El Parlamento de Turquía votó ayer la reforma de la Constitución, abriendo así la posibilidad a la convocatoria de un referendo para la aprobación definitiva del paquete de enmiendas aprobado por los parlamentarios del AKP que, según sus críticos, dará más poder al Gobierno islámico moderado frente a los sectores laicos. Según el Ejecutivo, las reformas, entre cuyos objetivos están la Judicatura y el Ejército, acercarán a Turquía a las normas de la Unión Europea.
El gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) de Turquía logró ayer el respaldo parlamentario necesario para llevar a cabo una serie de reformas de la Constitución elaborada tras el golpe de Estado de 1980, que serán sometidas a referendo.
El paquete de enmiendas constitucionales recibió el apoyo de 336 de un total de 550 diputados, seis más de los 330 necesarios, pero menos de la mayoría cualificada de dos tercios que habría supuesto su aprobación sin necesidad de ser sometido a consulta popular.
Sólo con los votos de los diputaos que respaldan al Gobierno y el rechazo de la oposición, el Parlamento aprobó, tras dos semanas de intenso debate, el polémico paquete de enmiendas con el que sus críticos afirman que el AKP quiere controlar la Justicia.
Las reformas propuestas, que buscan principalmente limitar los poderes de las jerarquías judicial y militar, las dos instituciones más poderosas del país y hostiles al Ejecutivo, serán sometidas ahora a la aprobación del presidente turco, Abdullah Güll (AKP), que deberá anunciar un referendo, que el Gobierno quiere que se celebre en julio.
Las enmiendas pretenden reformar la estructura del Tribunal Constitucional -aumente de 11 a 17 sus miembros, algunos de los cuales podrán ser nombrados por el Parlamento- y del Consejo Superior del Poder Judicial (de jueces y fiscales) y también limitan la jurisdicción de los tribunales militares y abren la posibilidad a que, en tiempos de paz, los oficiales del poderoso Ejército sean enjuiciados por tribunales civiles por intento de golpe de Estado o delitos relacionados con la seguridad y a que el jefe de las Fuerzas Armadas y sus cuatro adjuntos sean juzgados, en determinados casos, por la Corte Suprema.
El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que las reformas acercarán a Turquía a las normas de la Unión Europea y allanarán el camino a su adhesión, pero sus oponentes las ven como un intento para que su partido se haga con el control de todos los organismos del Estado.
El principal grupo de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), anunció que apelará a la Corte Constitucional de Turquía para bloquear la celebración de la consulta popular. Acusan al Ejecutivo de querer «amordazar» a la judicatura y a la jerarquía militar.
El Alto Tribunal ya ha impedido el avance de varias reformas del AKP en el pasado y existe la posibilidad de que detenga la reforma y el proceso hacia el referendo, lo que, según algunos analistas, podría incitar al primer ministro a adelantar la convocatoria de las elecciones legislativas previstas para 2011.
El fiscal jefe del país, que ya intentó ilegalizar el AKP, afirmó que las reformas no son democráticas, sumándose a quienes acusan a Erdogan de intentar socavar la independencia de la Judicatura e instalar a sus partidarios en los principales puestos de las administraciones judicial y civil.
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