Dictaduras en Latinoamérica: la impunidad no cierra heridas
La historia de América Latina esta sembrada de crueles dictaduras militares. El saldo: miles de muertos, torturados y desaparecidos. El juicio al dictador es la forma en que la democracia hace justicia y cierra heridas, pero la mayoría han quedado impunes.
Mexicana residente en UK.,Psicóloga, maestra, pedagoga, dependienta y limpiadora son solo algunas de las facetas que Mabel ha tenido en su vida laboral. Tras diez años en el Reino Unido ya ha terminado su doctorado en educación que le permite dedicarse a su pasión, la investigación, que combina con una intensa actividad como militante en la organizaciones sociales latinoamericanas. -
En la segunda mitad del siglo XX, 18 países de América Latina han conocido en algún momento la violencia de las dictaduras militares. Son 31 los dictadores que han llevado las riendas de esos países sin respeto alguno a los valores democráticos ni a los derechos humanos.
El enjuiciamiento de los responsables de las miles de muertes, torturas y desapariciones que tuvieron lugar durante esos regímenes es lo que más reclaman las víctimas y sus familias como reparación moral a su sufrimiento.
Las cifras en toda la región son difíciles de determinar, pero se pueden estimar más de 470.000 afectados, incluyendo muertos, desaparecidos, torturados y presos políticos.
En total diez dirigentes enfrentaron juicios por los delitos cometidos en su día. Y cinco siguen cumpliendo condena o están siendo procesados.
Pero un balance que revela que más de la mitad de los dictadores terminaron sus días sin rendir cuentas. Ello es porque la impunidad es un fenómeno que se ha dado en el área de América Central y del Sur con más frecuencia que a nivel global.
Según revela un estudio de Abel Escribá Folch en la Revista Mexicana de Sociología, tan solo un 31% de los dictadores que gobernaron entre 1946 y 2000, en todo el mundo, permanecieron impunes. Hoy, cuatro ex-dictadores viven sus últimos años sin haber conocido la cárcel.
Los dos últimos presidentes de la dictadura militar en El Salvador siguen vivos lejos de su país. Se trata de Arturo Armando Molina, que gobernó de 1972 a 1977, y de Carlos Humberto Romero, que protagonizó el final del régimen de 1977 a 1979. Se cree que el primero reside entre Miami y Panamá, mientras que el segundo viviría en los Estados Unidos tras un primer exilio en Guatemala.
Por su parte, el militar Guillermo Rodríguez Lara, que ostentó el poder del gobierno ecuatoriano entre 1972 y 1976, lleva en la actualidad una vida retirado de la política ysin temor de enfrentarse a juicio alguno, en sus propiedades agrícolas.
Otro caso es el del guatemalteco Ríos Montt. Acusado de genocidio, sus víctimas de etnia maya que fueron asesinadas durante su mandato (1982-1983) ascienden a 1.771. El 10 de mayo de 2013 un tribunal de Guatemala condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad del país anuló la sentencia por desobediencia y desacato del tribunal que la emitió. Hoy este genocida sigue en libertad.
A pesar de todo, cinco de los responsables de las atrocidades que marcaron el siglo XX suramericano están pagando por lo que hicieron.
La justicia argentina ha sido una de las más duras. Todos los presidentes que estuvieron a la cabeza del país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri murieron reclusos).
Esto fue posible gracias a la abolición en el 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a todos los responsables de crímenes durante la dictadura (se calcula que entre 1976 y 1983, 30.000 personas fueron desaparecidas).
Por su parte, en Panamá fue Noriega el último déspota que dirigió el país centroamericano: de 1983 a 1989, pero fue extraditado en 2011 para cumplir una pena de 60 años por el asesinato de once panameños durante su gobierno. Esta condena se produjo tras 19 años en penales de Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. La cifra de víctimas de esta dictadura asciende a 107.
Otro de los casos que terminaron con condena fue la del peruano Alberto Fujimori. Durante sus mandatos, de 1990 al 2000, el entonces presidente fue responsable de ordenar el asesinato de civiles con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Fue hallado culpable de crímenes como los de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, por lo que el 7 de abril del 2009 inició una pena de 25 años de prisión, a sus 70 años.
Hay casos como el de Haití en que no es fácil someter al antiguo dictador a la justicia. Aunque finalmente, en febrero de 2013, un tribunal haitiano obligó a Jean-Claude “Babydoc” Duvalier a presentarse ante el juez. Desde entonces se enfrenta a un proceso en el que se le acusa de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo ha transcurrido un año sin que Duvalier haya vuelto a presentarse a ninguna sesión. Las víctimas durante su mandato (1971-1986) se cifran en unas 30.000 personas detenidas, muertas y exiliadas.
Reparaciones a víctimas
El modo que más se ha extendido en América Central y del Sur son las Comisiones de la Verdad. Según la organización Amnistía Internacional, entre 1974 y 2007 se crearon estos grupos en 28 países alrededor del mundo. La mitad fueron países latinoamericanos.
La labor de estas comisiones, creadas por decisión gubernamental y con un mandato de tiempo limitado, es investigar los ataques a los derechos humanos de los ciudadanos por el aparato del Estado.
A pesar de ello, tan solo ocho gobiernos latinoamericanos conceden indemnizaciones a los afectados por la violencia de estos regímenes.
Argentina es uno de ellos. Entre 1991 y 2004 el Congreso aprobó tres leyes que indemnizan a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio. De este modo, las familias de los desaparecidos fueron resarcidas con 224.000 dólares. Los ex-convictos recibieron 74,66 pesos por día de encierro. Los hijos nacidos durante la detención tuvieron acceso a una compensación de entre 70.000 y 245.000 pesos.
En 2011 el gobierno gastó 9,4 millones de dólares en las reparaciones económicas a víctimas y familiares de desaparecidos bajo la dictadura. Pero desde entonces, más de 2.400 víctimas reconocidas no han percibido la ayuda prometida.
Otra de las naciones que reconoce el derecho a la reparación es Chile: prisioneros políticos, funcionarios públicos despedidos, y víctimas de tortura y los desaparecidos perciben pensiones anuales de entre 2.314 y 2.648 dólares de por vida, desde la ley de 2004. Además, se les incluye en el sistema público de salud. Los beneficios se extienden a los hijos de las víctimas, quienes gozan de educación gratuita y están exentos de realizar el servicio militar obligatorio.
La modalidad varía en Perú, donde las principales reparaciones son colectivas. A finales de 2013, 1.946 comunidades habían recibido 100.000 soles para proyectos de desarrollo económico Pero las poblaciones no lo consideran como una reparación por la violencia sufrida durante el conflicto. Recientemente el ejecutivo ha dado salida a una indemnización de 10.000 soles a padres y cónyuges de las víctimas. Aunque hasta ahora sólo una quinta parte de los casi 79.000 beneficiarios reconocidos la han percibido.
En cambio, en Bolivia, pese a la aprobación de una partida de 3,6 millones de dólares para sus 6.221 víctimas del despotismo de Hugo Banzer y Luis García Meza, la ley prevé que solo un 20% de los afectados se beneficien de la ayuda.
A la cola se encuentran estados como Guatemala que, con un lastre de 200.000 fallecidos por la violencia, especialmente durante el genocidio maya a manos de Ríos Montt: no concede compensación económica de ningún tipo.
Memoria histórica pendiente
La memoria histórica es un concepto que crea polémica. El reconocimiento por parte de las instituciones de lo ocurrido en el pasado y los daños provocados, así como la promoción de acciones para esclarecer el pasado son bien acogidas por aquellos que creen que un pueblo debe mantener viva su memoria para no volver a cometer los mismos errores.
Y menos de la mitad de las antiguas dictaduras han visto al jefe del Estado u otros agentes de la administración pedir perdón por los crímenes del pasado, cosa que ha sucedido únicamente en 7 países.
Las exhumaciones son otro de los temas pendientes para las familias y las víctimas, pues la mitad de estos estados todavía no realiza las investigaciones forenses necesarias para la identificación y la restitución de los restos.
Aún así, la conmemoración simbólica de las víctimas es la forma más frecuente en que dichos países mantienen viva la historia. En 11 de las 18 ex-dictaduras es posible encontrar monumentos, museos y centros para la memoria y los derechos humanos.
En el caso de Chile, el proceso de exhumaciones sigue abierto y ha tenido gran repercusión en casos como el del poeta Pablo Neruda.
El perdón por la actitud de la administración durante el período Pinochet todavía no ha llegado por parte del gobierno, pero los jueces se disculparon públicamente el pasado 5 de octubre por sus “acciones y omisiones” al negar protección a quienes denunciaron la represión entre 1973 y 1990.
La nación guatemalteca también recibió las disculpas del ex-presidente Álvaro Colom por el genocidio cometido sistemáticamente por los aparatos estatales entre 1960 y 1996. Y en mayo pasado un tribunal resolvió que el presidente deberá volver a disculparse con la etnia ixil. El Ejército y los ministros de Gobernación y Defensa deben todavía sumarse a la declaración.
Paraguay es otra de las naciones que está trabajando a favor de los derechos de las víctimas y los familiares. El pasado 14 de febrero liberó una partida de 72.600 dólares para la identificación de 20 cadáveres, que se sumaron a los 72.400 dólares que se destinaron el pasado mes de agosto a la Dirección de Reparaciones y Memoria Histórica.
Colombia, Honduras, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Haití son los países que menos trabajo han hecho a favor de su memoria colectiva por las dictaduras del pasado.
En esas condiciones, las víctimas de la violencia del Estado están lejos de hallar consuelo para cerrar heridas.
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