Desahucios y "malas artes"

Desgraciadamente, se han puesto de actualidad los desahucios de viviendas promovidos por unas entidades financieras que concedieron préstamos hipotecarios sin atender escrupulosamente los riesgos e imbuidas, ellas también, en la vorágine de la burbuja inmobiliaria. Es triste comprobar cómo los que sucumbieron al reclamo de adquirir o cambiar de vivienda con suma facilidad –facilidad crediticia- por aspirar a la mayor satisfacción de cualquier mortal -tener un techo propio-, son ahora desalojados de su propiedad por culpa de unas circunstancias adversas. Una adversidad que no es producto de la naturaleza o la casualidad, como los terremotos, los huracanes o la caída de un meteorito, sino que es consecuencia de irregularidades y abusos que retuercen el funcionamiento ordenado de las cosas. Decir que los desahucios derivan de la crisis es no querer asumir responsabilidades, tanto por parte de quienes fomentaron el apetito crediticio como de los que, como moscas a la miel, cayeron en la tentación del dinero fácil. Hay responsabilidades políticas, bancarias e individuales que deberán ventilarse en función de su gravedad, del mismo modo que se atienden las reclamaciones de los perjudicados de cualquier concurso de acreedores: de mayor a menor grado de implicación.

No cabe la menor duda de que el Gobierno, cuyo cometido es velar por el bien general e intervenir para evitar los desajustes que perjudican a la sociedad, tiene la mayor responsabilidad de lo sucedido. Políticas y políticos se “pringaron” en algún momento en la elaboración de leyes que posibilitaron el “boom” de la vivienda, acondicionando un “terreno” propicio a la especulación inmobiliaria; bancos y entidades financieras intervinieron como pirañas en un mercado lucrativo sin controlar ellos mismos los riesgos que asumían y sin que nadie controlara su avaricia; y, finalmente, los particulares que participaron de las bondades y ventajas que ofrecían todos. Durante muchos años, el Gobierno fue sordo a las advertencias que pronosticaban el estallido de la burbuja, negándose a actuar para contrarrestar sus efectos. Antes al contrario, permitió que Cajas de Ahorro, ajenas a la promoción inmobiliaria, y Bancos no hipotecarios se apuntaran al banquete de la construcción y la inversión en ladrillo. Su capacidad de supervisión y regulación no previno ninguno de los desmanes que ahora atormentan a todos, pero castigan especialmente al último eslabón de la cadena de damnificados, el más desamparado, que son los ciudadanos, a los que se les exige -con todo el rigor de una ley trasnochada- la atención de unos créditos que ni la devolución del bien permite cancelar.
Sólo cuando los suicidios de los embargados alcanzan el escándalo social es cuando el Gobierno intenta intervenir con unas ayudas tan miserables, legalizando aplazamientos en casos extremos, que hasta los jueces, que deben hacer cumplir la ley (hipotecaria), alzan la voz ante lo injusto de la situación. Y algunos bancos, enfrentados a la imagen de su amoralidad, corren a lavarla con medidas adicionales que suavizan la persecución de los afectados, aceptando una minoría de ellos la dación por pago. Es decir, dos de los mayores culpables del endeudamiento al que han empujado a muchos incautos, procuran atenuar las consecuencias de su voracidad con parches que no solventan, pero retrasan el problema. Un problema que se agudiza, precisamente, a causa de las medidas de “ajuste” y recortes que el Gobierno adopta y que han elevado la cifra de desempleados a récords históricos nunca vistos. Primero te engañan y luego te empobrecen para finalmente despojarte de tus únicas posesiones: un trabajo y un hogar. Que muchos opten por el suicidio no es descabellado en tal tesitura. Ninguna de las noticias al respecto informa de que las pertenencias embargadas sean chalets con piscina, yates, cuadras de caballos o vehículos de alta gama, sino humildes viviendas de trabajadores avalados incluso por sus propias familias –a las que también se les desahucia- y locales de pequeños emprendedores que confiaron la suerte en un porvenir que se tizna de luto.
Pero es que ese mismo Gobierno que acorrala a los ciudadanos para proteger una economía usurera y tramposa, emplea “malas artes” contra todo lo que entorpece su objetivo de apropiación de una realidad que pretende usurpar de manera absoluta. Porque emplear “malas artes” es espolear a la Policía contra los ciudadanos no sólo en los desahucios, también cuando aborta manifestaciones de estudiantes de bachillerato (Valencia), en las protestas contra los recortes (Tarragona) y en cualquier oportunidad de ejercer la fuerza con dureza y sin contemplaciones (alrededores del Congreso de los Diputados). Hay un antes y un después en las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas del Orden Público desde que el Partido Popular está en el Poder, que se evidencia en la violencia con que reprimen incluso cualquier concentración, como la desarrollada en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde detuvieron a un cámara de televisión por presunta desobediencia a la autoridad. Y es que grabar imágenes de sus excesos y resistirse a que el vídeo sea incautado, es causa suficiente para ser acusado, con malas artes”, de participar de la protesta y ser cómplice de los manifestantes. Acabas detenido y pasando la noche en los calabozos, como en los mejores tiempos de ingrato recuerdo.
Mucho más grave aún es propalar una mentira e inventarse un “informe” policial contra un adversario político que presenta un órdago al Gobierno con una propuesta independentista en Cataluña, que cuestiona la unidad política del Estado, durante las elecciones autonómicas celebradas en aquella Comunidad. Y aunque el plan soberanista no fue refrendado en las urnas, obligó a un Gobierno temeroso del envite a volver a practicar “malas artes” para enfangar unos comicios mediante acusaciones de corrupción contra el presidente de la Generalitat, dando cobijo a una información prefabricada que no ha sido elaborada por la unidad policial a la que se le atribuye, es desconocida por el propio jefe de la unidad, en declaraciones al juez, y que hasta el ministro “competente” también dice desconocer.
Es preocupante que un Gobierno, con tal de ejercer todo el poder, no tenga remilgos a unos usos que en democracia deberían estar vedados de manera absoluta. La falta de sensibilidad ante situaciones de calamidad y pobreza, la supremacía dogmática de la economía sobre lo social, las injurias a los adversarios, el exceso de violencia de las Fuerzas del Orden Público, la ocupación totalitaria del la realidad para conformar una Opinión Pública favorable, la manipulación informativa en los medios de comunicación que controla, rehuir de consensos con los partidos políticos y los agentes sociales a la hora de impulsar iniciativas y todo esa tendencia al ejercicio del poder absoluto delatan un deterioro de la calidad de nuestra democracia de alarmantes consecuencias. Los populismos más perniciosos se incuban en el deterioro social y en la falta de escrúpulos para apartarse de las prácticas honestas de gobierno, con respeto a las normas y a la ley. Y esta tendencia es la que se vislumbra, desgraciadamente, en el comportamiento del Partido Popular no sólo desde el Gobierno, sino incluso antes, cuando estaba en la oposición por mentir sobre los atentados de ETA el 11M, precisamente. Es grave y es peligroso porque, aunque nadie duda de la lealtad a la democracia del Partido Popular, algunas de sus acciones bordean lo moralmente, en política, permitido y porque a su sombra otros con menos lealtades pueden proliferar. Hay que apartar las “malas artes” y dejarse de engaños: para empezar, demos una solución a los desahucios de manara valiente. Exijamos responsabilidad a quienes mayor cuota tuvieron e impidamos que nadie contemple la muerte como forma de saldar sus cuentas. Por justicia y por la democracia.