El Congreso de los EE.UU hablo alto y claro. Queda terminantemente prohibida la participación de militares cubanos en ejercicios conjuntos con EE.UU para los cuales se necesiten utilizar fondos públicos.
La medida queda bien clara. Forma parte del cuerpo de la ley de Autorización de Defensa Nacional, dictada por el senado y la cámara de representantes.
El Secretario de Defensa de EE.UU. no puede utilizar fondos para ninguna actividad con militares cubanos hasta tanto no se cumpla con ciertas condiciones y se consulte al Secretario de Estado y al Director Nacional de Inteligencia.
Las condiciones no pueden ser más específicas. Consignan que se impone que los militares cubanos dejen de cometer abusos y de violar los derechos humanos de los activistas civiles de todos los ciudadanos y que dejen de proveer inteligencia militar, entrenamiento de armas, planificación estratégica y seguridad logística, a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela.
Además el documento exige que los militares cubanos y otros fuerzas de seguridad cubana dejen de perseguir, intimidar, arrestar, encarcelar y asesinar a disidentes y miembros de organizaciones religiosas, además de que el gobierno suspenda sus reclamos de recuperar el territorio de la Base Naval de Guantánamo, que administra el gobierno de EE.UU.
La medida exige explícitamente no asignar fondos a ninguna cooperación con militares cubanos hasta que los oficiales cubanos acusados de asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996, durante el incidente de las avionetas de Hermanos al Rescate, sean entregados a la justicia estadounidense.
No obstante, habrá excepciones a las disposiciones descritas por la ley si se trata de operaciones relacionadas con desastres humanitarios, asignaciones para el trabajo de la Embajada de Estados Unidos y la Base Naval de Guantánamo, así como toda actividad encaminada a fomentar la democracia en Cuba, según lo establece la ley Helms-Burton de 1996.
Con información de Cubanet.
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