San Luis Potosí.- Ha sido aprobada por la las Comisiones Unidas de Justicia y de Comunicaciones y Transportes, presental al pleno del Congrso del Estado un proyecto de reforma de las leyes que regulan el servicio público de transporte, en concreto el taxismo, así como el de las plataformas digitales como el Uber, Cabify e Indrive.
La reforma buscara que el combate de taxis piratas en toda la entidad se “realice de oficio y no por querella”, aunque el proyecto no aclara porque se ejerce una acción pública persecutoria de delito en una situación administrativa. Probablemente los legisladores carecen de instrucción jurídica y sólo usaron la palabra para embestir de falsa legalidad el proyecto.
Por otra parte para los servicios de plataforma digital como Uber, se busca que los vehículos que presten este servicio cumplan diversos requisitos como lo es el que se encuentren verificados, además de que deberán contar con identificaciones expedidas por el Estado.
Pero los cabios a resaltar es que ahora la ley pretenderá que sólo vehículos con costo 295 mil pesos o más puedan prestar el servicio de Uber en San Luis Potosí, propuesta que ha sido considerara inconstitucional y desviada totalmente de la obligación de un legislador velar el bien común y no intereses de un grupo reducido.
Una de las principales impulsoras de este proyecto es la diputada Alejandra Valdés Martínez, quien saltó a la fama como Lady Moches, luego de que fuera acusada por su propio asesor de solicitar una porción del salario de éste. La denuncia hecha por el activista, quien incluso interpuso una denuncia en la FGE, detonó en una investigación que encontró que la Diputada había colocado a varias amistades como asesores para quizá ordeñar presupuesto público. Además de que otros legisladores también realizan dicha práctica en la actual legislatura.
La legisladora considera necesaria esta reforma, pues dice es para brindar seguridad a los potosinos, lo que a todas luces es un discurso falaz al encausar los graves problemas de inseguridad y violencia que forman parte de las obligaciones del ejecutivo estatal a un foco totalmente distintivo.
De aprobarse dicha propuesta, serán los potosinos quienes paguen los platos rotos, pues sólo algunas personas podrán prestar dicho servicio y otros adquirirlo, lo que crea un ambiente de desigualdad social que para nada afectará ganancias porcentuales a la empresa.
Se espera que este jueves la polémica propuesta sea presentada ante el Pleno del Congreso para su votación.
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