Desde Ecuador. Fabrizio Reyes de Luca: Reflejo desolador

Una retrospectiva nos ayuda a entender mejor lo que está pasando en Grecia, pues resulta que en el año 2001, ingresó a la zona Euro comprometiéndose a cumplir con los indicadores macroeconómicos que se exigen para pertenecer a la unión monetaria.

La génesis de la crisis griega data del año 2004, cuando el gobierno de Costas Caramanlís, aumentó la plantilla de funcionarios públicos, incrementando las nóminas de la burocracia en un 70% y subiendo sustancialmente los salarios.

Los datos presentados de su déficit público y su nivel de endeudamiento no se ajustaron a la realidad de su economía y, por tanto, las empresas calificadoras de riesgos no lograron identificar esos detalles que el Gobierno de Grecia ocultó magistralmente.

De igual manera, el Sistema de Pensiones griego también ha jugado un papel fundamental en la crisis del país heleno. De acuerdo a datos ofrecidos por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), Grecia destina el 17.5% del PIB a este renglón, frente al 11% de la media del resto de los países europeos y es el país con el promedio de retiro más prematuro (35 años de cotización frente a los 40 años de la media europea).

Para el año 2009, la economía de Grecia presentaba una situación inocultable al registrar un déficit fiscal equivalente al 13% del PIB, mientras la deuda pública se disparó en un 113 % del PIB, las reservas de divisas, el pobre crecimiento económico y el déficit presupuestario, pusieron en evidencia que se estaba al borde de un colapso.

Pero el gobierno, acorralado por la situación económica, decidió llegar a un acuerdo con la Unión Europea y el FMI, tendente a obtener una ayuda financiera en el orden de los $110 billones de euros, condicionado a que se ejecute un recorte presupuestario de $30 billones en un período de 3 años, a partir de 2010.

Cuando Grecia fue declarada en recesión económica, en mayo de 2010, se plantearon múltiples opciones de rescate que generaron un gran optimismo al extremo que pintaban una disminución del déficit, la reducción de la deuda, equivalente al 150% del PIB en 2013, y el regreso al crecimiento, con salida de la recesión en el 2012.

Estas situaciones, conjuntamente con el pobre manejo político de la crisis, dieron como resultado la intervención desde 2009, de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), denominados como la Troika, como las instituciones responsables de supervisar las medidas de austeridad producto de un primer rescate, que representó un préstamo de 110 mil millones de euros, a cambio de recortes dramáticos en el gasto público, reducción de salarios de los funcionarios, el incremento de impuestos y reformas al sistema de pensiones y el mercado laboral con una reducción considerable del salario mínimo.

No obstante, este primer intento resultó ser insuficiente para afrontar el profundo nivel de la crisis griega y fue necesario que en octubre de 2011 se aprobara un segundo rescate, con un nuevo préstamo de la troika por un monto adicional de 130 mil millones de euros.

En el momento del segundo rescate, el Experto Independiente de la Organización de las Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, Cephas Lumina, resaltaba el impacto de las medidas de austeridad en los servicios sociales básicos y por lo tanto, en el disfrute de los derechos humanos por parte de la población de Grecia, en particular los sectores más vulnerables de la población como los pobres, los ancianos, desempleados y discapacitados.

La cuestión es que Grecia entró en una situación compleja en el manejo de su déficit fiscal y un nivel de deuda inmanejable de casi 180% del PIB, lo que ha obligado al FMI a sugerir como condición que para involucrarse en un rescate es obligatorio que la deuda disminuya hasta un 120% del PIB de cara al 2020, lo que al gobierno le parece un compromiso inalcanzable, y coloca a ese país en una situación de humillación.

De acuerdo a Eurostat, para marzo de este año Grecia presentaba el mayor nivel de desempleo de la UE con una tasa del 25.6%, y un porcentaje del 49.7% de jóvenes desempleados, lo que podría agravarse de implementarse mayores medidas de austeridad.

Hoy, las cosas resultan más apremiantes si se pondera lo que ha establecido el FMI, que de cara al 2018, Grecia requerirá de una financiación de aproximadamente 50.000 millones de euros, de los cuales tendría que destinar la mitad para recapitalizar los bancos y el resto se repartiría en dos partes: una destinada al pago de deuda y la otra para planes de inversión en ese país. Grecia no saldrá de la zona euro, pero tendrá que realizar drásticas reformas al sistema de pensiones y al mercado de trabajo, con una estrecha supervisión de los acreedores internacionales.

La crisis por la que ha transitado Grecia es un reflejo desolador que retrata una situación de consecuencias devastadoras, tanto para la zona euro como para la economía mundial, dado los fracasos de sus diversos planes de rescate, los cuales han sido perturbadores para la estabilidad sociopolítica, si se toma en consideración que se ha establecido en $11,500 millones de euros, los recortes para los próximos dos años.

Cabe entonces, la reflexión del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz: “los griegos podrían lograr la oportunidad de modelar un futuro que, aunque quizás no tan próspero como el pasado, es mucho más esperanzador que la inconsciente tortura del presente”.

Como corolario, la experiencia griega debe ser un ejemplo para el resto de los países, valorando las posibles y probables consecuencias de un endeudamiento indiscriminado y sin criterios mínimos de planificación, fiscalización y control del gasto público. Colaboración especial para LatinPress®. http://www.latinpress.es