El Año del Bicentenario

Pudiera parecer muy pronto para hablar del Año del Bicentenario, faltan tres años y sabemos que el hoy puede cambiar mucho mañana. Pero no es ocioso irnos al 2025.

La discusión por el Censo nos ha concentrado los tiempos: como si el 2025 fuera mucho más cercano, y lo es —importancia de sobra tiene. Recapitulemos qué ha pasado con el Censo y por qué sus resultados urgen.

El Censo estuvo fijado para realizarse el 16 de noviembre de este 2022: Así se oficializó por Decreto Supremo —el Nº 4546 de 21 de julio de 2021 fijó fecha y lo declaró prioridad nacional. ¿Por qué el 2022? Pues un Censo de Población debe ser realizado cada diez años para tener una “fotografía actualizada” de cuántos somos y cómo estamos y poder proyectar a dónde vamos. Es verdad que los Censos en democracia no cumplieron esa regla: hubo en el 1992, en el 2001 —al filo antes de los 10— y en el 2012 —al filo después.

Como panorama, el director del INE y la ministra con tuición declararon a comienzos de año que todo estaba chalinga —palabras más, palabras menos— para hacer el Censo. Esta afirmación había que creérsela a pies juntillas y como artículo de fe sin demostrar porque no daban pruebas pero como coro griego lo repetían.

Pero como son tiempos de descreimientos y los incrédulos de los sonsonetes pululaban —glosando el dicho popular: “de tanto oírlo, hasta los santos dudan” —, cada vez eran más los escepticismos y menos las credulidades, el Supremo Gobierno llamó a un Consejo Nacional de Autonomías —la misma entidad que desde 2010 nunca hizo aprobar un Pacto Fiscal, a la que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización reconoce como “instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno y las entidades territoriales autónomas”— y, con ausentes que no debieron serlo, se aprobó pasar el Censo para el 2024 “para hacerlo como debe ser” (¿acaso no estaba listo para 2022?, nadie me ha dicho dónde estaba el cuento chino) y un nuevo Decreto Supremo —el N° 4760 de fecha 14 de julio de 2022— lo pontificó, tirando el otro —el Nº 4546— al cesto de los derogados. En fin: que como los Decretos Supremos los hace el Presidente y sus ministros, no es complicado hacerlos ni deshacerlos.

Y acá empezó la sogatira a la boliviana. Un departamento —Santa Cruz— proponiendo Censo en 2023, un Gobierno negando esa posibilidad —que si CEPAL dice no y citando hasta “lo dijeron las once mil vírgenes” (que eran 10.999 menos en verdad)—, Gobernadores callados o aceptando —“opositores”, cuasi oficialistas y oficialistas— y una decena de alcaldes entre que sí y que no. Y así hasta el cabildo —supervisado por el TDE— y la propuesta de paro ciudadano aprobada por aclamación.

No voy a entrar en el paro ni en cómo acabará la sogatira: lo sabremos pronto. Prefiero irme a conocer por qué “si estaba para el 2022” ya “no estaría para el 2023”.

Lo primero es guita: lógicamente, una fotografía dirá cuáles departamentos, municipios y universidades han crecido más y cuáles menos —o decrecido— y eso es repartir la pitanza —léase: llegar a un Pacto Fiscal. Que en 2012, por la demora en resultados y por las descosturas que tuvo no avanzó a pesar de ser Jauja exportadora —pero ya sabemos cómo agarran sus alforjas los nuevos ricos. Y aunque haya poco que repartir —los números y la canasta funden la publicidad oficial—, habría que hacerlo. Pero si el Censo fuera en 2024 y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para el próximo Gobierno —aunque fuera el mismo pero podría haber maná...

Lo segundo es representatividad: a más porcentaje de población, más representatividad (así dice la Constitución), que puede ser por redistribuir lo actual —no gustaría mucho— o aumentar el conjunto para sumar nuevos. Al igual que la guita, conviene a unos y no conviene a otros —y casualmente los emigradores vienen de los departamentos más fieles oficialistas. Pero si el Censo fuera en 2024, y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para las elecciones de 2030.

Y lo tercero —que considero fundamental— es que si hay resultados del Censo en 2024 (censo en 2023 y presión para resultados), sabríamos cuántos realmente seríamos en los percentiles aptos para votar y, entonces, sobre el famoso padrón de 2009, sabríamos —con exactitud— cuántos podríamos votar en Bolivia y con buena aproximación cuántos en cada departamento y municipio —chau acarreos. Pero si el Censo fuera en 2024, y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para las elecciones de 2030 y todo podría suceder en elecciones.

Ya sabremos.