Derechos "el imperio de las trampas"

Aunque el aborto es legal en el caso de que la gestación sea producto de una violación o que implique riesgos para la salud de la gestante, las trampas a esa legalidad son mucho más habituales que su cumplimiento efectivo. Así, los derechos reproductivos de las mujeres se convierten en letra muerta y se traducen en muertes concretas. Así lo denunció un informe –el segundo en cinco años en la materia– de Human Rights Watch en el que alerta además sobre cómo la supuesta objeción de conciencia opera puertas adentro de los consultorios culpabilizando a las mujeres, negándoles el derecho a decidir sobre sus cuerpos, incluso a la hora de elegir un método contraconceptivo. Las recomendaciones fueron claras: Human Rights Watch, una de las principales organizaciones independientes de derechos humanos en el mundo, le pide al Congreso de la Nación que avance en la despenalización del aborto. El informe “¿Derecho o ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva” señala diversas deficiencias en el acceso a los servicios. El extenso trabajo que coordinó Marianne Mollmann, cuya recolección de datos se realizó entre febrero y marzo de este año, señala: “El principal problema es que a menudo no se implementan las leyes y políticas destinadas a beneficiar a mujeres y niñas, como las excepciones legales a la penalización generalizada del aborto. A su vez, la ausencia de control y de rendición de cuentas en relación con esta omisión señala que son pocas las autoridades que demuestran interés”. Por eso, le recomienda al Ministerio de Salud de la Nación que inste investigaciones administrativas y sancione al personal de la salud que no cumpla las pautas ministeriales, reglamentaciones nacionales o leyes sobre provisión de atención. Para HRW, las sanciones propuestas deberían incluir la suspensión o revocación de la matrícula médica a quienes reincidan en estas conductas.
De este modo, se pondrían límites concretos a los profesionales de la salud con poder de decisión en los servicios que en base a sus convicciones, o como parte de una estructura de base fundamentalista que resiste los avances legislativos, impiden el acceso de mujeres y niñas a sus derechos. Profesionales –médicos, abogados, integrantes de los comités de bioética– que se escudan en la objeción de conciencia, sin siquiera hacerlo explícito, y directamente tabican la atención. Con su actitud fuerzan un destino no deseado en la vida de mujeres concretas, a las que retacean sus derechos y en muchos casos empujan al aborto clandestino. En ese sentido, el informe hace explícita mención a “la hostilidad de los operadores en el sistema de salud y judicial”. Y señala que “en el ejemplo más reciente del peso político que reviste el discurso contra el aborto, en julio de 2010 el Ministerio de Salud de la Nación se retractó de su intención declarada de garantizar el acceso al aborto legal luego de un intenso cuestionamiento por parte de la prensa”.
El recorrido por las diferentes formas de vulnerar los derechos de las mujeres en el sistema de salud pública es exhaustivo. Mollmann entrevistó a usuarias que relataron sus experiencias. “La estigmatización generalizada del aborto contribuye a generar un clima en el cual los proveedores de la justicia y de servicios de la salud aparentemente consideran que están justificados al maltratar a las mismas mujeres que deberían ayudar”, indica el informe para presentar lo vivido por Mónica P., quien quedó embarazada luego de que su ex pareja ingresara por la fuerza a su departamento y la violara. La mujer relató a Human Rights Watch que cuando intentó obtener justicia por la violación e interrumpir el embarazo su pedido fue rechazado, se le negó ayuda y fue tratada con desconfianza. El informe cuenta que Mónica primero había recurrido a la línea de ayuda contra la violencia del gobierno: “Le dije, no lo puedo tener porque me estoy volviendo loca. ... Antes de cortar me dijo, ‘pero el bebé no tiene la culpa’”. A continuación, Mónica intentó presentar una denuncia penal contra el agresor. El relato de su experiencia en los tribunales sólo suma violencia. “Fui sola a lo de la denuncia a las 3 de la mañana. Era un juez, la trabajadora social y la psicóloga. [La psicóloga] intentaba hacerme dejar al bebé [es decir, no abortar] y darme cuenta de que lo quería. ... El juez se fijó en mi ropa y dijo que no estaba afectada [por el asalto sexual, porque estaba bien vestida]. Fue el único día que me había vestido bien, ¡porque iba a ver al juez! Ellos estaban hablando sólo del aborto, en ningún momento me preguntaban de lo que me pasó [con respecto a la violación]. Eran mis palabras contra sus palabras, y en el informe [oficial] son todas sus palabras”, dice la entrevistada.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas fueron provocadas por abortos inseguros. “Los datos oficiales sobre salud indican que no se han producido grandes cambios para las mujeres y niñas que dependen del sistema de salud pública en los cinco años transcurridos desde que Human Rights Watch publicó un informe sobre este tema por primera vez. Las complicaciones posteriores a abortos continúan siendo una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina, pese a una reducción registrada recientemente y que ha sido asociada con un incremento en el uso de misoprostol, un fármaco indicado para la prevención de úlceras en la Argentina, en abortos domésticos, más que con una disminución en la cantidad de intentos de aborto. Las cifras oficiales aún calculan que el 40 por ciento de los embarazos (460.000) anuales son interrumpidos mediante abortos ilegales”, dice el informe sobre uno de los principales problemas de salud pública de la Argentina, que se invisibiliza por la presión de los sectores fundamentalistas.
Justamente, para ponerle un límite estatal a esos sectores, otra recomendación de HRW hacia el Ministerio es la de “trabajar con fiscales para iniciar acciones penales contra funcionarios que sean negligentes en el cumplimiento de sus funciones en relación con la salud reproductiva de mujeres y niñas como, por ejemplo, aquellos que denieguen el acceso a servicios de aborto legal a mujeres cuya vida o salud se vea amenazada por un embarazo, o quienes denieguen tratamientos de carácter vital –como la quimioterapia– a mujeres embarazadas”.
Esta referencia es muy precisa. El acceso al aborto no punible es uno de los temas más destacados del informe, que reseña como “desesperante” el caso de Ana María Acevedo, la joven de 20 años que murió en el hospital Iturraspe de Santa Fe el 17 de mayo de 2007, de un cáncer de maxilar jamás tratado, dado que los médicos se negaron a interrumpir el embarazo. “El caso de Acevedo demuestra que los funcionarios públicos pueden faltar a sus deberes tanto por omisión como por acción. Deja en claro asimismo que los funcionarios públicos tienen el deber de brindar aquellos servicios definidos por el estado como derechos (como el acceso a anticonceptivos y al aborto legal)”, subraya HRW.
En este sentido, el documento también señala otro punto crítico: las dificultades de acceso a la Justicia. “Si bien los mecanismos de denuncia individual a menudo son percibidos como sinónimo de rendición de cuentas, en realidad son solamente uno de los tantos componentes. Si las personas no conocen sus derechos, carecen de posibilidades de exigir una reparación y no reciben apoyo para impulsar sus denuncias hasta las últimas consecuencias, los mecanismos de denuncia estarán condenados al fracaso. Esta es la situación en la Argentina”, dice el informe.
La interpretación del aborto no punible, que tanto revuelo mediático generó el mes pasado en la Argentina, es ratificada por el documento de carácter internacional. “En teoría, cualquier mujer o niña para quien el embarazo entrañe un riesgo para su salud física o psíquica o cuyo embarazo sea resultado de una violación tiene derecho a someterse a un aborto legal en la Argentina. Los proveedores médicos deben brindar el servicio en el momento en que sea solicitado y deben interpretar la ley de la manera que resulte más favorable para los derechos humanos de la paciente”, indica el documento presentado el martes por José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y la propia Mollmann.
Porque el documento de HRW indica también que “en la práctica se llevan a cabo muy pocos abortos de esta naturaleza. Con frecuencia, las mujeres desconocen las circunstancias en las cuales podrían someterse legalmente a un aborto. Las pocas personas que sí solicitan abortos legales se enfrentan a procedimientos complejos y a la hostilidad de los proveedores en el sistema de salud y judicial”.
Y la famosa objeción de conciencia, que debiera estar registrada de manera adecuada para garantizar los servicios a las usuarias, funciona más bien como un dique de contención a las prácticas rechazadas por los operadores. “Las entrevistas y las investigaciones oficiales de Human Rights Watch demuestran que a menudo la objeción de conciencia se produce sin que medie el registro ni la transparencia. Natalia Rodríguez, de la división de salud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, realizó un estudio interno de la objeción de conciencia en los hospitales públicos de Buenos Aires en 2007. Rodríguez explicó a Human Rights Watch que los mismos directores de los hospitales desconocen si hay objetores de conciencia en su staff, y tampoco piensan que es su responsabilidad.”
La misma funcionaria habló de “una objeción de conciencia que no es registrada y que se resuelve en la privacidad de la consultoría”. Refiriéndose específicamente a la esterilización –aunque es palpable en el acceso a otros servicios–, Rodríguez detectó que los médicos dicen simplemente que no es legal, que se necesita autorización judicial, que se necesita autorización del esposo. “Hay resistencia en la aplicación de la ley porque algunos profesionales sienten que no es suficiente la petición de la usuaria”, dijo Rodríguez, entrevistada para el informe de HRW.
Una clave para entenderlo: para los médicos, el deseo de las mujeres sobre su propio cuerpo no tiene validez. El informe indica que “son varios los obstáculos que enfrentan las mujeres al tomar decisiones sobre el uso de anticonceptivos, como problemas de suministro, la objeción de conciencia, la aplicación de cargos no autorizados para la provisión de insumos y atención, las graves demoras en la prestación de servicios y las derivaciones innecesarias, la exigencia ilegal de autorización del esposo e incluso el acoso sexual en los centros de salud pública”, dice el trabajo coordinado por Mollmann.
Que, sin embargo, da un voto de confianza a las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional. “Existen indicios de que esto podría cambiar. El 27 de mayo de 2010, el ministerio presentó una nueva línea telefónica destinada a monitorear la implementación de los programas nacionales y provinciales sobre salud sexual y procreación responsable. Según Dolores Fenoy, coordinadora general de servicio de recepción de llamadas del ministerio, las personas que atienden las llamadas realizadas al número gratuito sobre salud sexual y procreación responsable han recibido capacitación que les permite brindar información sobre los servicios disponibles y el modo de acceder a ellos, reunir información sobre abusos en centros de salud y, cuando fuera necesario, derivar a las personas a un equipo de abogados del Ministerio de Salud para que realicen un seguimiento del caso”, dice el trabajo que se centra en el incumplimiento estatal.
El documento de 53 páginas recuerda también que en 2005, Human Rights Watch publicó una primera evaluación de la implementación de estas políticas, así como de la situación general de los derechos de salud reproductiva de las mujeres y niñas en la Argentina. Entonces, las conclusiones no fueron favorables. “En 2010, se documentó que persistían los problemas en el acceso por parte de mujeres de la Argentina a servicios de salud que por derecho les corresponden, incluida la anticoncepción, la esterilización voluntaria, el aborto legal y la atención posterior a un aborto. A menudo, las leyes y pautas que regulan la prestación de estos servicios no se conocen, son ignoradas o se implementan de manera errática”, concluye el estudio.
Por Sonia Tessa
Fuente: Página/12