Posiblemente no se tratara de un discípulo aventajado de Winston Churchill, pero en mayo de este año, el diputado de Ciudadanos, Miguel Sánchez, fue visto una mañana transitando absorto por los pasillos de la Asamblea Regional, en Cartagena, con una caja blanca en sus manos. La misma contenía un teléfono móvil modelo Huawei P10 que le habían entregado al comienzo de la legislatura. El parlamento murciano compró en 2015 una partida de estos terminales, para uso de sus señorías, por un precio individual que rondaba los 500 euros. Sánchez pudo quedarse con él al concluir su periodo parlamentario, abonando aproximadamente la mitad de ese importe, pero ni lo había desprecintado, ya que siguió utilizando el suyo personal a lo largo de esos cuatro años. Tampoco hizo uso de la línea telefónica ni, como confesó entonces en su cuenta de Twitter, pasó gasto alguno por dietas o kilometraje en todo ese tiempo.
Miguel Sánchez, que había ostentado la portavocía de su grupo en esa legislatura finiquitada, confesaba que había acudido ese día al edificio del Paseo de Alfonso XIII para devolver el terminal y, sobre todo, para despedirse de la letrada y del camarero de la cafetería. “Voy a echar de menos aquello”, concluía en un tuit. A Sánchez lo habían fulminado para dar paso a otras personas francamente mejor posicionadas en la renovada candidatura de Cs. No solo a él; también a Luis Fernández o Miguel López-Morell, exparlamentario este último que, el pasado fin de semana, publicaba un agridulce artículo en el diario ‘La Verdad’ en el que se lamentaba de que “queríamos ser los campeones de la lucha contra la corrupción, de la eficiencia y de la transparencia y hemos convertido al partido en un proyecto cargado de contradicciones y opaco”. Solo sobrevivió Juan José Molina, que sí repitió en la lista, ostentando en la actualidad la portavocía de los naranjas en la Asamblea Regional.
Sánchez se marchó ese día a su casa dispuesto a retomar su profesión de abogado. Semanas después, alguien desde la dirección en Madrid cayó en la cuenta de que había que compensarlo por los servicios prestados. Y lo propusieron como senador autonómico, por encima de cualquier candidato que tuviera comprometido el PP, siendo elegido al hacer valer Cs el apoyo que ambos partidos se prestan en el gobierno de coalición.
Este martes, el colega Gregorio Mármol nos revelaba que la Mesa de la Asamblea Regional decidió tiempo atrás adquirir nuevos terminales telefónicos para los 45 diputados. La operación supera los 100.000 euros y se adquirirán diez más en previsión de posibles altas y bajas, robos, pérdidas o desperfectos. Todo indica que no serán del mismo fabricante que en la anterior ocasión ya que, según fuentes parlamentarias, los aparatos chinos dieron muchos problemas. A los nuevos móviles, que se asegura serán “de alta gama”, por importe de unos 1.000 euros por cabeza, habrá que unir sendas tabletas, por unos 860 euros cada una. El argumento para dotar a los diputados de tamaña tecnología es digno de una viñeta del mejor Forges: para facilitarles “el trabajo deslocalizado y el no ser esclavos de un emplazamiento con un ordenador desde el que realizar sus funciones”.
El ‘capricho’ no ha caído nada bien entre una ciudadanía que no termina de entenderlo, en tiempo donde aún se le insta a recortes y sacrificios, pero que sí comprende que para determinados dispendios oficiales siempre hay partidas disponibles. Ello, en una semana en la que también trascendió que el presidente de la cámara, Alberto Castillo, tiene la intención de que la Mesa celebre reuniones itinerantes por los 45 municipios de la Región para “acercar la institución a los ciudadanos”. Se trata de algo bastante comprensible ante el clamor general que se detecta entre los habitantes de esta tierra por ver de cerca y poder tocar a los próceres legislativos. A mí, lo confieso, no me importaría que sistemáticamente se citaran en Aledo, Cehegín, Ojós, Mazarrón, Yecla o Beniel; pero propongo que, para dar ejemplo, lo hicieran como lo hizo Miguel Sánchez durante los cuatro años en que ejerció su cargo de diputado: sin cobrar un kilómetro ni pasar una sola dieta a los servicios administrativos del parlamento. ¿A que no tienen lo que hay que tener…?
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