Derecho ciudadano de Auditoría de Deuda.

Con esta publicación iniciaremos una serie de artículos sobre la Deuda Pública y la necesidad de auditarla, escritos por Vanesa Monge,  Licenciada en Ciencias Políticas y Máster en Análisis Político.
Derecho de auditoría de deuda
Los motivos por los cuales hay que auditar la deuda pública son claros: rendición de cuentas y transparencia, algo que por desgracia no ha ocurrido en nuestras democracias desarrolladas.
  
  Pero son muy pocos los que nos preguntamos sobre el Derecho de Auditoria, y a los que se lo preguntan y a los que no, les dedico esta breve reflexión.
  
  De hecho, se trata de contestar a tres preguntas básicas: “¿Cuánto se debe?”, “¿A quién se debe?” y “¿Por qué se debe?” e incluso a veces: “¿Se debe realmente?”.
  
  Repasemos lo que la legislación nos dice sobre la misma:
  
  1. Es un derecho nacional competencia de los poderes públicos, que permite a los gobiernos la legalidad o la ilegalidad de la deuda externa.
  
  Es un derecho soberano y un deber de los poderes públicos. Asimismo, los ciudadanos a través del derecho de petición pueden instar al gobierno a proceder a una auditoria para garantizar sus derechos civiles y políticos.
  
  Los movimientos ciudadanos, como víctimas directas del endeudamiento, tienen el derecho de cuestionar la validez de los supuestos créditos, y de demandar, al amparo de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, las reparaciones que correspondan en el caso de comprobarse los daños y perjuicios provocados por actos gubernamentales.
  
  2. El derecho a participar en los asuntos públicos de estado conlleva a exigir y realizar una auditoría, por tanto se convierte en un derecho fundamental.
  
  La nacionalización de la deuda privada compromete los recursos del Estado presentes y futuros y, con él, los de toda la población. Por tanto, si los efectos de la misma se hacen sentir sobre sus ciudadanos, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos y a ejercer el control que deriva de ese derecho de participación.
  
  Por tanto, la auditoria es un instrumento de fiscalización y control sobre la utilización de los fondos y permite esclarecer su utilización.
  
  3. El derecho a la información: un derecho humano.
  
  Efectivamente el derecho de la información trae consigo un reto que las democracias globales deben afrontarse: la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y la obligación de rendición de cuentas y fomentar la verdadera participación de la sociedad civil.
  
  El objetivo de este derecho es que los ciudadanos tengan acceso a los documentos o a las informaciones que se encuentran en manos del poder público. El ejercicio de este derecho es indisociable de la democracia. La democracia está ligada al control democrático basado principalmente en dos aspectos:
  
  a) El derecho a saber lo que el gobierno decide en el plano económico y financiero.
  
  b) El derecho a participar activamente en este proceso cada vez que los bienes del Estado, los recursos públicos, los recursos naturales, el bienestar de la población (presupuestos para la salud, educación...) son hipotecados a causa de las deudas soberanizadas.
  
  Podemos resumir que el derecho de auditoria constituye el instrumento más adecuado para garantizar la transparencia y la regularidad de los actos de gobierno y mejorar la democracia y la rendición de cuentas. Por tanto, y por ello, la ciudadanía debe concienciarse de estos derechos y exigirlos a sus gobernantes pues es lo único que hará que avancemos en el desarrollo no solo de las democracias, sino humano.
  
  Vanesa Monge