El caso Indra y los contratos estatales

Salta a la palestra estos días la noticia de que la CNMC ha sancionado a varias empresas y administraciones públicas por el amaño de contratos. Indra redactaba los pliegos informáticos de los servicios de la Agencia Tributaria, por ejemplo, y entre Indra, IBM y Atos se repartían el pastel. En marzo de este año terminó el transitorio de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y ya están totalmente traspuestas las Directivas Europeas al respecto en el ordenamiento jurídico español, con la bondadosa intención de que estos tejemanejes terminen y la cosa sea transparente y límpida.

La realidad es bien distinta, como pueden imaginar. Sobre todo para la administración local, aunque cualquier administración de cualquier tamaño sufrirá las consecuencias de tener que redactar pliegos para casi cualquier contrato, que es lo que ocurre con la nueva Ley. La especificidad de ciertos contratos implica que la administración ha de tener equipos muy bien formados en áreas muy concretas para poder redactar los pliegos por sí misma. Las consecuencias son evidentes. Por un lado, se incrementa el funcionariado, con el sobrecoste para el contribuyente y por otro el avance tecnológico que las propias empresas desarrollan para competir termina por desfasar a este personal, por lo que acaban necesitando de empresas que redacten los pliegos y que sepan de que va el asunto. Un pliego técnico ha de redactarlo alguien que esté perfectamente preparado y sea experto conocedor de las tecnologías que se van a emplear. De esos hay muchos más en las empresas privadas que en el sector público, y al final, como todos tendemos al mínimo esfuerzo (que es la máxima eficiencia) acaban las cosas como acaban.

Cualquier ley de contratación del sector público es inequívocamente una merma en el bolsillo del contribuyente. En aras de la transparencia se crea un monstruo imposible de manejar y es la propia administración la que debe saltarse sus leyes para poder ser mínimamente operativa. Se lo dice alguien que lo sufre día a día, que también redacta pliegos.

Una empresa privada puede incrementar su burocracia interna hasta cierto punto, pues esta tiene un coste que acaba repercutiendo en sus clientes. El sector público o una empresa que trabaja íntimamente ligada a él, como Indra, no tiene por qué. Trasladan estos costes a los Presupuestos Generales del Estado y de ahí a cada uno de nosotros. Mientras la vaca de leche se puede seguir ordeñando. Se trasponen un par de directivas y a funcionar.

Por mucho que se empeñe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la administración pública seguirá necesitando del apoyo de las empresas que acabarán siendo las contratistas para poder preparar los contratos. En ciertos sectores no son tantas y sus servicios son de altísima especificidad. El riesgo a que se repartan el pastel, como ha ocurrido, es casi del 100%. En aquellas administraciones de menor tamaño ocurrirá lo mismo. Pese a incrementar el personal, el Estado se mete en tantos lugares en los que no debería, que nunca alcanza a tener suficientes técnicos preparados para todo. Y en esa espiral estamos. Más funcionarios con más pliegos y contratos para conseguir la misma transparencia cada vez a mayor precio. Suma y sigue.

Publicada en HeraldPost.es