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Por FABRICIO ZANZZI DÍAZ
El presupuesto de nuestra ciudad NO es participativo. Lo fuera desde hace años si hubiere buena voluntad política. Además, lo obliga la norma legal.
Los ciudadanos debemos ordenar -no rogar- a los políticos que hagan las obras que queremos, no lo que ellos quieren.
Un presupuesto participativo beneficia a los ciudadanos pobres, como se ha venido mencionando en este espacio escrito desde hace siete años. Pero como no se ha usado esta modalidad, para conseguir una obra, el ciudadano ruega al político de turno y luego reza a Dios para que se cumpla. Pero, el político decide hacerlo o no. Con presupuesto participativo el político no tiene tal decisión; está obligado.
El político dice “Esta obra la hago yo”, o dice “Yo ayudo a los pobres”. Miente. No es “ayuda” suya a menos que lo haga con su propio dinero, lo cual si se publicitare fuera un simple acto de publicidad más que de “ayuda”, o sea una inversión cuyo beneficiario fuera él mismo. No hay una condición de sacrificio o de altruismo en un político… y todos somos políticos (usted también). Sólo Jesús reunía tal condición, pero la torpeza humana lo asesinó hace 2mil años. Por eso tenemos que supervisar sigilosamente a los políticos.
Los ciudadanos somos los Jefes de los políticos; nunca al revés. Pagamos sus sueldos. Les entregamos el poder para que hagan con nuestras contribuciones monetarias lo que queremos. Nos deben rendir cuentas, no sólo mostrarnos sus números complejos (mitad reales y mitad imaginarios).
Consta desde el Num01del Art243 de la Constitución de 1998 que es objetivo de nuestra economía el desarrollo democráticamente participativo. En el Num03 del Art100 de la actual Constitución se obliga taxativamente a los gobiernos seccionales a elaborar presupuestos participativos. En todo el Título VII de la Ley de Participación Ciudadana (Abril2010) se obliga el proceso y se ordena su aplicación inmediata ultimando sanciones políticas y administrativas para quienes se negaren.
En el Lit.c del Art304 del COOTAD otra vez consta que la participación ciudadana se constituye para elaborar el presupuesto participativo de la Ciudad, y en su Art242 dice que la máxima autoridad del gobierno seccional es responsable de presentarla para aprobación hasta el 31 de octubre de cada año.
Tal parece que la ciudadanía tendrá que organizarse para obligar a que el gobierno de nuestra Ciudad a partir de este año proceda con el Presupuesto Participativo. Otras ciudades ecuatorianas ya lo hacen desde hace varios años.
Alguien puede pensar “es que no había ley”. Sí la había, y aún si no la hubiere habido un político bien intencionado lo hubiera hecho. En Yaguachi se hizo en el 2005.
No hacer un presupuesto participativo favorece a quien quiera ocultar las contrataciones de obras.
El autor de estas líneas puede contribuir dictando cursos a las organizaciones sociales interesadas en esto.
Fuente: prensalaverdad.com