “El trabajo os hará libres”, el lema de sus campos de exterminio.
La misma idea fue aplicada por Franco en su Código Penal de 1973, el que ha permitido derogar la Doctrina Parot en Estrasburgo bajo impulso del magistrado del buenismo zapaterista, Luis López Guerra.
El Artículo 1.2 de la Constitución es inapelable. Toda interpretación retorcida de artículos o leyes posteriores, aunque sean interpretados por redactores de la misma Constitución alegando que “hay que ser buenos” o “comprensivos con los nacionalistas”, solo ensoberbece a quienes quieren quebrar la ley de leyes.
En España hemos llegado al extremo de tener que demostrar que el blanco es blanco y lo negro es negro, y eso demuestra que hemos perdido el sentido común, el del ridículo, y el respeto por nosotros mismos-
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