Dreamers, soñadores sin miedo

Llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, pero el país que los ha visto crecer les sigue dando la espalda. Los dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados, han vencido el miedo y superado un sinfín de obstáculos legales en la lucha por un sueño que se les resiste: el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense.

Brian ha cumplido 20 años. Desde los 18 estudia en una universidad de Estados Unidos, país al que llegó junto con sus padres a una edad tan temprana que ni siquiera tiene recuerdos de su país de origen. Ruborizado, reconoce que no se identifica con la patria que lo vio nacer. No ha podido volver ni reencontrarse con sus familiares, su cultura le es ajena y ni siquiera domina el español. Como sus dos hermanos menores, él se considera un ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, sobre el papel, solo sus hermanos lo son: nacieron en suelo estadounidense.

Brian es un inmigrante indocumentado. Lo supo hace unos años, cuando se interesó por acceder a estudios universitarios. Sus padres también lo son. Si quieren regularizarse, pueden optar por esperar, primero, a que sus dos hijos menores cumplan la mayoría de edad y soliciten la ciudadanía para ellos y, segundo, a que se la concedan, un proceso que puede demorarse décadas. En el caso de Brian, a él solo le queda una opción: soñar.

Para ampliar: “La odisea americana”, Pablo Moral en El Orden Mundial, 2017

Crecer en la sombra: la Generación 1.5

Como Brian, más de un millón y medio de jóvenes llegaron a Estados Unidos en la infancia, acompañados por sus padres o incluso sin acompañamiento familiar. A estos se los conoce como la Generación 1.5: no forman parte de la primera generación de inmigrantes, porque no eligieron emigrar, pero tampoco pertenecen a la segunda, puesto que han nacido fuera. Muchos de sus miembros han crecido en familias con estatus mixto, en las que conviven padres e hijos con diferente situación legal, lo que da lugar a que en una misma familia unos hermanos tengan derecho a prestaciones sociales —como ayudas económicas— y sanitarias y otros no al no tener documentos. A pesar de ello, con frecuencia los padres no se atreven a solicitar estos servicios públicos para sus hijos documentados por miedo a que la interacción con la burocracia acabe por dejar al descubierto su estatus legal y se denuncie su situación de irregularidad.

El hecho de que los padres tengan hijos regularizados no les confiere ninguna garantía de obtener la ciudadanía o de protección ante una eventual deportación. No en vano, en la primera década del siglo XXI 100.000 ciudadanos estadounidenses vieron cómo al menos uno de sus padres fue deportado. La amenaza de la deportación de sus padres, hermanos o de ellos mismos hace que estos jóvenes crezcan con miedo y ansiedad continuos y sean propensos a sufrir depresión. Ante ello, muchos padres optan por no revelar su estatus a sus hijos hasta que estos tienen ya una edad más avanzada mientras otros encaran la realidad sin tabúes: cuentan la verdad a sus hijos y les proveen de un plan de contingencia ante una posible deportación de algún familiar.

Fuente: Cartografía EOM

La situación legal y socioeconómica de la familia —dado el alto índice de pobreza entre indocumentados— influye del mismo modo en que el rendimiento académico de estos jóvenes, a menudo estigmatizados y acosados en el colegio, esté por debajo de la media en Estados Unidos. En 2015 un 40% de los jóvenes indocumentados entre 18 y 24 años no habían completado el instituto frente al 8% de los nacidos en Estados Unidos. De los que consiguieron graduarse, solo la mitad fue a la universidad, una cifra que contrasta con el 71% en el caso de los estadounidenses.

Despertar en una pesadilla

Es precisamente la tardía adolescencia, cuando dejan el instituto y deben proseguir su camino en el mundo laboral o académico, el periodo más crítico en la vida de un joven indocumentado. En este momento empiezan a tomar una conciencia real de lo que implica su estatus. De hecho, algunos solo llegan a percatarse de que son indocumentados cuando tienen que enviar solicitudes a universidades o empresas, lo que en ocasiones supone un impacto emocional difícil de superar. A no ser que sean beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2012, no pueden obtener el carnet de conducir o buscar un empleo de manera legal, puesto que no disponen de una tarjeta y un número de la seguridad social que los identifique oficialmente. De forma repentina, se topan con la cruda realidad del mundo de los adultos y asumen su posición de vulnerabilidad, que los hace permanecer en la sombra tratando de no acaparar la atención por miedo a ser deportados del único país que verdaderamente conocen. Otros optan por la vía ilegal: falsifican un número de la seguridad social, lo que constituye un robo de identidad y los pone en una situación de riesgo aún mayor.

En el caso de querer acceder a estudios universitarios, el principal obstáculo es conseguir fuentes de financiación, aunque la adversidad que han de afrontar varía en función del estado y la institución. Tres estados prohíben la inscripción de estudiantes indocumentados en sus universidades públicas: Alabama, Carolina del Sur y, parcialmente, Georgia. En este último estado, es digna de mención la puesta en marcha de la Universidad de la Libertad, creada por estudiantes, activistas y profesores, cuya misión es ofrecer cursos universitarios gratuitos a indocumentados de manera clandestina —de hecho, ha tenido que mantener su ubicación en secreto ante las amenazas realizadas por el Ku Klux Klan—.

Del resto de estados, Arizona e Indiana, como Georgia, prohíben específicamente a los indocumentados acceder a las universidades públicas al mismo precio que el resto de estudiantes estatales —que pagan la matricula más barata, a pesar de que el coste medio supera los 20.000 dólares por año académico— y deben pagar el precio de un estudiante internacional —la opción más cara, que ronda los 35.000—. Un total de 25 estados no contemplan ofrecer precios de matriculación estatales para indocumentados, pero tampoco los prohíbe. Por el contrario, 20 estados sí ofrecen precios estatales a sus indocumentados y en seis de ellos —California, Minesota, Nuevo México, Oregón, Texas y Washington— son elegibles para recibir ayuda financiera por parte del Estado. Sin embargo, en ningún caso los indocumentados pueden ser receptores de ninguna ayuda proveniente de los fondos federales al no disponer de número de la seguridad social.

Fuente: Cartografía EOM.

Por esta misma razón, tampoco pueden acceder a créditos bancarios —a no ser que el firmante sea un residente o beneficiario de DACA—, por lo que lo más común suele ser recurrir a otras fuentes de financiación privada. Aunque no abundan, son varias las universidades y organizaciones que ofrecen becas y programas especiales destinados a estudiantes indocumentados. Sin financiación y sin poder postularse legalmente para un puesto de trabajo que les permita ahorrar dinero, estudiar en una universidad resulta prohibitivo para estos jóvenes. Y los afortunados que han logrado graduarse de una universidad vuelven a toparse con la dificultad de encontrar un trabajo acorde a sus estudios, lo que genera la frustración de no poder recoger los frutos de su esfuerzo durante tantos años.

La ley Dream y el nacimiento de los dreamers

El primer intento por poner remedio al limbo legal en el que viven los jóvenes indocumentados llegó en 2001 con la introducción en el Congreso de la propuesta de ley Dream —‘sueño’ en inglés—, retroacrónimo de ‘Desarrollo, Asistencia y Educación para Menores Extranjeros’. En ella se contemplaba el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense a los jóvenes indocumentados que tuviesen menos de 35 años de edad, hubiesen llegado al país siendo menores de 16 y se hubiesen matriculado en el instituto o hubiesen obtenido el diploma de secundaria de EE. UU. o el equivalente de educación general. Sin embargo, tanto su primera versión como las posteriores han fracasado y su aprobación sigue pendiente.

A partir de la aparición de esta ley, los jóvenes indocumentados adoptaron el nombre de dreamers —‘soñadores’— y pasaron a ser los protagonistas de un movimiento político cuyo principal propósito era la puesta en marcha de la ley. Desde sus inicios, los soñadores quisieron desmarcarse de movimientos anteriores de inmigrantes: ellos se presentaban como estadounidenses de raíz. En sus actos públicos reivindicaban la cultura, los símbolos y valores del país: hacían ver que comían la misma comida, compartían las mismas costumbres, hablaban con el mismo acento y animaban a los mismos equipos que el resto de sus conciudadanos, además de ser estadounidenses ejemplares y no merecer ser culpados de su situación legal. Pese a todos los obstáculos, muchos habían sobresalido como los mejores estudiantes de su promoción, habían contribuido extraordinariamente a la sociedad y se habían ganado la oportunidad de devolver a su patria de acogida cuanto les había dado.

Este mensaje se fue ganando la empatía de muchos estadounidenses y logró convencer a más dreamers que habían permanecido en la sombra. Decenas de campus universitarios por todo el país se convirtieron en bases de operaciones improvisadas donde ganaban aliados entre profesores y estudiantes, creaban organizaciones y accedían a recursos con los que podían lanzar campañas de promoción y actos de concienciación, tanto por internet como en las comunidades locales.

Sin embargo, desde sus primeros pasos, uno de los impedimentos del movimiento era su supeditación a organizaciones de mayor entidad que perseguían la aprobación de una ambiciosa reforma migratoria: la Reforma Completa de Inmigración o CIRA por sus siglas en inglés. Así, cuando esta reforma, que incluía la ley Dream, fue tumbada por el Senado en 2007, los dreamers decidieron emprender un nuevo rumbo. Se emanciparon y crearon su propia organización, de alcance federal y con sus propios recursos y estrategias, United We Dream —‘Unidos Soñamos’—, cuyo objetivo era la aprobación de la ley Dream individualmente como primer paso para aspirar a mayores reformas.

Desde entonces, el movimiento no ha parado de crecer. Las manifestaciones, protestas y actos públicos se multiplicaron, casi siempre con la universidad como punto de partida. La captación de nuevos miembros y simpatizantes ha ido viento en popa merced a una efectiva estrategia comunicativa en redes sociales. Muchos indocumentados decidieron abandonar el ostracismo para sumarse a una red de individuos con los que compartían experiencias y reforzaban su identidad. Se declararon “sin documentos y sin miedo” —“undocumented, unafraid”— y, al contrario que antaño, pretendían acaparar toda la atención posible poniendo caras e historias personales a su problema. En enero de 2010 cuatro estudiantes indocumentados emprendieron una marcha a pie desde Miami a la capital, Washington D. C., que pasaría a la Historia como “el Sendero de los Sueños”. La ley Dream volvía a la agenda pública y fue votada de nuevo en diciembre de ese año. El resultado, sin embargo, no fue el deseado: cinco votos faltaron para su aprobación en el Senado.

Lejos del desaliento, este nuevo golpe serviría para que el movimiento cobrase aún más vigor. Los soñadores habían tomado conciencia de su potencial y habían hecho del miedo su orgullo. “El sueño está llegando”, repetían, pues nunca habían estado tan cerca del sueño. Al mismo tiempo, el desencanto con el presidente Obama comenzaba a ser notorio. No solo seguía incumpliendo su promesa de sacar adelante una reforma migratoria, sino que además su legislatura estaba pasando a la Historia por un incremento de las deportaciones sin precedentes.

Los cuatro jóvenes protagonistas del Sendero de los Sueños en St. Augustine, Florida. Fuente: Trail of Dreams/Flickr

De indocumentados a dacamentados

A sabiendas de que necesitaba recuperar la confianza del electorado latino si quería aspirar a renovar su mandato en las elecciones de noviembre de 2012, Obama movió ficha a tiempo. Una orden ejecutiva en junio de ese mismo año inauguró DACA, el mayor logro de los dreamers hasta la fecha.

El programa concedía un auxilio administrativo temporal, renovable cada dos años, a determinados jóvenes indocumentados para impedir su deportación. Más de un 1,7 millones eran potencialmente elegibles, para lo cual tenían que cumplir ciertos requisitos: no tener antecedentes penales, ser menores de 31 años, haber llegado antes de los 16 y vivido los últimos cinco en Estados Unidos, ser estudiantes o haber obtenido el diploma de secundaria —o su equivalente— o bien haber trabajado en la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas. Aunque en ningún caso DACA ofrecía posibles vías para lograr la ciudadanía, esta acción ejecutiva permitió a los beneficiarios trabajar de manera legal, obtener permisos de conducción, abrir cuentas bancarias o contratar seguros sanitarios. A pesar de la carestía de su solicitud —465 dólares— y de las iniciales reticencias por parte de algunos elegibles, que preferían no inscribirse por temor a quedar registrados como ilegales, la respuesta fue masiva y los beneficios, fulgurantes.

Según una encuesta, en los primeros dos años de DACA un 60% de los beneficiarios había conseguido un nuevo empleo y el 45% había incrementado su salario; un 21% había accedido a una beca y un 57% había obtenido un permiso de conducir; casi la mitad de ellos abrió por primera vez una cuenta bancaria, un tercio adquirió su primera tarjeta de crédito y un quinto obtuvo un seguro médico. Desde su entrada en vigor en agosto de 2012, cerca de 790.000 jóvenes han quedado bajo la cobertura de DACA —actualmente hay unos 690.000—; en su gran mayoría proceden de México y viven en California, el único estado que ha aprobado su propia ley Dream, en 2013.

Fuente: Cartografía EOM.

Tras la implementación de DACA, Obama quiso ir más allá, de nuevo a golpe de decreto. Sin embargo, su ambiciosa reforma migratoria de 2014, que otorgaba protección a más de cuatro millones de padres y madres indocumentados cuyos hijos fuesen legalmente ciudadanos estadounidenses, nunca llegó a entrar en vigor ante el bloqueo del Tribunal Supremo.

Congress, get ready to do your job – DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2017

En las elecciones de 2016, el gran temor de los soñadores se hizo realidad: el Partido Demócrata perdía la presidencia y DACA quedaba a expensas de la voluntad del nuevo presidente, que durante su campaña electoral había reiterado en incontables ocasiones su intención de anularlo. Un atisbo de esperanza se vislumbró tras sus declaraciones poco después de tomar posesión, en las que aseguraba que los beneficiarios de DACA “no debían preocuparse”, porque iba a “mostrar un gran corazón” respecto a lo que consideraba “uno de los asuntos más complicados” con los que tenía que lidiar, ya que él “amaba a los niños”. Pero, como se esperaba, Donald Trump anunció el fin de DACA el 5 de septiembre de 2017, con lo que dejaba la situación legal de los soñadores en manos del Congreso, al que dio seis meses para encontrar una alternativa legislativa. Los beneficiarios, sin embargo, quedarán bajo la cobertura DACA hasta su fecha de expiración y podrán renovarlo hasta marzo de 2018.

El sueño continúa

Ante este nuevo revés, los soñadores respondieron como en tantos otros anteriores: saliendo a la calle. Miles de marchas multitudinarias y protestas cívicas irrumpieron a lo largo y ancho de Estados Unidos los días y semanas posteriores al anuncio del presidente, lo que ponía de manifiesto el abrumador apoyo de la sociedad a estos jóvenes indocumentados. Más de 400 empresas, incluidas Microsoft, Amazon, Facebook, Apple o Visa, enviaron una carta al presidente en la que reclamaban protección para unos soñadores que incluso se han ganado la simpatía de los votantes de Trump: más de dos tercios de ellos quieren que se queden legalmente.

Estos acontecimientos dan muestras de que más de 16 años de lucha han llevado a los soñadores a cosechar innegables logros. Actualmente son un elemento central del debate migratorio en Estados Unidos y han conseguido que la opinión pública se posicione a su favor, lo que hace que el coste político que conllevaría no concederles un nuevo tipo de protección resulte difícil de asumir para los principales partidos en el Congreso. Por tanto, tras el varapalo del fin de DACA, todavía hay motivos para la esperanza. Los meses venideros pueden resultar claves en el futuro de los soñadores. DACA les permitió experimentar por primera vez una suerte de legalidad, pero no satisfizo completamente sus pretensiones; a fin de cuentas, era un mero salvoconducto. La aprobación de la ley Dream —cuya última versión fue presentada al Congreso en julio de 2017— o una equivalente que les otorgue la ciudadanía sigue siendo la principal aspiración.

Mientras tanto, Estados Unidos continúa traicionando su Historia. Una potencia forjada por inmigrantes sigue negando su legado a jóvenes que, como Brian, crecieron y se educaron bajo la creencia de que todo era posible en la tierra del sueño americano. En pleno siglo XXI, los dreamers son los herederos de otros movimientos civiles que, décadas atrás, consiguieron derribar muros que parecían infranqueables. En manos de sus representantes está que otro sueño se cumpla, que otra barrera caiga y, sobre todo, que el país que un día fue tierra de esperanza se reconcilie consigo mismo