Ecuador: ¿Se revirtió el paquetazo?

Indígenas festejan la derogación del decreto 883 luego de más de diez días de protestas

Por Bruno Sgarzini

El 13 de octubre, domingo por la noche, el gobierno de Lenín Moreno aceptó derogar el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles en Ecuador. A cambio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal, se comprometió a colaborar en la redacción de un nuevo decreto que reformulase el aumento del precio de los combustibles con posibles medidas compensatorias.

El decreto formaba parte de un paquete de reformas, acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un crédito de más de 4 mil millones de dólares para “sanear las cuentas públicas”, según el gobierno ecuatoriano.

En este contexto, el acuerdo leído por Jean Arnault, representante de la ONU en la mesa, logró un efecto inmediato: que fuera considerado un triunfo por parte del movimiento que se mantenía en las calles en Ecuador, a la espera de que se conociese una decisión sobre el Decreto 883.

Sin embargo, ni bien terminada la reunión se filtraron videos desde adentro de la misma donde los dirigentes indígenas discutían con el Contralor de la República, Pablo Celi, la redacción del nuevo decreto.

Luego de la reunión, el analista político Kintto Lucas escribió: “El acuerdo con el gobierno es una derrota del movimiento indígena porque se acepta la propuesta inicial de Moreno después de 11 días de paros, muertos, presos y procesados”.

El paquetazo del FMI se origina, por otro lado, en la pérdida de ingresos del Estado, producto de la condonación de deuda a privados y liberación de los controles de capitales que llevaron a Moreno a pedir este crédito.

Esas medidas fueron tomadas por el Ministro de Economía, Richard Martínez, expresidente del Comité Empresarial de Ecuador que nuclea a los principales grupos económicos y financieros del país, responsables de la crisis bancaria del 2000 que derivó en la dolarización del país ordenada por el FMI, durante el gobierno de Jamil Mahuad.

Entre lo exigido por el FMI, además de la suba de los combustibles, se encuentra un recorte salarial de 20% a los empleados públicos, la flexibilización de las condiciones laborales y la apertura a una privatización del seguro social. Ninguna de esas medidas pretenden ser revertidas por el gobierno de Ecuador.

¿Cómo Lenín Moreno pretende usar el acuerdo para pasar a la contraofensiva?

Gracias al acuerdo con los indígenas, Moreno es el primer presidente desde 1992 que no es destituido por aplicar un paquetazo del FMI. Bajo esta lógica de retoma del control de la situación, su gobierno ordenó este lunes por la mañana levantar el toque de queda y estado de excepción. Mientras se prepara para enviar el resto del paquete de medidas a la Asamblea Nacional para que sean sancionadas.

En este contexto, el gobierno de Ecuador comenzó una persecución contra los dirigentes cercanos a Correa más visibles durante las protestas. El domingo, la primera en ser detenida fue la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, bajo la acusación de financiar grupos violentos, y el lunes por la mañana le siguió la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, señalada de organizar cortes de rutas para desestabilizar al gobierno de Moreno.

En esta línea, se libró una orden de detención contra el exasambleísta Virgilio Hernández luego de que su casa fuese allanada por la Fiscalía de Ecuador, y la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidió asilo político en la embajada de México ante el peligro de ser detenida.

Según la tesis sostenida por el gobierno de Moreno, las protestas fueron armadas por el expresidente Rafael Correa, con el apoyo de Venezuela y Cuba, para derribar su presidencia. El mismo sábado 12, en redes sociales se registró una agresiva operación para imponer una matriz favorable al toque de queda y la persecución contra dirigentes del “correísmo”.

El domingo, el canal Telesur filtró, en esta línea, un audio del político, historiador y mandamás del Partido Socialista de Ecuador, Enrique Ayala Mora, en el que recomendaba a Lenín Moreno que negociara con el “movimiento indígena” con el fin de aislar al “correísmo” y culparlo de los hechos de violencia.

Un día antes, el sábado se registró una agresiva operación en las redes sociales en función de atribuirle a los seguidores de Correa los ataques a la Contraloría y medios privados, como el canal Teleamazonas y el diario El Comercio. Una de las tesis más posicionadas es que los ataques a la Contraloría se debieron a una intención de destruir pruebas de hechos de corrupción registrados durante la presidencia de Correa.

Esto con el afán de instalar que el “correísmo” aprovechó las protestas para evitar que se iniciara en estos días un juicio por corrupción contra el expresidente, que en caso de lograr una condena lo inhabilitaría para presentarse a un cargo político, de acuerdo a la legislación ecuatoriana sancionada luego del referéndum consultivo convocado por Moreno al inicio de su mandato.

A todas luces, el gobierno de Lenín Moreno ha salvado su posición con un acuerdo que no revierte lo fundamental: el paquetazo del FMI.

Respaldado por la clase política de Guayaquil, centro empresarial del país, Moreno avanza en blindar el status quo vigente al cerrar el paso hacia sus opositores.

Así, su contraofensiva se basa en haber apagado la calle y deslindado al movimiento indígena del “correísmo” en pos de establecer a futuro una alternancia entre partidos políticos que respeten los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, a costa de la persecución de las figuras cercanas al expresidente.

De esta forma, Moreno se convirte en una especie de Michel Temer a la espera de que surja un Bolsonaro, y Ecuador parece entrar en modo Brasil para evitar que surja un Lula.

Ante esto, existe el peligro de que la rebelión popular contra el FMI derive en una situación similar a lo que sucedió luego del Caracazo en Venezuela (1989): cuando el establishment cerró por nueve años una salida política a aquella crisis.

Es por demás previsible, además, que este ciclo de conflictividad social difícilmente baje, dado que los ajustes del FMI generan un círculo vicioso de constantes recortes sociales que alimentan este orden de cosas. Más allá de las maniobras de Lenín Moreno, palaciegas de última hora, por atornillar en Ecuador un régimen político alineado, completamente, con Estados Unidos.