Según el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes.
Al celebrar dicho Acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio.
La Unión Europea y Marruecos celebraron en 1996 un Acuerdo de Asociación, en 2006 un Acuerdo de pesca y en 2012 un Acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca. Mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia, ante el que se sustanciaba en casación un recurso directo que enfrentaba al Frente Polisario y al Consejo de la Unión Europea, declaró que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo citado de liberalización que habían celebrado la UE y Marruecos no se aplicaban al Sáhara Occidental. No obstante, dicho asunto no afectaba al Acuerdo de pesca, por lo que en su sentencia el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la validez del mismo.
La ONG Western Sahara Campaign del Reino Unido inició un proceso contra las autoridades británicas estimando que actúan ilegalmente cuando aplican dicho Acuerdo de pesca. Aunque el Tribunal Superior del Reino Unido concluyó que había “un caso discutible de error manifiesto por parte de la Comisión Europea en la comprensión y aplicación del derecho internacional relevante para estos acuerdos”, envió el caso al Tribunal de Justicia de la UE para su consulta.
El Tribunal de Justicia europeo se pronunciará en unos meses, y es casi seguro que se alinee con las conclusiones que dio a conocer ayer el Abogado General Melchior Wathelet, a saber, que la Unión ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y que su deber es no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación.
Se confirma así el absoluto fracaso legal, político y moral de la Comisión Europea y de la mayoría de los Estados Miembros en relación al Sáhara Occidental y al derecho internacional.
La Comisión Europea debería suspender inmediatamente las negociaciones sobre nuevos acuerdos de pesca y agricultura y revisar sus relaciones con Marruecos para asegurarse que éstas respetan el derecho internacional en relación al Sáhara Occidental. Ya es hora de que la Unión Europea ponga fin a su complicidad con la ocupación ilegal por parte de Marruecos de este territorio, y al saqueo de sus recursos por parte de empresas europeas.
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