El bonobús de la discordia solidaria

Los azotes de la crisis en la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla continúan haciendo estragos. Al área que dirige el concejal Gregorio Serrano López todo se le está convirtiendo en pulgas.
Ayer fueron los trabajadores pertenecientes a la unidades de servicios sociales y de empleo quienes instalaban una acampada en Plaza Nueva, a las mismas puertas del Consistorio, en protesta por la reducción de plantillas y por los recortes que vienen sufriendo y que afectarán a un elevado número de ciudadanos de los barrios más marginados de la ciudad.
Y hoy nos hemos desayunado con que la concesión del bonobús solidario, que se expide para personas en paro o con escasos recursos al objeto de facilitarles la búsqueda de empleo, se ha suspendido hasta nueva orden.
La excusa que esgrimen desde el ayuntamiento es que se ha agotado el la partida consignada al efecto en los presupuestos de este año. Algo tan lógico, como también previsible, dada la situación que estamos padeciendo con respecto al empleo desde que comenzó la crisis.
El Alcalde, Juan Ignacio Zoido, también ha argüido como sustento de la decisión tomada el alto nivel de fraude detectado en el uso de dicho título de viaje. “No hemos podido controlar el fraude con el bonobús solidario”, ha admitido.
Sin cuestionar esta afirmación, porque es cierto que se produce fraude en el uso de la tarjeta de la controversia, conviene poner las cosas en su justo término. Tussam detecta del orden de 60 a 70 usos fraudulentos mensuales del bonobús, es decir, que suponen la apertura de expediente por medio de la Asesoría Jurídica de la empresa de cara a tomar algún tipo de medida disciplinaria. Teniendo en cuenta que el número de tarjetas en uso son alrededor de 12.000, esto significa que el fraude estaría en torno al 1%.
También es justo reconocer que si los sistemas de control de la empresa fueran todo lo rigurosos que cabría esperar de ellos, dicha cifra podría alcanzar las 500 incidencias mensuales, con lo que, aún así, supondría un 4% de las tarjetas en uso. O lo que es lo mismo, que el 96% de los usuarios de dicho título lo estaría utilizando completamente dentro de la legalidad.
El Ayuntamiento ha aducido que el 95% de los fraudes detectados por la empresa se producen con este título de viaje y que el 90% de los que aportan datos falsos para conseguirlo llevan más de un año utilizándolo. Es una clara referencia al equipo de gobierno anterior. Pero desde que Zoido ganó las elecciones, la responsabilidad de la expedición del título y de su control es en exclusiva del equipo actual de gobierno y no se ha hecho nada para revertir tal situación.
Es cierto que hay fraude con el bonobús solidario, como lo es que también lo hay, y bastante, en el uso del Metrocentro, la línea estrella de Tussam. Y parece evidente que es necesario revisar a conciencia los requisitos necesarios para su concesión así como sus normas de uso. Pero esto no puede servir como excusa para justificar la desaparición de un título de viaje diseñado especialmente para quienes peor lo están pasando en una ciudad que está tan azotada por el paro como para contar en sus filas con 250.000 de sus ciudadanos, uno de cada tres.