Directiva comunitaria

Una Directiva comunitaria sobre contratos garantizados por una hipoteca o por un derecho relativo a un bien inmueble residencial, acaba de entrar en vigor. Esta directiva consiste en obligar a los Estados miembros a que la publicidad no sea engañosa, ni genere falsas expectativas sobre la disponibilidad o el coste de un crédito.

Las expectativas de esta directiva consisten en luchar contra la irresponsabilidad en la concesión y contratación de estos préstamos, así como con en el margen de comportamiento irresponsable entre los participantes en el mercado, incluidos los intermediarios de crédito y las entidades no crediticias.

Lo que pretende garantizar esta Directiva comunitaria, es que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito para bienes inmuebles obtengan un elevado grado de protección.

Para garantizar a los consumidores un marco uniforme en materia de crédito y de recudir las cargas administrativas de prestamistas e intermediarios, lo que se debe conseguir es que la información que se exponga en la publicidad informe al consumidor a través de un ejemplo representativo, que proporcionará información precontractual pormenorizada, mediante una ficha de información normalizada.

Los problemas que se han observado hasta el momento derivaban de los créditos en divisas, en cuanto al tipo de interés ofrecido. Éste no tenía una información o comprensión adecuada del riesgo de tipo de cambio al que conllevaba. Los problemas que encontraban se debían a las deficiencias del mercado y de la normativa, pero también a otros factores, como son la coyuntura económica general y los escasos conocimientos financieros.

A los problemas expuestos en el párrafo anterior, se suma la ineficacia o incoherencia de los regímenes aplicables a los intermediarios de crédito y a las entidades no crediticias que proporcionan créditos para bienes inmuebles de uso residencial, o a la inexistencia de tales regímenes.

Se debe destacar que estos problemas pueden derivar a tener importantes efectos macroeconómicos, a ir en detrimento del consumidor, erigir obstáculos económicos, etc.

Finalmente, por estos problemas, la norma establece un marco sobre ciertos aspectos de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros aplicables a los contratos de crédito al consumo que estén garantizados mediante hipoteca u otro tipo de garantía, sobre bienes inmuebles de uso residencial.

Fuente: Inmodiario y Fotografía