El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario

Con la ayuda de la Unión Europea, los especuladores han empujado al Gobierno a solicitar un crédito multimillonario para sanear la banca. Las condiciones del préstamo continuarán hundiendo la economía y, posiblemente, obliguen a la petición de un rescate total o parcial del Estado.

• El colapso económico español (1). De repente, somos pobres  
• El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica
• El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
• El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”

Como ya se destacó en otro artículo de este blog, el sistema bancario español se encuentra prácticamente descapitalizado. Debido a las enormes deudas que contrajeron mientras inflaban la burbuja inmobiliaria, los bancos han restringido notablemente el crédito a las empresas y las familias, a pesar de que reciben dinero procedente del BCE al 0,75% de interés. La rebaja de los tipos de interés realizada en julio por parte del BCE permitirá a la banca española ahorrarse unos 700 millones de euros al año, pero no ayudará a resolver las dificultades que tienen los empresarios para conseguir un crédito. Mientras, las entidades financieras siguen contabilizando las viviendas en su poder al precio artificial que impusieron para aumentar los beneficios, y esta es la principal causa de los ataques especulativos que recibe nuestra economía. Ante esta situación, la Unión Europea insistió al Gobierno en la necesidad de un rescate bancario. Y, mientras este se debatía en los parlamentos de varios países europeos, el gobierno español negaba que fuera a producirse. A pesar de los más de 100.000 millones que el Estado inyectó en los bancos al inicio de la crisis, la mayoría de los inversores apuestan a que el agujero económico de sus balances es mucho mayor al declarado. Además, está a punto de ponerse en marcha un “banco malo”, que no es otra cosa que una entidad con participación pública que recomprará a las entidades privadas los productos financieros más inseguros, es decir, las viviendas, el suelo y los créditos inmobiliarios cuyo cobro resulta más complicado. Esto es a lo que se denomina “activos tóxicos” en el lenguaje financiero.  De esta manera, los bancos se desprenderán de una pesada carga en sus balances y los ciudadanos asumiremos parte de unas pérdidas más que probables, debido a la diferencia entre el precio de la futura venta de dichos activos y el que los bancos le pusieron durante el boom inmobiliario. “En teoría, dentro de algunos años, los precios de las viviendas volverán a subir y el “banco malo” podrá recuperar el dinero. Mientras tanto, esta operación consiste en rescatar a los bancos con dinero público”, destaca Alberto Sicilia. Desde el gobierno se nos dice que, una vez que las entidades financieras se desprendan de estos activos, el crédito volverá a fluir en la economía. Algo que no es cierto, porque algunas de ellas apenas cuentan con activos inmobiliarios “tóxicos” y también han decidido restringir los préstamos para pagar las deudas contraídas en el exterior. “Los bancos han obtenido los beneficios más elevados de toda nuestra economía pero los han obtenido arruinando a miles de empresas, destruyendo millones de empleos y facilitando el fraude fiscal y la corrupción política. Ahora, su situación se hace insostenible y tratan de que la paguemos los demás”. Juan Torres A pesar de haberlo negado durante meses, la alarmante situación de los bancos obligó al Gobierno a anunciar el pasado 9 de junio un acuerdo con las autoridades europeas para recibir un crédito de hasta 100.000 millones de euros -el 10% de la riqueza que se produce en el país durante un año- destinado a recapitalizar los bancos. Solamente para ellos, como si no hubiera familias a las que ´rescatar´. Bien es cierto, como afirmó el ejecutivo, que el préstamo incluye mejores condiciones (un 3% de interés) que las ofrecidas por los mercados financieros en los últimos años. Pero a cambio, y esto no lo reconoce el Gobierno, hemos perdido la escasa soberanía económica que nos quedaba. En opinión de Vicenç Navarro y Juan Torres, “el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán”.  De la cantidad total solicitada a Bruselas, el sistema bancario necesitará, supuestamente, algo más de la mitad para estar saneado, según el resultado de la auditoría realizada por la consultora norteamericana Oliver Wyman, que concluyó que la banca española requiere 53.745 millones en el peor de los escenarios posibles. Por este motivo, el Gobierno estima la posibilidad de pedir sólo 40.000 millones, contando con que las entidades consigan captar el resto de fondos mediante otras vías ajenas a la ayuda estatal.  Sin embargo, poco después de la publicación de dicha auditoría, comenzaron las dudas acerca de las cifras ofrecidas. La agencia Moody´s estima que las necesidades de capital de la banca española se encuentran entre los 70.000 y los 105.000 millones de euros. El economista Juan Torres ha explicado exhaustivamente los errores e incongruencias del test realizado a la banca, y concluye que las cuentas de dicho estudio “están trucadas”, ya que se ha tenido en cuenta un escenario bastante más favorable al que las entidades están sometidas en la actualidad.“[Los mandatarios] tienen previsto darle a los banqueros lo que haga falta para salvarlos y ya han decidido que el dinero lo pongamos la gente normal y corriente. Y punto. Si hace falta inventarse continuamente números, informes y mil excusas, se inventan”, señala Torres.  Sea como fuere, el crédito europeo irá dirigido a pagar las deudas que nuestros bancos tienen con otras entidades europeas. Estas últimas serán las verdaderamente rescatadas en esta operación. Aunque la banca será quien pague los préstamos en última instancia, hay que dejar claro que el rescate se concede al Estado, y que deberá ser éste quien responda ante las autoridades europeas. Si los bancos no pagan, seremos nosotros quienes lo hagamos. “No son los bancos quienes piden el dinero prestado a Europa, se comprometen a devolverlo y pagan los intereses. Es España, a través de una entidad pública: el FROB. La mayoría de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB –no los podrían devolver–, sino inyecciones de capital”, destaca Ignacio Escolar. Esperando la llegada del primer tramo del préstamo en noviembre, el gobierno se ha adelantado para inyectar 4.500 millones de euros más en Bankia, una compañía que se mantiene a flote gracias a la intervención estatal, y también va a aportar otros 400 millones a diversas entidades nacionalizadas tras la crisis del ladrillo.  “Un banco manda a la calle por desahucio a miles de familias. Ese mismo banco pierde miles de millones de euros, y ahora, esas mismas familias, con sus impuestos, tendrán que pagar la estafa”.Álex de la Iglesia Diversos autores han destacado que este rescate no solucionará ninguno de los problemas que sufre actualmente la economía española, ya que las entidades financieras prefieren sanear sus balances a costa de especular con la deuda pública en lugar de prestar. Como destaca Juan Torres, “los bancos que ahora dan préstamos al 10% o al 12% a empresas productivas, o que cobran tipos de hasta el 31% para el crédito asociado a tarjetas o a exceso de límites, tienen a su disposición en el Banco Central Europeo todo el dinero que quieran al 0,75%”. “El rescate es, en realidad, un incentivo perverso para que los banqueros sigan actuando irresponsablemente: cuando caigan los levantará el Papá Estado al que tanto critican cuando a los que ayuda son los de abajo”, añade. El crédito hará subir la deuda pública un 10%, y los intereses del mismo computarán como un aumento del déficit público (en un 3%), lo cual seguirá complicando la financiación del Estado y las empresas, además de servir como excusa a la UE para solicitar más recortes. Mariano Rajoy había negado que este préstamo fuera a aumentar la deuda y el déficit público. Posteriormente, la presión de los mandatarios de Francia, España e Italia hizo ceder a Angela Merkel, que aceptó la recapitalización directa de los bancos por parte del fondo de rescate europeo, de manera que este préstamo dejaría de computar como deuda pública cuando dicho acuerdo entre en vigor, fecha que se desconoce. Sin embargo, la opción de que el Estado deje de cargar con el rescate en su deuda pública “sólo será posible en el futuro”, según impuso la canciller alemana en la última cumbre europea. Así, el Estado seguirá cargando con un préstamo que aparecerá en sus cuentas.  En un primer momento, el Gobierno y sus medios afines intentaron hacernos creer también que esto no es un rescate, eliminando dicha palabra de su vocabulario. En cambio, usaron términos como  “recapitalización”, “préstamo en condiciones favorables”, “línea de crédito”, “rescate blando”, etc. Quizá lo hicieran para borrar de nuestra conciencia que estamos pagando las deudas bancarias mientras los mandatarios recortan nuestros derechos e hipotecan el futuro del país. Han llegado, incluso, a vendernos el rescate como algo bueno para el país. "Las noticias que traemos hoy son positivas", destacó Luis De Guindos en rueda de prensa. A algunos medios de comunicación, incluso, les faltó poco para celebrar el préstamo. “España despeja el rescate”, titulaba La Razón.“El Gobierno se apunta, pues, el éxito de haber puesto a toda la UE de acuerdo en prestar dinero a la banca española sin que la medida afecte a la autonomía de España en la gestión económica”, añadía este diario en su editorial.  También intentan convencernos de que esta ayuda no obligará a la adopción de nuevas medidas de ajuste. Tras el acuerdo de recapitalización directa de la banca, Mariano Rajoy negó la existencia de condiciones en la política económica por parte de la Unión Europea. “No hay condiciones macroeconómicas”, declaró el presidente del gobierno. El ministro De Guindos también insistió en este sentido, al señalar que “las condiciones se les imponen a los bancos, no a la sociedad española, no en el ámbito fiscal, ni macroeconómico, ni supondrá ajustes estructurales”, añadía De Guindos al anunciar el acuerdo con Bruselas. “No habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales”, afirmó también. “España financia a la banca sin condiciones para España”, titulaba la portada de ABC el 10 de junio. “El proyecto reformista de Rajoy, en sólo seis meses de gestión de gobierno, ha sido capaz de enderezar un rumbo gestado por el anterior Gobierno socialista que nos abocaba al precipicio del rescate y aportar la suficiente solvencia para demostrar a Bruselas que ni somos Grecia ni nuestra economía necesita ser intervenida, ni existirá más supervisión que la que afecte a la propia banca”. Editorialdel 10 de junio en el diario La Razón.  La Unión Europea no tardó mucho en desmentir la ausencia de condiciones y asegurar que vigilará la adopción de las medidas reclamadas. “Revisaremos de cerca y regularmente los progresos en estas áreas, en paralelo con la asistencia financiera”, indicaba el comunicado del Eurogrupo. Para asegurarse de que las “reformas” se llevan a cabo, el dinero será entregado a plazos, igual que en el resto de rescates. El presidente del BCE, Mario Draghi, también llevó la contraria a Rajoy al declarar que las condiciones del saneamiento bancario y la compra de deuda de los países en apuros implicarán irán “acompañadas de una condicionalidad estricta”. Además, en el texto del acuerdo alcanzado con la UE se subraya que la ayuda al sector financiero incluirá “la condicionalidad adecuada”, bien únicamente a los bancos “o a escala de toda la economía”.

Las consecuencias
Aunque las condiciones no serán tan duras como las que sufren Portugal, Irlanda y Grecia, se trata de un rescate en toda regla.El dinero que se reciba irá destinado a tapar el enorme agujero de pérdidas y no a que los bancos presten, como había afirmado De Guindos: “ayudará a las familias”. “Servirá para que vuelva a fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo”, añadió el ministro. “Hoy, las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10% del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito”, destaca Vicenç Navarro.  Tras haber señalado por activa y por pasiva que el rescate no conllevará condiciones para la política económica, el presidente Rajoy declaró posteriormente que su gobierno tomará  próximamente medidas “difíciles”, reconociendo implícitamente que nos mentía cuando afirmaba lo contrario. El caso es que, a cambio del rescate de nuestra banca, Bruselas está aumentando la presión para que el gobierno acometa las reformas que tanto reclama Alemania: elevar el IVA, establecer un copago sanitario, rebajar el sueldo de los funcionaros, recortar las pensiones y reducir las prestaciones por desempleo (menos beneficiarios y menos dinero para ellos).  Algunas de estas medidas ya fueron anunciadas dentro del ajuste de 65.000 millones de euros que el gobierno llevará a cabo hasta 2014. El resto se irán aplicando próximamente y suponen una condición previa para el segundo rescate, el del Estado, que seguramente llegará pronto. “Además de estos cuatro duros recortes que se barajan, prepárense también para la pedrea: tasas, copagos, peajes, privatizaciones”, vaticinaba entonces Ignacio Escolar. Y es que, ante la presión recibida en la cumbre del Eurogrupo en Chipre, el ministro Luis de Guindos adelantó que el gobierno implementará próximamente “un nuevo plan nacional de reformas”. En este puede que se incluyan otras medidas que Bruselas, los ministros de Economía europeos y el FMI llevan tiempo solicitando, como el aumento de las tasas en Educación, el despido de empleados públicos o la paralización de proyectos de infraestructura. Así, el ejecutivo lleva meses recibiendo indicaciones para reducir todos los gastos públicos y destinar la mayor parte posible del presupuesto al pago de la deuda, olvidando el bienestar de la población. Los recortes en servicios públicos como la sanidad o las pensiones tienen como objetivo desincentivar su uso y favorecer la gestión privada de los mismos, lo cual impide el acceso de la población más vulnerable y necesitada. Mientras, el golpe a los funcionarios podría llegar aún más lejos,ya que el ejecutivo está estudiando cómo reducir el sueldo de los empleados públicos e, incluso, se ha planteado la posibilidad de despedir a algunos de ellos.  La reforma laboral aprobada por el gobierno popular ya abrió el camino para los despidos colectivos en la Administración, y el ejecutivo acaba de poner en marcha un mecanismo para reducir el “personal laboral contratado” y los trabajadores de las empresas públicas, que suman unos 840.000 trabajadores, casi un tercio del total de asalariados a cargo del Estado. Para ello, sólo es necesario que las administraciones o empresas públicas acrediten “insuficiencia presupuestaria”, es decir, una reducción de, al menos, el 5% de sus recursos económicos durante un año o del 7% en los dos últimos ejercicios. Unos requisitos que ya cumplen gran parte de los organismos público. Además, según Libertad Digital, el gobierno del PP pretende reducir el peso del sector público en el PIB desde el 43,6% actual al 35%. Este recorte de plantilla podría afectar a unas 300.000 personas, entre las que se incluyen los trabajadores de las empresas públicas, los interinos y el resto de trabajadores de la Administración. Un enorme ajuste del que sólo se librarían los funcionarios que accedieron a su puesto mediante oposición. Asimismo, en próximas fechas nos esperan subidas en el precio del gas, el agua, los impuestos especiales, etc. El gobierno ha permitido también, por enésima vez, que las compañías eléctricas incrementen el precio de sus tarifas. Entre 2006 y 2011, esta permisividad provocó que el recibo de la luz se encareciera en un 70%, mientras los sueldos se mantenían inmóviles. Como consecuencia, tenemos un precio superior al de la media europea: 0.15 euros por kilovatio frente a 0.12. En opinión de Josep Manuel Novoa, tenemos la electricidad más cara de Europa y también del mundo, “excepto Chipre y Malta que no son puntos de referencia”, a pesar de la enorme diferencia salarial con muchos países del mundo desarrollado.   Además, nuestro Estado es el único que mantiene con las empresas de electricidad una deuda que no hace más que crecer: supera los 24.000 millones de euros y puede incrementarse durante este año en otros 5.000 millones. Dicha deuda se debe al llamado déficit tarifario, que es la diferencia entre el precio que pagamos y al que las empresas dicen que les cuesta producir la energía. “No hace falta ser un experto o un lumbreras para deducir que si la tarifa española es la más cara de Europa y a la vez del mundo y lo que pagan los consumidores no llega a cubrir el coste en un desfase de miles de millones. Algo falla. No obstante, las compañías eléctricas tienen esplendorosos beneficios”, destaca Novoa.  Este autor también critica en otros artículos cómo nuestros gobernantes han permitido en las últimas décadas que las compañías incrementen continuamente los precios mediante numerosos conceptos que enmascaran un enorme robo a la ciudadanía. “Se ha llegado a inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear, protocolo (…)”, señala Josep Manuel Novoa. Próximo artículo: El colapso económico español (y 6): ¿Rescatar al país?