Artículo publicado en Noticias Obreras, Diciembre 2012. Javier Madrazo
Una vez más, queda constatado que el poder político y el poder económico sólo modifican sus posiciones cuando se encuentran abocados a un callejón sin salida, que les obliga a ceder ante las demandas y la presión social como mal menor.
El suicidio de varias personas, la última, una mujer en Barakaldo (Bizkaia), víctima de un desahucio ordenado por La Caixa, ha sido el detonante que ha obligado a PP y PSOE a reunirse, por primera vez, para estudiar propuestas que posibiliten la demora por impago, mientras entidades financieras como Kutxabank ha decidido ordenar la paralización de todos los expedientes en curso que pudieran provocar la obligación de abandono del hogar a personas sin recursos para hacer frente al préstamo contratado.
Nos encontramos, sin duda alguna, ante gestos forzados por las circunstancias, pero alejados de la voluntad real y sincera de sus promotores. PP y PSOE se han opuesto en el Congreso de los Diputados hasta en tres ocasiones a suspender las ejecuciones hipotecarias, conscientes de las consecuencias de su decisión. La banca, por su parte, no ha dudado en ningún momento en acorralar a personas indefensas, víctimas del paro y la impotencia, que se han visto forzadas no sólo a dejar su hogar, sino también a perpetuar una deuda, que les deja sin futuro ni capacidad para retomar sus vidas. Y todo ello promovido por quienes reciben, sin pudor, más de 100.000 millones de euros para recapitalizar sus propias instituciones financieras.
Los desahucios atentan contra la dignidad humana y constituyen un acto de prepotencia e insolidaridad que debiera, cuando menos, avergonzar a sus promotores. Lamentablemente, nunca ha sido así y los datos son la mejor prueba para demostrarlo: desde el inicio de la crisis económica se han ejecutado aproximadamente 172.000 órdenes de expulsión de la vivienda, sin que a sus autores les haya temblado el pulso.
Es cierto que la justicia, desbordada por la situación, ha exigido una reforma de la ley hipotecaria, pero ningún estamento ha sido hasta la fecha lo suficientemente beligerante contra un atropello democrático como el que están viviendo miles de de familias en el Estado español.
Una mujer ha tenido que poner punto final a su vida para que ahora, por fin, se den pasos en pro de una legislación más justa en esta materia. Sin embargo, en honor a la verdad, debo admitir que no me siento optimista.
Leeremos declaraciones grandilocuentes en los medios de comunicación, PP y PSOE repetirán machaconamente discursos escritos para calmar el malestar ciudadano y la banca tratará de presentar un rostro más amable, consciente del descrédito y el rechazo que provoca, incluso entre sus clientes. Habrá propuestas sobre la mesa, qué duda cabe, y se lanzarán guiños a una sociedad cada vez más hastiada y frustrada, pero mientras no haya una convicción plena sobre la urgencia de superar definitivamente las injusticias que el capitalismo genera seguiremos naufragando hasta tocar fondo. Tiempo al tiempo.