Juan Martorano
A 707 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en la finalización de la semana 101 de esta contingencia, y siendo el domingo 20 de febrero de 2022, que recuerdan los 163 años del desembarco del General del Pueblo Soberano en la Vela de Coro junto a Tirso Salaverría para dar inicio a la Guerra Federal bajo el lema de «Tierras y hombres libres».
Aunque me hubiese gustado referirme de ese tema, no obstante, debo nuevamente formular una necesaria advertencia, con cierto dejo de reflexión para las autoridades de nuestro país.
Esto porque como activista de Derechos Humanos me hicieron llegar un trabajo realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) la cual hay que recordar, tiene una sede en Ciudad Guayana, municipio Caroní en el estado Bolívar. Ese trabajo se titula «Esclavitud Moderna en pueblos y comunidades indígenas en el estado Bolívar». De acuerdo a los autores de este tipo de trabajos, este es el quinto informe de este tipo que la referida instancia produce.
Importante es de destacar que la UCAB es apoyada uy financiada por Cáritas de Venezuela, además de sus estrechos y muy profundos vínculos con la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) cuya jerarquía ha demostrado durante años sus intereses contrarios y alejados a las clases populares.
Pues al leer este trabajo, de alguna u otra manera tuve la respuesta a la reciente divulgación de la información sobre el hallazgo de 8 cadáveres de waraos en el Delta Amacuro, en aguas cercanas y de disputa entre Venezuela y Guyana.
Pero además el caso de este hallazgo macabro fue a los pocos días del incidente en Trinidad y Tobago, en la que resultó muerto un infante venezolano debido a la acción desproporcionada de la guardia costera de ese país.
De acuerdo al referido informe que he señalado, indica que 724.592 personas en el país pertenecientes a 51 pueblos indígenas en el país han resultado afectadas por las actuales medidas coercitivas unilaterales en el país. De lo cual, el 7,5% habitan en el estado Bolívar, el cual sería el tercero con mayor población indígena en el país.
Se señala que producto de las actividades en el Arco Minero del Orinoco, es una de las causas que estaría obligando a los indígenas a migrar de sus espacios originarios debido al impacto ambiental y situaciones de violencia estructural en lo que son sus territorios ancestrales.
Además de ello, la incursión y establecimiento de grupos armados en la zona lo estaría sumiendo en condiciones de esclavitud moderna. Según la UCAB, la falta de demarcación territorial por parte del Estado, aunado a la ausencia de controles, ha permitido la invasión de pueblos y comunidades indígenas, sea por ganaderos que se autodenominan dueños de tierras y obligan a los indígenas a trabajar allí, o por grupos armados irregulares.
La presencia de grupos armados irregulares en territorios habitados
por pueblos y comunidades indígenas representa una amenaza para estos,
ya que los involucra en dinámicas de violencia, ya sea en el caso de las zonas
de explotación minera, en el marco del megaproyecto denominado Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, (AMO); o en los pasos usados por inmigrantes, hacia Trinidad y Tobago, Brasil, o Guyana, que son controlados por bandas al
margen de la ley. En la mayoría de los casos registrados por organizaciones
no gubernamentales, esto conlleva al desplazamiento forzado de los pueblos
indígenas.
Para nadie es un secreto que la compleja situación económica del país aunada a las campañas mediáticas de las que no escapan nuestros pueblos originarios, producto del deterioro de su calidad de vida, los ha persuadido a movilizarse en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
La UCAB en ese trabajo señala que la falta de asistencia por parte del Estado, en el marco de la precariedad de los servicios básicos, la inexistencia de centros de abastecimiento alimentarios, incertidumbre, escasez en centros ambulatorios, la proliferación de enfermedades y la falta de condiciones académicas, obliga a hombres y mujeres indígenas, entre los 20 y los 59
años principalmente, a movilizarse para asumir trabajos agotadores y peligrosos por muy poco dinero o los hace vulnerables ante reclutadores que les engañan con falsas
promesas.
En el estado Bolívar el 60% se moviliza de forma temporal,
mientras que el 40% lo hace de forma permanente, y su destino principal en un 78%, es Colombia.
Asimismo, a nivel interno toman la decisión de movilizarse a las zonas mineras, ya sean las minas del estado Bolívar, o las de Guyana, tras escuchar comentarios y recomendaciones de conocidos que les dicen que percibirán más ingresos económicos y ven en la actividad extractivista una alternativa a las precarias condiciones que enfrentan, a pesar de ser zonas asediadas por enfermedades endémicas, y controladas por grupos armados irregulares.
Cabe destacar que en muchos casos, los ingresos obtenidos en las minas, son destinados a la comunidad, ya que entre los indígenas no hay lógicas de acumulación, a menos que
estén «criollizados»; en diversos estudios se refleja cómo se destinan los recursos a medicinas, medios de transporte y alimentación.
Estos son algunos de los datos que ese informe aporta. Y acá otros:
Se señala que, de acuerdo a estadísticas de la OIT, 40,3 millones de personas viven en esclavitud moderna. De ese número, 2 millones se ubican en Latinoamérica y en Venezuela habría 5,6 víctimas de este flagelo por cada 1000 habitantes.
Es decir, que, de acuerdo a estas estadísticas, 174.000 personas son víctimas de esclavitud moderna en Venezuela.
Además de ello, se señala que en el mundo hay 152 millones de víctimas de trabajo infantil, de las cuales 25 millones realizan trabajos forzados y un 99% que realizan esos trabajos forzosos son mujeres dedicadas a la industria del sexo.
Al leer el presente trabajo, y enlazarlo con la información que señalé párrafos más arriba, como conocedor del tema de Derechos Humanos, he llegado a las siguientes conclusiones:
Evidentemente que el hallazgo condenable de 8 cadáveres de indígenas en aguas limítrofes entre Venezuela y Guyana además de la presentación de este trabajo, pretende sobredimensionar el tema de la migración venezolana, el cual pretende ser presentado como un asunto de interés regional y una crisis de refugiados por la situación política en el país, escalando aún más ya que en el sistema de Naciones Unidas los indígenas, al igual que los Adultos y Adultas Mayores y los Niños, Niñas y Adolescentes son considerados como grupos vulnerables y, por ende, susceptibles de protección.
Indudablemente que en Venezuela el Estado ha creado todo un marco jurídico para la protección de pueblos y comunidades indígenas, así como el sistema de organismos para el desarrollo de políticas y garantía de derechos. Pero como una necesaria autocrítica hay que reconocer que desde el 2018 no existe acceso a memorias y cuentas que permitan evaluar, desde la perspectiva del Estado, su desempeño en pro del ejercicio y disfrute de los derechos que asisten a los pueblos y comunidades indígenas.
El objetivo de estos informes de este Instituto de Derechos Humanos de la UCAB, y de otras Ong como Kape Kape, Foro Penal, Kuyujani, entre otras es señalar que el modus vivendi de nuestras comunidades indígenas en la actualidad está signado por la emergencia humanitaria compleja, la cual se ha agudizado por la pandemia y la situación de violencia estructural generalizada, la cual ha afectado de manera importante a los 17 pueblos y comunidades indígenas que se encuentran apostados en el estado Bolívar.
Es evidente, una vez más, el interés de EEUU, y en particular del Departamento de Estado de EEUU y a través de la labor encubierta de Ong, de fomentar acciones desestabilizadoras en el país por la fachada sur, de la que no escapan entidades federales como Delta Amacuro y Amazonas, además del Esequibo. Pero y nuevamente hago la autocrítica, porque también ese ataque tiene que ver con omisiones que hemos tenido como Estado en una entidad federal como Bolívar, donde existen problemáticas económicas, políticas, laborales, energéticas y sociales que deben ser atendidas de manera inmediata y como políticas de Estado. Creo que allí hay una extraordinaria oportunidad para concretar las denominadas «3R.NETS».
Ahí se las dejo
¡Bolívar y Chávez Viven! ¡Y sus luchas y la patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tutiteras Socialistas. http://Www.juanmartorano.blogspot.com , http://www.juanmartorano.wordpress.com , [email protected], [email protected] , [email protected] , cuenta tuiter e instagram: @juanmartorano, cuenta facebook: Juan Martorano Castillo. Canal de Telegram: El Canal de Martorano. [email protected] @juanmartorano
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