“Haría falta una ley clarificadora para todo el país que permita poner fin a las situaciones controversiales”, declaró el titular del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, en referencia a los bloqueos al aborto no punible. El tema se encuentra en el centro de la escena a partir del fallo de la Corte Suprema (13 de marzo) de las reglamentaciones reaccionarias que se vienen sucediendo en las provincias K y en las opositoras, del veto de Macri a la ley de la Ciudad sobre aborto no punible, por lo sucedido en el Hospital Ramos Mejía y por la aprobación de una “suspensión” a la penalización del aborto en Uruguay.
Detrás de la declaración de un objetivo “clarificador” que hace Pichetto, en realidad se esconde la verdadera intención de que el aborto legal no prospere en el debate parlamentario y de utilizar una reivindicación tan elemental del movimiento de mujeres para extorsionar a la derecha. “De todas maneras, dejó bien en claro que su iniciativa apunta a ese sentido y en nada tiene que ver con lo aprobado este miércoles en Uruguay, donde fue aprobada una ley que legaliza el aborto durante el primer trimestre de gestación”, aclaró Télam, citando al dirigente.
Pujas políticas y aborto
Algunos sostienen que detrás del cacerolazo del 13 de septiembre actuó también un sector de la Iglesia católica. En la provincia de Salta, esto fue totalmente ostensible, teniendo en cuenta que el gobernador K es el más clerical de todos, al punto que ha impuesto la educación religiosa en el sistema público y la reglamentación más reaccionaria del aborto no punible. En septiembre, la Iglesia agitaba con fuerza la pelea contra el Código Civil y Comercial K, que establecería principios que resultan nocivos para la concepción familiar que sostiene el clero.
Aunque el nuevo Código Civil K le concede a las posiciones religiosas el principio de defensa de la vida desde la concepción, la Iglesia va por más y se queja porque dicho artículo establece que esta defensa se produce si el embrión es creado “dentro del útero materno”. Pretende dominar todo el manejo de embriones para la investigación científica y para limitar el avance de la fertilización asistida, que requiere de embriones formados fuera del útero materno. Por supuesto que un sector clerical también pretende eliminar la aceptación de los matrimonios entre personas de un mismo sexo, la “acción altruista” en la sesión de vientres y la aceleración de los trámites de divorcio.
La discusión del aborto está sometida al escenario político general de inflación galopante, de imposición de medidas antiobreras, como el impuesto a las Ganancias o la ley de ART, impulsada por los K y aplaudida de pie por la UIA. En el posicionamiento de cada sector en la pelea contra Clarín, el gobierno se juega a cambiar de empresarios y sectores sociales de poder, pero no a garantizar la libertad de expresión y la democracia mediática: la Iglesia es uno de los grandes beneficiarios de la ley de medios.
La clase política argentina está contra el aborto legal. El proyecto de aborto legal presentado por cuarta vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está siguiendo el mismo destino que en las anteriores presentaciones: el ninguneo. Los bloqueos al aborto no punible se producen por el lugar que los K y los opositores le han dado a los sectores “pro vida” en el aparato de salud, porque el gobierno nacional es un enemigo declarado del aborto legal, porque los gobernadores son “pro vida”, como ocurre con los kirchneristas Colombi o Urtubey, y con Macri en la Ciudad.
La única vía posible para encarar una lucha real y sincera contra los bloqueos al aborto no punible, de los que ahora se queja Pichetto, es la aprobación del aborto legal en el Congreso y la eliminación de los funcionarios clericales de los hospitales; y no la recontra reglamentación de los casos no punibles que, en definitiva, van todos a parar al campo legal sistemáticamente. El kirchnerismo no reúne la voluntad política para imponer estas dos condiciones, y la agitación que por el tema hacen algunos de sus diputados no es más que una cortina de humo para encubrir que, en la lucha interna del gobierno K, hace mucho tiempo que los derechos de las mujeres han perdido la pelea.
El 1º de noviembre, a un año del tratamiento del proyecto de aborto legal en el parlamento -que fuera debut y despedida-, concentramos en el Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, para exigir aborto legal, seguro y gratuito.