Villa de Arriaga, San Luis Potosí se encuentra en el centro de un creciente escándalo de administración de fondos, con Salvador Martínez Mendoza, director de la primaria Mariano Escobedo, exponiendo alarmantes irregularidades en la gestión de recursos destinados a la mejora de infraestructuras educativas. La situación, lejos de ser un caso aislado, refleja una preocupante tendencia de opacidad y mal manejo de los fondos asignados a través del programa gubernamental «La Escuela es Nuestra», supervisado anteriormente por Rosaura Campos.
La asignación de 600 mil pesos para la escuela, destinados a diversas mejoras, se ha visto ensombrecida por acusaciones de desfalco y malversación. Campos, quien dirigió el programa, ha sido señalada por tomar decisiones unilaterales críticas, como la selección del arquitecto para el proyecto y la exigencia del control total sobre la tarjeta bancaria de los fondos, que no se reflejaron adecuadamente en las mejoras prometidas. Los resultados de estas gestiones han levantado sospechas, con proyectos como la construcción de una barda perimetral y renovaciones en los baños, cuyos costos reales no concuerdan con las sumas reportadas gastadas.
Este problema no es exclusivo de la Escuela Primaria Mariano Escobedo; investigaciones preliminares sugieren que varias instituciones beneficiadas por el mismo programa en Villa de Arriaga han sufrido irregularidades similares. Esta situación ha generado un clamor entre la comunidad educativa, incluyendo padres, madres y personal docente, quienes exigen una intervención directa del Gobernador y otras autoridades relevantes. El objetivo es claro: prevenir futuras malversaciones y asegurar una administración de recursos transparente y eficaz.
Martínez Mendoza ha hecho hincapié en la importancia de que los recursos sean gestionados por la comunidad educativa, reflejando así el verdadero espíritu del programa “La Escuela es Nuestra”. Sin embargo, la ironía se manifiesta en las acciones de Rosaura Campos, quien, tras su paso por la Secretaría del Bienestar y su gestión cuestionada en el programa, ahora aspira a un puesto de mayor influencia política en Villa de Arriaga, agravando las preocupaciones sobre la repetición de estas prácticas.
El problema se ha reportado en casi todo Villa de Arriaga pero según comentarios en redes sociales podría extenderse a otras partes del Estado.
La preocupación es palpable entre los padres y madres de familia, quienes han intentado sin éxito denunciar estas irregularidades ante el nuevo delegado del bienestar, Guillermo Morales, temiendo represalias y la suspensión de los apoyos educativos. Esta situación subraya una vez más la necesidad urgente de establecer mecanismos más sólidos de vigilancia y transparencia en la asignación y seguimiento de fondos públicos, particularmente aquellos destinados a sectores tan cruciales como la educación.
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