El consejero de la Presidencia de la Generalidad barcelonesa, Francesc Homs y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, han retado a la justicia al anunciar que rechazan la sentencia del Tribunal Superior catalán por la que cinco colegios deben impartir la cuarta parte de sus clases en castellano.
A esa actitud se han sumado cuatro de los cinco centros, todos de propiedad religiosa, que reciben fondos del César, pero que actuando así no le entregan lo suyo.
El reto a la justicia se repite diariamente en Cataluña tras numerosas sentencias, algunas del Tribunal Supremo, exigiendo la retirada de multas por no anunciar en catalán algunos comercios, o impedir la libertad de uso del castellano en entidades públicas.
Pero Cataluña no es sólo una región en la que se incumple la ley por acción o inacción de las autoridades, sino que en el resto de España también se dejan dormir innumerables sentencias firmes hasta hacerlas inexistentes.
Y ocurre porque quien primero debía cumplirlas, el Gobierno central, evita aplicarlas si afectan a sus intereses políticos, y ocasionalmente económicos.
Ejemplo: desde el 13 de octubre de 2008 miles de ciudadanos del norte de Madrid están indignados porque los gobiernos de Zapatero y Rajoy no han aplicado la sentencia del Tribunal Supremo que cambia rutas y horarios de entrada y salida de aviones de Barajas, cuya huella sonora afecta a sus horas de descanso.
Otro caso de incumplimiento de una sentencia del Supremo es la orden de cierre de nueve canales de TDT, tres de Atresmedia y otras dos de Mediaset, Veo TV y Net TV, concedidos ilegalmente en 2010 por el gobierno Zapatero: el de Rajoy parece temer futuras campañas de información hostil de las grandes cadenas, sus propietarias, si hace cumplir la sentencia.
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