Destrucción a toda costa.

  Los datos del análisis de las imágenes de satélite no dejan lugar a dudas. En la franja de los primeros 500 metros de costa, hemos destruido dos hectáreas de costa al día. Una franja que sólo ocupa el 0,55 % de nuestro territorio. Nos hemos comido literalmente la costa y con ella sus recursos naturales. A la cabeza de la costa desnaturalizada está la Comunidad Valenciana con un 51% de la franja de los 50 metros ocupada Le sigue Cataluña, con el 44% de su costa destruida, y Andalucía, con el 36%. Al contrario, la comunidad que porcentualmente menos ocupa su franja costera es Asturias, con un 9%. Los datos de este informe nos hacen reflexionar sobre lo sucedido hasta el momento, y de cara al futuro, nos invitan a decidir si es necesario implementar políticas preventivas más eficaces en lugar de políticas correctoras como la nueva Ley de Costas.  
En determinados casos,la batuta que ha dirigido el desarrollo urbanístico en la costa española ha sido la corrupción asociada a ayuntamientos y administraciones públicas. Hoy a algunos de esos municipios se les da una palmada en la espalda gracias a la nueva Ley del Ministro Arias Cañete y gracias a que, en esta norma, se amnistían barbaridades urbanísticas. El estudio hace un zoom a las provincias, en donde más y menos han construido. A la cabeza de están Málaga, Alicante, Barcelonay Valencia. A Málaga sólo le queda sin urbanizar un 30% de su costa. Señalamos igualmente los diez municipios que más han maltratado su litoral. Al analizar el informe, vemos la responsabilidad absoluta que tienen los ayuntamientos en la gestión de su litoral. A pesar del parón urbanístico, debido a la crisis del sector de la construcción, la gran amenaza del litoral se muestra en la cantidad de suelo que ya está rotulado como urbanizable. Tan sólo en Cádiz se estima la construcción de 30.000 nuevas viviendas. En este sentido, la locura no ha terminado. Y el Estado, en vez de blindar la costa a nuevas construcciones, ha optado por la peor de las soluciones, reformar la Ley de Costas para reducir la protección del litoral, en algunos casos, a tan solo los primeros 20 metros.  Benidorm. Entre 1887 y 2005, la costa ha perdido grandes superficies, tal y como evidencian las imágenes recogidas durante este tiempo por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dentro del proyecto europeo Corine Land Cover. Así lo demuestra Greenpeace en su último informe, “Destrucción a toda costa, 2013”. Por primera vez, la ONG ecologista analiza los primeros 500 metrosde costa, municipio a municipio. “La urbanización a escala municipal es una de las claves más importantes para analizar lo que ha pasado y puede pasar en un futuro inmediato” señala el estudio, sobre todo desde que la nueva Ley de Costas “otorga a los ayuntamientos una nueva herramienta para urbanizar, o no, su litoral”. El documento muestra, por lo general, un horizonte lleno de ladrillo que sólo ha venido a menos a raíz del parón provocado por la crisis económica. Hay municipios que encabezan la lista de los que más han destruido su litoral a base de cemento, como la Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas Canarias, autonomías que han destruido más rápidamente su costa, durante los últimos 18 años. Málaga, Alicante, Barcelona y Valencia, se revelan como las provincias con más costa urbanizada.
Las costas de Baleares también han sufrido la degradación, como la de Andratx, en Mallorca.
 Calpe (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia), conforman la lista de las 25 peores localidades. La tasa diaria de construcción en los primeros 500 metros de costa fue de más de dos hectáreas diarias, pasando de 58.000 hectáreas a casi 72.000 en tan sólo 18 años. Según María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace “los datos de nuestro informe muestran una costa inundada de ladrillo. Sirven para reflexionar sobre lo que ha sucedido y decidir qué tipo de gestión del litoral queremos en el futuro”. El informe elabora una lista con los municipios que han sido más destructivos. La ONG también destaca positivamente a las poblaciones que han desarrollado políticas de protección y conservación en sus costas. Cabe destacar los lugares menos “artificializados” del todo el litoral español: Fuencaliente de la Palma (La Palma), Vallehermoso (La Gomera), Villaviciosa (Asturias), Albuñol (Granada), Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), Carballo (Pontevedra), Caravia (Asturias), Muros de Nalón (Asturias), Cabana de Bergatiños (Coruña), Sorvilán (Granada), Escalante (Cantabria) e Ispaster (Bizkaia). Otro dato importante son aquellos municipios que han protegido un mayor porcentaje de su costa. Esta protección impidió los abusos del ladrillo, aunque están en riesgo con la nueva Ley de Costas. Con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes.
 Calpe es un municipio de la Comunidad Valenciana situado en la costa norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Cuenta con 29.550 habitantes, de los cuales más del 60% son de nacionalidad extranjera. Son edificaciones verticales de gran altura que suponen un fuerte impacto paisajístico. Tiene grandes urbanizaciones dispersas, con ocupación de salinas, marismas y zonas de gran valor ecológico. Todo fue construido con un gran desorden urbano. El 70% de su primera franja está ocupada y el incremento anual de la superficie es de casi un 0,5% anual. Todos estos impactos son muy recientes.
Calvià, entre los 10 municipios que han destruido más costa en España. Calvià es el tercer municipio del Estado en cuanto a superficie artificial ocupada en la franja de los 500 metros, con 1.150 hectáreas. Aunque tuvo en algún momento políticas de contención de la demanda con el derribo de algunos hoteles, el impacto ambiental y la ocupación siguen siendo muy importantes. El 63% de su primera franja está ocupada. Es el municipio turístico de mayor importancia de la isla, y el cuarto municipio de España en número de pernoctaciones. Otro de los municipios importantes por su densidad de población son Chiclana de la Frontera (Cádiz), con gran número de segundas residencias, muchas de ellas ilegales. Entre 2003 y 2006 se enfrentó a 15 supuestas ilegalidades urbanísticas e incluso el TSJA anuló la aprobación definitiva de su PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). De hecho, en 2007, Chiclana superaba a Marbella en el número de viviendas ilegales: 40.000. La costa de Cubelles es una de las que presenta mayor presión del litoral catalán. Además, su grado de ocupación es superior al 75% y su incremento anual de la superficie artificial es del 1,6%. Sus playas están totalmente transformadas con espigones que intentan mantener la arena de las playas y un paseo marítimo que se extiende durante kilómetros y confina la arena en una pequeña franja. Son playas fuertemente erosionadas que se ven fragmentadas por una vía de tren paralela a la costa. Oliva es el municipio valenciano que más ha aumentado su superficie artificial, desde 1987, y ha multiplicado casi por siete el número de ocupaciones en la primera línea.En la imagen, arriba, postal de Oropesa del Mar (Castellón) tomada en 1980. Abajo, vista en la actualidad.
 Oropesa es uno de los ejemplos castellonenses de la burbuja inmobiliaria, con una construcción imparable, como muestra el hecho de que posee uno de los porcentajes más elevados de incremento anual de superficie artificial. Marina D'Or, la mega urbanización construida en su totalidad en zona de servidumbre de protección, pertenece a este municipio. En Ibiza, Sant Josep de Sa Talaia es un entorno paradisiaco acosado por grandes urbanizaciones, separadas unas de otras. Los accesos cancelados y hoteles en primera línea hacen que se haya privatizado de manera no formal el acceso público a la costa. La nueva Ley de Costas da vía libre a que se privaticen una gran parte de sus salinas. El 41% de la costa grancanaria de San Bartolomé de Tirajana ya está urbanizada. En Maspalomas, se encuentra el primer destino mundial en la oferta de apartamentos y bungalows. Es considerado el municipio turístico más importante de España por la extensa zona turística urbanizada de su costa (las tradicionales playas de San Agustín, playa del Inglés, Maspalomas y la más reciente de Meloneras). Es uno de los municipios con un tipo de turismo más depredador. Vera (Almería) es una de las zonas de mayor riesgo de inundación, con  más de tres cuartas partes de sus 500 metros de litoral ya urbanizados. Su superficie urbanizada se ha multiplicado por tres. Y el 61 % de la franja de los primeros 500 metros de Zierbena (Bizkaia) está urbanizada. Las marismas y zonas de importante valor natural han sido sustituidas por la refinería de Petronor y actividades logísticas. Una gran planta, propiedad de Repsol, que fue amnistiada por el Gobierno socialista, lo que permitió que se invadiese la costa. Su deterioro no se ha frenado ya que dragados y nuevos planes urbanísticos siguen destruyendo la playa de La Arena. En Almería también podemos comprobar un claro ejemplo de degradación de sus costas.
Avaaz y Greenpeace han lanzado una campaña de recogida de firmas en defensa de las costas españolas frente a la amenaza que supone la nueva ley, aprobada el pasado mes de mayo por el Congreso. Ambas organizaciones presentaron sus quejas ante la Comisión Europea(CE). La campaña solicitó la apertura de un procedimiento de infracción contra España y la derogación de la Ley de Costas, por posibles incompatibilidades con nueve directivas comunitarias. El texto solicitó que la Comisión Europeavalore si los fondos europeos aprobados durante estos años entran en conflicto con la recién aprobada legislación española. Greenpeace y Avaaz enviaron un claro mensaje a la Comisión Europea y al Gobierno de España. “Resulta escandaloso –asegura Luis Morago, director de Campañas de Avaaz– que, en pleno verano, el Gobierno nos obsequie con una ley que amenaza con enladrillar lo que queda de nuestras costas. Al ritmo actual de más de 7 hectáreas de litoral menos al día, pronto tendremos que tomar el sol entre grúas y hormigoneras. Es por ello, que los ciudadanos estamos dispuestos a agotar todas las vías posibles para evitar esta catástrofe irreparable”. Y Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, declara: “La Unión Europea protege ecosistemas que quedan ahora desprotegidos con la nueva legislación y además exige procesos participativos claros, que no se han respetado durante el proceso de reforma de la Ley de Costas. Esperemos que tengan en cuenta esta queja formal para pedir al Estado que eche marcha atrás”.  Cada día, la construcción devora en nuestro país una superficie de costa similar a ¡ocho campos de fútbol! Y para colmo, el gobierno acaba de aprobar una nueva Ley de Costas que permite construir aún más cerca de la orilla. La Comisión Europeaestá pensando en intervenir, y un inapelable mandato ciudadano puede empujarles a actuar.
La eurodiputada  de Los Verdes, la danesa Margrete Auken. La eurodiputada coordinadora de Los Verdes en el Parlamento Europeo, la danesa Margrete Auken, alertó que la reforma de la Ley de Costas, tal como está planteada, podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea.Auken es miembro de la Comisiónde Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y del grupo que se ha creado dentro del mismo para analizar la nueva de la Ley de Costas española promovida por el Gobierno del PP ante el más de centenar de quejas recibidas; y acudió a Madrid junto a la europarlamentaria austríaca Angelika Werthmann para interesarse por el asunto. En una entrevista, la veterana política, madre de la actual ministra danesa de Medio Ambiente, aseguró que el texto al que el Congreso dio luz verde “viola” hasta cuatro directivas europeas, entre las que cita la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas. La eurodiputada se mostró especialmente “indignada” por la “falta de participación y de transparencia” con la que, en su opinión, se tramitó la reforma. Autora de un informe contra el “urbanismo salvaje” en España que lleva su nombre y que fue aprobado por el PE, en 2009, la eurodiputada estaba “furiosa” porque el Gobierno citaba ese documento en el preámbulo de su norma para justificar la reforma de la Ley de Costas del año 88. “Quiero decirle al Gobierno español que no, ya que, en el informe, subrayábamos que la ley del 88 era buena, pero que su aplicación era un desastre”. El llamado 'Informe Auken' decía que “había que dar más seguridad jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo”. El problema, según la coordinadora de Los Verdes, era que el texto del Gobierno “renueva las concesiones durante nada menos que 75 años y usa el mismo lenguaje para los pequeños propietarios cuyos padres y abuelos han tenido una casa en el litoral toda la vida, y por supuesto tienen derecho a estar ahí, y para las empresas. Si no deja clara la distinción entre esas personas y el sector privado, están abriendo la puerta a la destrucción urbanística de la costa en los últimos paraísos costeros de España”. A Auken no le cabe duda de que cuando el Gobierno habla de “poner al mismo nivel las oportunidades económicas y la protección ambiental” con la nueva Ley de Costas, “están queriendo decir que van a dar prioridad a que las empresas saquen dinero fácil en el bien público más preciado de los españoles: su línea costera. Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa”, clama la eurodiputada, quien pone de manifiesto datos como que, en España, se gastaba más cemento que en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntos. A juicio de Auken, la “destrucción” del litoral es mayor en España que en ningún otro país de la Unión Europea, y, de continuar, “puede decir adiós al turismo y prepararse para el dramático coste que tendría que restaurar lo dañado”. En ese sentido, la eurodiputada lanza un mensaje claro a los españoles: “Miren lo que ha pasado con su estupenda costa, que fue vendida sin que se dieran cuenta y sin que ustedes recibieran beneficio alguno. Esta nueva ley es un engaño, la crisis no se resuelve destruyendo el litoral”.
El Pleno del Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Costas y la devolvió al Congreso para finalizar su tramitación. “La costa española –criticó el eurodiputado Willy Meyer (IU)– se ha hormigonado en estos años y se ha producido una degradación completa. Ahora se pretende hormigonar lo poco que queda libre”. Y Marc Jiménez, asesor parlamentario de Los Verdes, aseguró que los cambios propuestos no solventaron ninguno de los dos motivos de las protestas. La visita de dos días a España de representantes de la Eurocámara en el pasado mes de mayo demostró que la credibilidad a las quejas no eran en vano. Pese a todo, el PP sacó adelante en solitario la Ley de Costas. El Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Leycon el apoyo del PP, la abstención de CiU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según señaló la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado. La norma, que salvó por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, fue  remitida al Senado, donde el PP anunció que incluiría un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático. De las 145 presentadas a este texto, el Grupo Popular sólo admitió dos de Coalición Canaria, negoció una con el PNV, aceptó varias de Izquierda Plural y BNG, y siete, de carácter técnico, con CiU. Martí Barberá, portavoz de este último grupo, anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad, “si es necesario”, porque consideró que la llamada cláusula “antialgarrobico”invadía las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos. El texto 'amnistió' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga.
Rafael Hernando, portavoz del grupo popular, negó que la reforma abriera la puerta al “urbanismo salvaje”. No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, negó que la reforma abriera la puerta al “urbanismo salvaje”, como aseguraba la oposición, y anunció que presentarían en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático. Pero la ausencia de alusiones al cambio climático y sus consecuencias sobre el litoral fue objeto de numerosas enmiendas y críticas. Durante el debate, Ana Oramas (CC) afirmó que la reforma no corregía los problemas del litoral y no cumplía con la máxima sostenibilidad. Olaia Fernández Dávila (BNG), planteó que el objetivo de la ley era garantizar industrias contaminantes. El diputado Joan Baldoví (Compromís) calificó de “nula” la disposición del PP de aceptar enmiendas, y consideró que había artículos que “vulneran la Constitución”. Para Joseba Agirretxea (PNV) las “pocas ganas” de negociar del PP supuso una “gran decepción”. Toni Cantó (UPyD) afirmó que se trataba de una ley de “resultados inaceptables”. La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) coincidió en que se desprotegía el litoral y criticó que el texto siguiera un proceso “tan opaco y acelerado”. Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) apuntó que se “alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental” y que se abría la veda a la especulación. El texto previó además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga fueran amnistiadas, y que la isla de Formentera tuviera un trato especial por su especial configuración geológica. En sintonía con lo defendido por la Confederación Españolade Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU presentó una enmienda, que no prosperó, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetroscuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
Fotografía de las fábricas de Ferroatlántica en la ría de Boo (Santander)  El empresario Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda entre 1975-1976 y cercano a Manuel Fraga y Mariano Rajoy, fue uno de los grandes beneficiarios de la reforma de la Ley de Costas, según denuncia Greenpeace en su informe. La normativa, aprobada el pasado nueve de mayo por el Gobierno, estableció dos grandes modificaciones: amnistía a 12 núcleos costeros y ampliación a 75 años de las concesiones a las viviendas y negocios situados en primera línea de playa. Esta última medida salvó del derribo la fábrica de Ferroatlántica, empresa metalúrgica del grupo Villar Mir, situada en el polígono industrial en la ría de Boo (Cantabria), entre los municipios de Astillero y Camargo. El 45% de su actividad invade el dominio público marítimo/terrestre. La concesión de ocupación terminaba en el año 2018 y, según la  Ley de Costas de 1988, debería ser derribada ese año. Sin embargo, la nueva normativa, criticada ferozmente por los partidos de la oposición y grupos ecologistas y aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP, contempla una enmienda que amplía de 30 a 75 años el plazo de concesión a los edificios situados en zonas públicas. Y otro epígrafe permite la posibilidad de que la “franja de servidumbre de protección del litoral se reduzca de 100 a 20 metrosen determinados supuestos y siempre con el beneplácito “de la Administración del Estado en atención a las características topográficas o hidrográficos”. El  grupo ecologista Greenpeace da por hecha la prórroga de la empresa Villar Mir por parte de la Comunidad Autónomade Cantabria y relaciona directamente la Ley de Costas con los intereses del empresario. En su informe, en el que analiza las relaciones entre los protagonistas de la norma y sus relaciones con empresas del sector energético, destaca que la propia Cámara de Comercio de Cantabria sale en defensa de la Ley de Costas e incluso se lamenta de que el cierre de Ferroatlántica supusiera la pérdida de 200 puestos de trabajo.  Juan Miguel Villar Mir.La relación entre el PP y Juan Miguel Villar Mir es estrecha. El empresario aparece en los supuestos apuntes contables manuscritos del extesorero popular, Luis Bárcenas. Villar Mir, presidente del grupo OHL, realizó tres entregas de dinero al PP de 530.000 euros en los años 2004, 2006 y 2008. El mayor pago en efectivo se realizó el 18 de febrero de 2008, dos semanas antes de celebrarse las elecciones generales. El constructor declarará a finales de mayo en calidad de imputao por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por las supuestas donaciones al PP. La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía recoge estos pagos en su último informe y desglosa los 619 contratos otorgados a la sociedad OHL por parte de las Administraciones Públicas, lo que supuso un volumen de adjudicación por importe de 7.758.212.455,38 euros y convirtió a Villar Mir en el donante que recibió más contratos de Administraciones gobernadas por el PP. El entramado empresarial recibió 215 adjudicaciones por parte de gobiernos, unos contratos que le reportaron a la empresa 4.652.663.015,52 euros. El entramado empresarial de Juan Villar Mir ya tuvo un encontronazo con la justicia con la empresa Fertiberia S.A. En el año 2010, el Tribunal Supremo hizo firme una sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba caducada la concesión a la fábrica instalada sobre el río Tinto por vertidos tóxicos. La exdirectora de Planificación de Fertiberia, Isabel García Tejería, es ahora secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura.   
Greenpeace expone diez razones por las que rechaza la nueva Ley de Costas. La primera de ellas es que da la razón a particulares y empresas que han perdido pleitos contra el Estado en relación a la Leyde Costas de 1988, y deja sin efecto cientos de sentencias firmes.
2. Menciona el impacto del cambio climático para realizar actuaciones futuras, sin asentar las bases de protección de la franja de los 500 metros de cara a los efectos ya existentes de subida del nivel del mar e inundaciones. El cambio climático se aborda desde términos vagos sin criterios técnicos ni científicos: “regresión grave de la costa y riesgo cierto”.
3. Supone la pérdida del dinero público invertido en la delimitación, recuperación y conservación del dominio público marítimo-terrestre que ahora se desprotege.
4. Implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
5. La reforma contempla la costa como lugar a ocupar, incluso por industrias contaminantes, en vez de espacio a proteger. Amplía la concesión y los derechos de explotación de 30 a75 años. Más permisos para ocupar el litoral. 6. Excluye del DPMT ecosistemas importantes como salinas, esteros y suelos de estuario (aun cuando sean naturalmente inundables) y dunas que no estén en movimiento que se van a privatizar. Se pierde la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos.
7. Quiebra el principio de igualdad en el uso y disfrute común del litoral, ya que se dan soluciones distintas ante situaciones similares. Excluye aleatoriamente del DPMT 12 núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera sin argumentar ni dar motivos científicos.
8. Desprotege grandes tramos del litoral cantábrico y atlántico, al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías.
9. También permite la reducción de la protección de la costa de 100 a 20 metros en cualquier tramo del litoral en los dos años posteriores a la aplicación de la reforma, declarándolo suelo urbanizable.
10. Clasifica el litoral como “urbano” o “natural” y su gestión particularizada de forma imprecisa, incierta y sin argumentos técnicos, que posibilita la declaración de tramo urbano de playa a prácticamente todo el litoral mediterráneo.
Los datos de este informe nos sirven para reflexionar sobre lo sucedido hasta el momento, y, de cara al futuro, para decidir si es necesario implementar políticas preventivas más eficaces, en lugar de políticas correctoras como la nueva Ley de Costas. No debe olvidarse además que, en determinados casos, la batuta que ha dirigido el desarrollo urbanístico en la costa española ha sido la corrupción asociada a ayuntamientos y administraciones públicas. Hoy, a algunos de esos municipios se les da una palmada en la espalda gracias a la nueva Ley del Ministro Arias Cañete y a que, en esta norma, se amnistían barbaridades urbanísticas.  El Príncipe casi se llena de orgullo y satisfacción, pero todo se quedó en un susto. En otras tomas de humor: Monumentos de España (Con permiso del Peñón), El lenguaje canino (lenguaje de adiestramiento), País para chorizos y La putada del día.



Erlich evoca con sus dibujos la corrupción, S. A., Egipto y Gibraltar.




 Otros humoristas de esta semana: Peridis, Forges, Ferrán, J. P Mora, Pat, Ferrán Javier…
   
 





 Pep Roig nos recuerda: El peligro de la playa para los políticos, No están todos los que son, Políticos de vacaciones, pijos, pijería y pijopolíticos. 





Les dejamos con estos dos vídeos:

Los asistentes a un concierto de un coro infantil en la ciudad alemana de Wuppertal se quedaron estupefactos no sólo por la gran calidad de las voces de los niños, sino por algo que ocurrió durante la representación…Todo sucedió cuando el coro empezó a entonar la canción 'Mad World' de Tears for fears. De repente, uno de los niños se separó del grupo y salió del escenario. A los pocos segundos se le unió otro compañero, que dejó de cantar y se marchó con paso tranquilo.La situación se repitió una y otra vez, hasta que sólo uno de los integrantes del coro se quedó de pie en el escenario. A pesar de los inexplicables abandonos, en ningún momento se detuvo la canción y el coro consiguió llegar hasta el final de la melodía. Fue entonces cuando se desveló lo que estaba ocurriendo… En realidad, la 'espantada' se trataba de una original acción de concienciación de la ONG International Children's Fund con motivo del Día Universal del Niño.