Para que nos enteremos, resulta que era cierto que había fraude en el cobro de daños, y también era cierto que había ganaderos que compraban potros en Galicia a precios irrisorios para soltarlos en el monte con la intención de que los mataran los lobos y así hacer negocio cobrando los daños. También era cierto que había unos cuantos ganaderos, nada menos que 38, que llevaban varios años cobrando más de 26.000 euros anualmente por daños sin haber levantado sospechas, incluso algunos que han solicitado indemnizaciones por ataques de lobos para la totalidad de su cabaña ganadera, o sea, que teóricamente el lobo les mataba todos los animales todos los años.
Habría que sumar a todo esto los más de 200 ganaderos a los que la Fiscalía acusó de un fraude que podría ser constitutivos de un delito de estafa continuada, por cobrar el mismo daño dos veces: por una parte cobraban de la Administración y por otra del seguro. Y lo que es peor, la propia ex-consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, admitió que conocían ese fraude desde 2011, y no fue hasta finales de 2013 cuando la Guardia Civil inició su investigación gracias a la denuncia de dos ONGs. O sea, que a pesar de conocer dicho fraude, la Administración asturiana no lo denunció.
Denuncia de ASCEL en 2003 sobre los fraudes en el cobro de daños (LNE, 23/08/13)Lo más curioso de todo es que estos hechos han sido denunciados en reiteradas ocasiones tanto por los agentes medioambientales como por varias ONGs sin que la administración se dignara a investigar lo que estaba sucediendo. Sencillamente pagaba y no preguntaba. Y no está mal recordar que se llegó a abrir un expediente a un un agente de medio ambiente por comentar precisamente todos estos casos. También habría que recordar que esa denuncia fue finalmente archivada por la Fiscalía, por la sencilla razón de que no había nada punible en unas declaraciones emitidas a título personal que lo único que hacían era repetir lo que el mismo agente ya había denunciado ante sus superiores.
Ante la próxima publicación del mencionado decreto, hay algunas cuestiones que la administración asturiana debería aclarar, una vez admitida la existencia de unos fraudes, que ni mucho menos parecen ser unos pocos casos puntuales.
1) A todos esos "pícaros" confirmados, ¿se les va a sancionar como a cualquier otro estafador? ¿Van a devolver el dinero cobrado fraudulentamente y pagarán además de los consiguientes intereses? No está mal recordar que el dinero abonado por esos daños fraudulentos es dinero público que todos pagamos con nuestros impuestos, un dinero que de no haber sido estafado podría haber servido para financiar otros servicios públicos.
2) ¿Se exigirán responsabilidades a los funcionarios o cargos públicos que han avalado los pagos por unos daños fraudulentos después de ignorar reiteradamente las denuncias de los agentes medioambientales que alertaban de dicho fraude?
3) ¿Se disculparán los responsables de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con los agentes expedientados, con los biólogos y con las asociaciones y grupos ecologistas que denunciaron estas prácticas fraudulentas durante años y fueron por eso tachados de "mantener posturas drásticas" respecto al lobo?
4) Si cobrar un daño fraudulentamente es un delito de estafa, ¿por qué es necesario un protocolo para evitarlo? ¿no debería actuar directamente la justicia ordinaria con los responsables de esos fraudes como haría con cualquier otro estafador?
5) ¿Se seguirá con las matanzas oficiales de lobos en Asturias después de confirmarse la existencia de un fraude que sin duda ha inflado las cifras reales de daños en Asturias?
6) ¿Por que la Administración asturiana, siendo conocedora del fraude del doble cobro de daños en 2011, no lo denunció ante la fiscalía y tuvimos que esperar a que dos ONGs lo hicieran? Es más, ¿por qué solo al empezar a actuar el Seprona en 2013 se facilitaron los datos y expedientes que había solicitado la Guardia Civil?. También sería necesario que se aclarara si una vez conocida la existencia de dicho fraude en 2011 se siguieron pagando doblemente esos daños hasta 2013, tal como parece desprenderse de las declaraciones de la ex-consejera de Agroganadería.
7) ¿Dónde están los resultados de la investigación de los casos de lobos decapitados y colgados de las señales que la fiscalía lleva investigando desde 2016?
No conviene olvidar que atribuir fraudulentamente daños al lobo no es algo nuevo ni mucho menos y que ya en en el año 2000, el director adjunto del Parque Nacional de Picos de Europa fue condenado por tratar de hacer pasar por daños de lobo la muerte de dos yeguas muertas a tiros. Y como vemos, la historia se repite.
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