Desde la cuna

La corrupción existió, existe y debiera no existir. La ciudadanía no podemos reducir nuestro papel a meros agentes perplejos, pasivas víctimas de este estado de cosas. Hemos de pedir lo correcto, lo esperable en estos casos: una respuesta rápida y eficaz por parte de los grupos parlamentarios, a fin de arbitrar medidas vinculantes que prevengan antes de juzgar. Lo demás es retórica banal, brindis al sol, excusas. Saben bien nuestros diputados lo que hay que hacer dentro del orden institucional para poner frenos legales a este virus. ¿Quieren? Esa es otra cuestión, pero la esencial. La indolencia política aviva las sospechas de que la corrupción no solo responde a decisiones individuales, a vicios morales particulares, sino que está avivada por fallas graves en la estructura misma de las instituciones y de las formaciones políticas. Cierto que una ley reguladora del derecho de acceso a la información contribuiría a protegernos contra corruptelas. Sería un buen comienzo, pero insuficiente. Junto a la fiscalización de la actividad institucional debiera cada partido arbitrar medidas internas de reestructuración orgánica en los accesos a cargos políticos y mecanismos de control y evaluación de su labor. El clientelismo y la oligarquización de las élites de poder contribuyen a crear un caldo de cultivo previo que favorece y normaliza la corrupción. El virus es previo a la labor institucional; nace de la misma base interna de las organizaciones políticas. Los procedimientos reales que facilitan a los militantes de los partidos tradicionales acceder a cargos públicos carecen de calidad democrática y responden la mayoría de las veces a mecanismos no escritos ligados a tratos de favor, concesiones de apoyos a cambio de prebendas y maridajes inquietantes. Mucho antes de que un grupo de poder intente acceder a una candidatura municipal, autonómica o nacional, ha debido sortear pruebas que le exigen pactar con el diablo. Los equipos de militantes que se crean en torno a una candidatura, así como el programa político que define sus intenciones, son posteriores a la adquisición de poder dentro del partido. Primero existe el poder y después las ideas y las personas que conformarán la candidatura. Por supuesto, ante los medios se intentará vender un escenario diferente, pero la realidad es otra. Y si no, prueben a militar y lo vivirán en sus carnes. Los equipos candidatos al poder institucional están formados esencialmente por militantes que no solo desconocen el programa político de su grupo (si es que existe), sino que están ahí a causa de lealtades inquietantes, reglas del hoy por ti, mañana por mí, y qué hay de lo mío. Las ideas y las personas son la capa superficial que conforma el acceso al poder, el chasis publicitario que debe complacer al electorado. Esta lógica clientelar facilita y refuerza la corrupción de los cargos institucionales, que llegaron al poder no tanto por su profesionalidad, idoneidad para el cargo o sinergia con un programa político previamente reflexionado, debatido y consensuado, como por su astucia política (cultura política, lo llaman algunos) para medrar y encontrar hueco. A esto contribuye de manera directa la estructura interna de los partidos, independientemente de su color ideológico. La actitud moral del político en ciernes obedece a pura casuística, a un venturoso azar, pero no es la masa primordial que alimenta el devenir dentro de las agrupaciones. Más bien se favorece la adquisición de otras habilidades más inquietantes. Hoy por hoy, los partidos políticos son eficaces laboratorios donde se inoculan en origen inercias que después, en la vida institucional, parecen sorprender a propios y extraños. No existen equipos de trabajo político unificados en torno a programas consensuados y ligados a mecanismos de consulta popular que vehiculen la vida política con las necesidades de la ciudadanía. La estrategia de una élite de poder marca la agenda del partido y en escala descendente controla la lealtad y unidad de discurso. Esta lógica no es exclusiva de partidos conservadores; también la izquierda socialista perpetua desde décadas este modelo de partido, pese a su compostura mediática. Las inquietantes formas de adquisición de poder dentro del partido favorecen clientelismos, oligarquías internas y corruptelas no solo individuales, sino alimentadas por la propia estructura de favores y lealtades. Es por esta razón que las soluciones a la corrupción política no deben limitarse solo a crear mecanismos preventivos que transparenten y fiscalicen la actividad institucional. El consenso entre partidos y la eficacia judicial son condiciones necesarias para mejorar nuestras instituciones, pero la gripe es algo más que estacional, el virus ha aprendido a mutar, persiste en la estructura misma de los partidos. Por ello es urgente una transformación real del modelo de partidos, un control y una evaluación (independientes) de su actividad, una reforma de la ley electoral y un nuevo formato que permita a la ciudadanía protegerse y participar de manera directa en las decisiones más allá del modelo representativo. Estas demandas son un grito masivo entre la ciudadanía, que después de décadas de democracia se siente estafada no solo por razones asociadas a la crisis económica, sino también a causa de la falta de calidad moral, de transparencia y de participación. La ciudadanía no queremos este modelo político, hemos dicho basta, nos negamos a ser tomado como dóciles votantes. Eco de este clamor, no es de extrañar que el espectro político acabe mutando en unas décadas, en busca de otros barcos que atraquen con mercancías más consistentes. Los partidos tradicionales deben asumir que su renovación está ligada irremediablemente a su supervivencia futura. Y la ciudadanía debemos comenzar a comportarnos como verdaderos agentes activos, núcleo de la soberanía democrática. Queda mucho para las primarias de 2015, pero tras el horizonte la opción más digna y sincera es votar en blanco. Tomar las urnas con un no contundente y certero. Por su parte, debiera tener lugar dentro de las formaciones políticas una reflexión sincera y profunda acerca de los factores internos que alientan esta decadencia, y arbitrar medidas antibióticas de regeneración democrática. Nos jugamos algo más que el robo de fondos públicos.