Todo apunta a que, de cara a 2025, el PP se dispone, en el Ayuntamiento de Murcia, a asestar un nuevo palo fiscal a los ciudadanos con una subida del 3,4% al Impuesto de Bienes Inmuebles, al sello del coche y al Impuesto de Actividades Económicas. La iniciativa parte del mismo equipo de Gobierno que, como recordaba en el pleno del viernes el portavoz socialista en la corporación, Ginés Ruiz Maciá, se pasó la campaña electoral pregonando que donde mejor estaba el dinero era en el bolsillo de los murcianos. Es evidente que el PP es un partido experto en tirar de mantras. Desde aquel de que tenía que gobernar siempre la lista más votada, pasando por que la subida del salario mínimo arruinaría la economía, hasta llegar a este que ahora mencionamos.
Cuando en marzo de 2021 prosperó en Murcia la moción de censura del PSOE y Ciudadanos contra el PP, la denuncia era que los populares habían dejado un agujero monumental en las arcas municipales. Y ahora, toda vez que el PP ha vuelto a la Glorieta, los manirrotos dicen que han sido los socialistas en los dos años que estuvieron al frente del Ayuntamiento. En fin, vivir para ver.
Alega el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, que su objetivo es alcanzar el equilibrio presupuestario. Pero qué casualidad que siempre tenga que ser a costa del contribuyente y que este sea el que tenga que resolver las tropelías financieras de nuestros políticos. Porque cada vez que algún responsable público nos cuenta que va a meter la tijera en esto o aquello, o nos habla de que va a desmontar tal o cual chiringuito, hay que echarse a temblar. Baste como prueba el pastizal que se sigue gastando el Ayuntamiento de Murcia en flores y ornamentos -dos millones de euros- e imagino que también lo suyo en cohetería pirotécnica, a la que algunos son tan adictos.
Cuesta entender, por ejemplo, que se intente marear al personal cuando se le dice que, por contraste, la inversión municipal en 2025 será solo de 600.000 euros, como denunció el PSOE, mientras el concejal del área aduce que serán 40 millones de euros. Pero vamos a ver: ¿quién miente? Hasta Vox, el partido que dice defender a la España que madruga y levanta cada día la persiana de sus negocios, ha puesto el grito en el cielo, calificando de brutal esta subida del PP y denunciando que constituye un ataque directo a los murcianos.
El equilibrio de fuerzas, debido a la ausencia del alcalde, José Ballesta, que se recupera de una reciente intervención quirúrgica, precisó que el voto de calidad de la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, deshiciera el empate a 14 votos, ya que PSOE (8) y Vox (6) votaron contra este presunto plan de rescate. El PP cifra en 76 millones de euros el agujero que, aseguran, les dejó el anterior equipo del PSOE y Ciudadanos en solo un par de años. Al tiempo que este último alegó, tras llegar al poder en 2021, que tuvo que enfrentarse al pago de 21 millones como consecuencia de una sentencia condenatoria para el Ayuntamiento, por los convenios de la zona norte del municipio emprendidos en tiempos de la alcaldía de Miguel Ángel Cámara.
Lo cierto es que cuando uno cree que al frente de las instituciones públicas hay personas competentes y capacitadas, se da de bruces con episodios como estos o, aún peores, como el del incendio de las discotecas de Atalayas. Ahora que se va a cumplir un año de aquella dolorosa tragedia, que costó la vida a 13 personas, habrá que recordar que eran locales que seguían funcionando a pesar de que desde enero de 2022 existía una orden municipal de cierre, por incumplir la normativa, y que esta no se ejecutó. Entre tanto, la jueza sigue con la instrucción del caso, aunque veremos en lo que acaba cuanto rodeó a ese cúmulo de despropósitos. No quiero ni pensar que se repita la historia del incendio de la discoteca Flying, de Zaragoza, ocurrido en 1990. Allí murieron 43 personas en un sótano infecto del casco viejo y, tras 20 años de pleitos, nadie fue condenado ni se pagó un solo euro de indemnización a los familiares. Las inspecciones de los técnicos municipales y autonómicos habían dado como válido un sistema eléctrico más propio del siglo diecinueve que de nuestros días. Pues bien: la Justicia solo apreció que no funcionaron correctamente los procedimientos administrativos. Como conclusión, una denigrante sentencia, tan insólita como increíble.
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