Derechos humanos, civiles y políticos

Ayer participé en la marcha ciudadana convocada en Bilbao, en defensa de los derechos humanos, cviles y políticos. Resulta difícil entender que en una democracia sea necesario salir a las calles a reivindicar el derecho a manifestarse, que la propia Constitución reconoce y protege, aunque después el Ministerio del Interior, la Audiencia Nacional y/o los Tribunales de Justicia lo limiten y lo coarten, sin más argumento que su libre voluntad. Euskadi, una vez más, alberga la esperanza de poder iniciar, por fin, un auténtico proceso de paz, pese a que todavía haya mucha cautela ante el alcance real del anuncio de tregua de ETA y también, por qué no decirlo, ante la actitud de los Gobiernos de Madrid y Vitoria-Gasteiz, que hacen bien en ser prudentes, pero se equivocan al cerrar todas las puertas y no dejar ni siquiera un pequeño resquicio a un diálogo plural y sin exclusiones.

Siempre he condenado sin paliativos el terrorismo, en la medida en que considero que el derecho a la vida ni puede ni debe ser conculcado por nada, ni por nadie. Asesinar, amenazar o coaccionar son actos que merecen toda mi repulsa. Sin embargo, no por ello puedo aceptar como válidas o legítimas las tesis de quienes se escudan en la persistencia de la violencia para negar el ejercicio normalizado de derechos civiles o políticos, que una democracia ha de garantizar y mimar porque está en juego su propia credibilidad y razón de ser.  Confío en que la mediación internacional haga posible, en el corto plazo, un alto al fuego permanente y verificable, al tiempo que espero gestos de distensión por parte del Gobierno del Estado. Tras los últimos movimientos y pronunciamientos de la izquierda abertzale, asumiendo un compromiso inequívoco con las vías políticas y democráticas, no hay ningún motivo que justifique su no participación en las próximas elecciones municipales y forales.  

Si la negativa del Ejecutivo Zapatero a mover ficha  se mantiene tan férrea como hasta ahora, seremos cada vez más las personas que demos por hecho que la ley de partidos se aplica con fines partidistas, con el objetivo de favorecer a unas formaciones determinadas, que después ejercen un poder y un liderazgo que no se corresponde con su fuerza real. Tengo la convicción de que el viaje que ha emprendido la izquierda abertzale no tiene marcha atrás, más allá de lo que pueda decidir ETA. Habrá quien no quiera verlo porque no le conviene e incluso el cambio de escenario le incomode, pero los hechos son cada vez más claros. El apoyo de LAB a un convenio de la Universidad del País Vasco, que reconoce ayudas a las víctimas de ETA, es un peldaño  más en un camino largo y difícil, pero transitable y necesario.