El caso ERE y su sentencia, una pequeña muestra de la corrupción socialista en Andalucía

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La sentencia del caso ERE que condena a 15 altos cargos del PSOE andaluz entre un total de 21 culpables supone un broche de oro a la historia de la sistémica corrupción socialista en la región. 40 años; que se dice pronto. 40 años en los que un sinfín de delitos por los mismos conceptos han quedado sin castigo porque nadie los ha investigado, y que a estas alturas nadie investigará porque es inútil abrir causas para delitos que habrán prescrito hace tiempo.
Según la sentencia, que se puede descargar íntegra en este link, las condenas están basada en su mayoría en los delitos de malversación y prevaricación. La relación de condenados, según el siguiente artículo de OK Diario fechado ayer, 19 de noviembre de 2019, es la siguiente:
Ok Diario:
Además del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, han recibido penas de prisión en la sentencia de los ERE cuatro ex consejeros y una decena de altos cargos.
Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.
Cuatro ex consejeros de la Junta también han recibido penas de cárcel:
-El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día.
-El ex consejero de Empleo José Antonio Viera y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
-La ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Junto a ellos, han sido condenados el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, 7 años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, 6 años y 2 días de prisión y 15 años de inhabilitación especial.
Por su parte, el ex viceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial.
En cuanto a los ex altos cargos:
-El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta.
–Juan Márquez, también ex director general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
–Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA-IDEA, ha sido condenado a 6 años, 6 meses y un día de prisión y 17 años de inhabilitación especial.
Los ex secretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina, el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, y el ex director de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenados por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.
Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el ex jefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
El hecho de que este exiguo grupo de socialistas haya sido condenado, unos cuantos de ellos a penas de prisión e inhabilitación y otros solamente a penas de inhabilitación, en realidad, no deja de ser una burla y una afrenta para todos los españoles de bien.
No es que esté mal condenar a delincuentes. Es magnífico, sobre todo en los tiempos que vivimos. Pero que apenas unos pocos indeseables personajes reciban su castigo mientras que miles de beneficiarios de la ya tradicional corrupción andaluza siguen libres y disfrutando de lo robado es absolutamente indignante. Como indignante es, si se piensa detenidamente, el hecho de que a un tipo como Cháves, que está retirado de la política, se le condene a inhabilitación para ejercer cargo público. Si esto no es una burla al contribuyente, que me diga alguien qué es. Y siendo que Cháves no es el único político retirado que recibe condena de inhabilitación, lo cierto es que la sensación de vergüenza que uno siente al leer las conclusiones finales de la sentencia es, cuando menos, apabullante.


Según las investigaciones previas a la celebración del juicio, el total del dinero defraudado durante tantos años por estos políticos faltos de principios y escrúpulos podría ascender a unos 2.000 millones de €, prácticamente el triple de los 680 millones aproximadamente a los que se hace referencia en la sentencia como acreditados. Además, lo que ha ido quedando demostrado durante todos estos años de instrucción del caso y tal y como se ha visto reflejado en las sesiones del juicio, el uso indebido de este dinero público no ha sido solo dedicado al enriquecimiento personal de estos bandidos. Otros abundantes gastos tales como compra y consumo de drogas, pago a prostitutas, viajes, u opulentos banquetes también han sido acreditados. Y no se debe dejar de lado que los corruptos que verdaderamente entienden de corrupción, los que han hecho de dicha corrupción su desahogado medio de vida, saben muy bien que un corrupto que quiera mantenerse en su cargo debe corromper a quienes tiene a su alrededor, no solo para satisfacer envidias, sino para asegurarse que éstos no le denunciarán por algo en lo que ellos también han caído. De modo que, ¿quién devolverá al menos alguna parte de esa ingente cantidad de millones que se han desvanecido en el correr de los años? Por supuesto, nadie devolverá nada. Incluso es muy posible que los condenados de mayor edad a penas de prisión, como es el caso del ex Presidente José Antonio Griñán, jamás lleguen a entrar en la cárcel, no solo por su avanzada edad; también porque la condena no es firme y es de esperar que buena parte de los condenados interpongan apelaciones aunque solo sea para retrasar en lo posible el cumplimiento de las condenas recibidas.
La trama socialista de corrupción en Andalucía ha quedado al descubierto, al menos en una pequeña parte. Cualquiera que haya vivido en aquella región y se haya movido un poco por las instituciones y lo público, como fue mi caso hace años, podría testificar que el nivel de podredumbre que alcanzan las administraciones, entremezcladas con el entramado socialista de colocaciones laborales y compra de voluntades, es equiparable al de la mafia siciliana en muchos aspectos. Y seguramente lo más grave de todo ello es que la aceptación del común de la población como algo habitual y hasta deseable es casi total, desde la Andalucía profunda de los olivares, las peonadas y la economía sumergida, hasta las ciudades y pueblos donde el enchufismo en ayuntamientos y otros estamentos es el funcionamiento generalizado en no pocos servicios públicos que, en demasiadas ocasiones, solo trabajan eficientemente cuando sirven a ciertos intereses particulares. Una trama corrupta cuya raíz misma es el criminal y delictivo partido socialista que en 2016 presionaba a la juez instructora para que archivase el caso ERE, cuya sentencia, a día de hoy, ha retratado fielmente lo que en realidad es el PSOE en Andalucía y expone ahora cómo el resto de los socialistas españoles excusan una corrupción cuantitativamente mucho mayor que la del Partido Popular, partido al que condenaron durante años, un día tras otro, por sus conocidos casos también de corrupción que sirvieron de excusa para la moción de censura que llevó al fraude-doctor socialista Sánchez a La Moncloa.
Una vez más, el resultado de la Justicia sabe a poco. Una vez más, asistiremos al triste espectáculo que supone presenciar cómo a muchos de los culpables les sale gratis, o casi gratis, el haber delinquido y haber obtenido un provecho económico que jamás habrían conseguido por sus propios méritos, porque la inmensa mayoría de ellos ni siquiera reunía aptitudes suficientes para ocupar los puestos que ocuparon. Una vez más, veremos a unos excusar a sus delincuentes y a otros recordando lo que los primeros decían sobre otros delincuentes. Y otra vez más, ingentes recursos públicos habrán ido a parar a los bolsillos de unos pocos mientras quienes les encubren de uno u otro modo nos expolian a los españoles con la excusa de mantener unos servicios públicos que no serían tan ruinosos si miles de millones de € no hubieran desaparecido, y si nuestra nación no tuviera que soportar un estado de las autonomías que alimenta a una ingente casta de corruptos que, más allá de la quiebra económica continuada, han arruinado España hasta los cimientos de nuestra sociedad.

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