Educación para la ciudadanía y calidad de la educación

Desde sus comienzos, los sistemas educativos proclamaron su intención de “formar al ciudadano”, y promover la convivencia democrática, por lo que es evidente, que estamos en presencia de una de las dimensiones constitutivas de la “Calidad Educativa” ¿En qué consiste la Educación para la Ciudadanía? ¿Cuál es la incidencia de la desigualdad social? ¿Cuál es la situación de la región sobre la formación ciudadana? ¿Cuáles son los principales desafíos de la región en educación ciudadana?
Desde que se establecieron los modernos sistemas educacionales, sus promotores defendieron la noción de que la educación masiva contribuiría a la difusión y consolidación de la sociedad democrática “formando al ciudadano” soberano. Tan fundamental como la alfabetización y la adquisición de la matemática básica, fueron los propósitos de producir identidad nacional y sentar las bases para la convivencia democrática. Dada la centralidad de este objetivo, la educación para la ciudadanía debería ser vista como un aspecto medular de lo que actualmente se denomina “calidad de la educación”.
El objetivo de la educación para la ciudadanía se hizo explícito ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y se reforzó en la Convención sobre los derechos del niño (1989) así como en otros acuerdos internacionales. El derecho a la educación implica la formación en el respeto de los derechos humanos, conocimiento y respeto por la propia identidad cultural así como por culturas diferentes. Asimismo, los niños deben prepararse para ser ciudadanos responsables aportando a un contexto de paz, tolerancia e inclusión (Artículos 28 y 29, Convención derechos del niño, 1989).
La educación para la ciudadanía se reconoce actualmente, junto con los logros en los aprendizajes académicos, como uno de los objetivos de los sistemas educativos, el cual incluye conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes un actuar cívico, ejercer sus derechos y participar en la sociedad.
Adicionalmente, las transformaciones que marcan a las sociedades del siglo XXI, especialmente la globalización y los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, han implicado una creciente diversidad en las sociedades y exigen una nueva reflexión sobre los significados que implica la ciudadanía y el rol de los ciudadanos, todo lo cual ha hecho que la formación para la ciudadanía adquiera renovada relevancia. Dichas transformaciones también relevan la necesidad de formar personas capaces de comprender esta nueva sociedad, adaptarse a los rápidos cambios e insertarse como sujetos activos y productivos en la sociedad (CEPAL).
La formación ciudadana abarca el desarrollo de diversas habilidades y actitudes. Schulz et al. señalan que la educación para la ciudadanía implica tanto el conocimiento como oportunidades reales de participación e involucramiento tanto en la sociedad cívica y civil. Se enfoca en las diversas maneras que tienen las personas de relacionarse entre ellas y cómo definen sus comunidades y sociedades. Esto se refiere tanto a la participación en instancias políticas formales (dimensión cívica) como el involucramiento y participación en actividades de la comunidad de carácter local (dimensión civil).
La educación para la ciudadanía también se vincula con la desigualdad social. En efecto, dentro de los factores que influyen en los resultados de la educación para la ciudadanía, uno de los más relevantes es el contexto socioeconómico de donde provienen los estudiantes. Investigaciones señalan que, dentro de las variables que tienen un impacto en la educación para la ciudadanía, la desigualdad social es un factor de contexto importante, específicamente en el ámbito de la participación política. En este sentido, se observa una asociación entre mayor estatus socioeconómico y mayor nivel educacional de las personas con una más alta participación política, lo cual favorece la representación de las necesidades e intereses de los sectores de mayores ingresos.
Situación de la región sobre la formación ciudadana. La educación para la ciudadanía y el real ejercicio de los derechos cívicos de las personas se encuentra en América Latina con una situación paradojal, marcada por un fuerte contraste entre los progresos en materia política y la persistencia de fuertes inequidades sociales. Durante las dos últimas décadas, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se han caracterizado por haber recuperado y mantenido gobiernos democráticos, pudiendo elegir a sus gobernantes a través de procesos electorales pacíficos y periódicos, aspecto central de la ciudadanía. En contraste, la región muestra una importante desigualdad ante el acceso a la justicia social, con altos niveles de pobreza, crecimiento económico importante aunque con importantes diferencias en la distribución de ingresos, y un descontento respecto a la democracia actual (PNUD, 2004).La desigualdad social característica de la región, repercute de manera negativa en la confianza de los ciudadanos hacia la clase política y la capacidad de las instituciones públicas para responder a las demandas sociales. Los jóvenes latinoamericanos en particular, tendrían una cierta apatía y falta de compromiso respecto a los procesos democráticos, incluso el 55% de ellos argumentan que sería aceptable un régimen autoritario si es capaz de resolver los problemas económicos de la sociedad (PNUD, 2004).
El estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS-2009, conducido por la Asociación Internacional para la Evaluación de Logros Educacionales (IEA), investigó en profundidad los modos en los cuales los jóvenes de diferentes países estaban siendo preparados para asumir su rol como ciudadanos. El estudio indagó en el conocimiento cívico adquirido por los alumnos, su percepción sobre las instituciones públicas, las formas de gobierno, la corrupción, el respeto a las leyes, y su disposición hacia formas de coexistencia pacífica. De América Latina, solo México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Paraguay y Chile participaron en el ICCS-2009.
Una de las principales conclusiones del estudio es el contraste entre el currículum prescrito y los aprendizajes reales de los alumnos. Así, si bien en los currículos de cada uno de los 6 países participantes de la región está claramente presente la preocupación por construir y fortalecer sociedades más democráticas, inclusivas y pacíficas (temáticas relativas a la formación ciudadana), el conocimiento cívico de los estudiantes latinoamericanos es comparativamente bajo. Según ICCS-2009, el promedio de la región se ubicó media desviación estándar por debajo del promedio del total de países participantes en el estudio. En particular, en 5 de los 6 países latinoamericanos que participaron en el estudio, más de la mitad de los jóvenes se encontraba en el nivel más bajo de conocimiento cívico, lo que implica que no conocen los conceptos de democracia participativa como sistema político, ni tienen conocimientos claves sobre las instituciones, sistemas o conceptos cívicos.
El nivel socioeconómico está positivamente asociado con el conocimiento cívico, y es un factor relevante para explicar las diferencias en el conocimiento cívico entre los estudiantes y entre los países. El estudio ICCS-2009 encontró una correlación tanto entre los factores de contexto de la familia y de la escuela con el conocimiento cívico de los alumnos, como entre el nivel de desarrollo económico y el nivel de conocimiento cívico en los países. Sin embargo, factores internos de los sistemas escolares también podrían explicar estas diferencias. En el caso latinoamericano, los bajos niveles de conocimiento cívico podrían también explicarse por una baja importancia real otorgada a estos temas en las escuelas y por problemas relacionados con los procesos de enseñanza de la educación ciudadana.
Otro hallazgo relevante, es que si bien existe un rechazo a los gobiernos autoritarios, más de la mitad de los jóvenes latinoamericanos justifica las dictaduras bajo ciertas circunstancias, siendo los hombres más que las mujeres los que muestran más disposición a los gobiernos autoritarios. Lo mismo ocurre con la disposición a acceder a prácticas de corrupción y desobediencia de la ley en ciertas circunstancias. En este contexto es importante destacar que los estudiantes con mayor conocimiento cívico tienden a no aceptar las dictaduras o las justificaciones para desobedecer las leyes.
Asimismo, en términos de percepciones, los jóvenes latinoamericanos tienden a desconfiar de los partidos políticos, los tribunales de justicia y la policía, aunque en este tópico se encuentran diferencias más marcadas entre los países.
Por último, en términos de sus disposiciones –y en un marcado contraste con los hallazgos anteriores– el estudio ICCS-2009 encontró que los jóvenes latinoamericanos presentan actitudes positivas hacia su nación y un alto sentido de identidad regional; expresan empatía hacia las personas que se encuentran en dificultad o que pertenecen a grupos minoritarios; y se muestran preocupados por la necesidad de construir sociedades más justas, inclusivas y democráticas. Estas disposiciones de los jóvenes contienen el potencial de una actitud cívica positiva, orientada por los asuntos del bien común y la justicia social, que podría ser mejor capitalizada por las instituciones escolares de la región. Por cierto, los recientes movimientos estudiantiles ocurridos en varios países de la región son una constatación de esta voluntad de los jóvenes de participar cívicamente y promover cambios que mejoren sus condiciones y las del sistema educacional en general.
Principales desafíos de la región en educación ciudadana América Latina ha presentado un desarrollo importante en las últimas dos décadas, el crecimiento económico ha sido sostenido y la generación joven es la que ha recibido más educación en la historia de la región. Sin embargo, la inequidad social continúa siendo un obstáculo importante para la sociedad latinoamericana. Esta desigualdad social, presenta un importante obstáculo a la educación para la ciudadanía. El descontento social que esta inequidad conlleva, junto a la buena disposición de los jóvenes latinoamericanos hacia los temas sociales, puede ser una oportunidad para potenciar una transformación hacia la participación e involucramiento político de los jóvenes, que permita poner en relieve las necesidades de los grupos más marginados de la sociedad apuntando hacia el bien común. Tal como lo señala el estudio ICCS-2009, mejorar el conocimiento cívico de los estudiantes es un paso importante para fortalecer la democracia y la sociedad civil en Latinoamérica.
Para esto, es necesario darle mayor importancia a la educación ciudadana, que tiende a ser postergada por las políticas educacionales que adoptan un foco reduccionista sobre los aprendizajes escolares. Más aún, una aproximación más comprehensiva debería cambiar el paradigma desde una educación cívica basada principalmente en adquirir conocimientos respecto al funcionamiento del gobierno y sus instituciones, hacia la educación ciudadana que implica el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes para la participación ciudadana y política; complementando y otorgándole sentido a la formación académica, a fin de que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino a mejorar sus relaciones sociales y su involucramiento en la sociedad de la que son parte.
Respecto de la aproximación curricular hacia la educación para la ciudadanía hay opciones que tomar. En un estudio reciente, que analiza los contenidos curriculares referidos a la educación ciudadana de los 6 países participantes en el ICCS-2009, se observa una variabilidad entre currículos que enfatizan la dimensión civil, como el caso de Colombia donde destacan contenidos relativos a la convivencia pacífica, valores cívicos e inclusión social; y por otro lado currículos como el de México, Paraguay o Chile, donde el acento está puesto en la dimensión cívica, como por ejemplo formas de representación, participación democrática, voto y rendición de cuentas.
Estas aproximaciones curriculares deben luego expresarse en programas efectivos a nivel escolar. En la región algunos países han puesto especial énfasis en la educación cívica y ciudadana, enfatizando principalmente competencias como la tolerancia a la diversidad, el respeto por la vida y los derechos humanos, la responsabilidad por las propias acciones y la comunidad. Un ejemplo de esto es el programa nacional Competencias Ciudadanas de Colombia, con el que se busca hacer frente al problema de la violencia en el país. Este programa refleja esta nueva visión de la educación cívica que requiere generar competencias, como una manera de educar para ser y saber hacer.
Incluso en materia de contenidos, es necesario que la educación ciudadana amplíe su foco –tradicionalmente circunscrito a la institucionalidad política–, para incluir temáticas sociales como la equidad, el medioambiente y los derechos humanos. Asimismo, es recomendable que estos contenidos se inserten de manera transversal en todos los niveles de enseñanza, incluyéndose en el currículo de distintas asignaturas. Más aún, la incorporación de enfoques como la educación para el desarrollo sostenible (en que la región se encuentra apenas en sus inicios) tiene el potencial de expandir este concepto hacia uno de ciudadanía global, resaltando el sentido de responsabilidad y solidaridad planetaria e intergeneracional.
Finalmente, es fundamental atender a la organización, y el clima escolar y pedagógico de las escuelas, de manera que exista coherencia entre lo que se enseña y lo que se practica y vive en ellas. Cuando existe esta coherencia y las relaciones entre profesores y alumnos son adecuadas, la comprensión sobre la democracia es más directa. Esto vincula los desafíos de la educación ciudadana con los de clima escolar antes discutidos. Sin embargo, Cox et al., basándose en encuestas aplicadas en varios países, señalan que en la región existirían elevados niveles de rechazo a la diversidad por parte de los docentes, lo que dificultaría la enseñanza para la ciudadanía y la democracia.
La promoción de la educación cívica en este aspecto, debiera también incluir una mayor difusión y consolidación de las formas de organización y participación estudiantil, especialmente en los establecimientos de educación secundaria. Históricamente en varios países de la región las organizaciones estudiantiles han jugado un papel importante en la promoción de cambios educativos y sociales; más aún, los recientes movimientos estudiantiles que se han sucedido en varios países de la región demuestran el enorme potencial cívico que estos procesos tienen. El sistema escolar debiera ser capaz no solo de “procesar las demandas” de los estudiantes como grupo de presión, sino de aprovechar esta como una oportunidad de afianzamiento de la educación para la ciudadanía en su sentido más integral.
Extraído de: Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015 Oficina de Santiago Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe