Revista Salud y Bienestar
El Consejo de Gobierno ha aprobado el 26 de julio el proyecto de la Ley de Salud Pública, que se someterá al debate a la totalidad en el Parlamento andaluz después del verano. Entre las principales novedades del texto del proyecto de la Ley de Salud Pública de Andalucía, figuran que los planes y programas de la Junta de Andalucía así como los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que afecten a áreas urbanas especialmente desfavorecidas, las actividades y obras, tanto públicas como privadas, requerirán para su aprobación de un informe que evalúe su impacto en la salud colectiva.
La finalidad de esta norma es continuar mejorando la salud de la población desde una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción. Así, este proyecto introduce la visión de la salud colectiva como eje transversal de las políticas, da un paso en la visión de la salud, dejando atrás el carácter asistencial y abundando en la prevención y promoción. Además, garantiza derechos colectivos y establece obligaciones ciudadanas.
La nueva normativa, cuyo desarrollo está recogido en el Estatuto de Autonomía, pretende que cada política e iniciativa (de empleo, vivienda, deportes, innovación, educación, urbanismo…) incorpore la implicación de la salud colectiva y beneficie a la ciudadanía, garantizando la equidad generacional, un principio normativo por el que cada generación tendrá la obligación de asegurar la salud colectiva y que el entorno que la posibilita se mantenga y mejore en beneficio de las futuras generaciones.
Asimismo, el proyecto de ley incluye la opción de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias y posibilita el derecho a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sobre las materias, condiciones y elementos necesarios para su producción, distribución y comercialización.
La Consejería de Salud gestionará la salud pública a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, y creará el Centro de Investigación (que funcionará en red) y el Observatorio de la Salud Pública de Andalucía.
**Consejería de Salud
La finalidad de esta norma es continuar mejorando la salud de la población desde una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción. Así, este proyecto introduce la visión de la salud colectiva como eje transversal de las políticas, da un paso en la visión de la salud, dejando atrás el carácter asistencial y abundando en la prevención y promoción. Además, garantiza derechos colectivos y establece obligaciones ciudadanas.
La nueva normativa, cuyo desarrollo está recogido en el Estatuto de Autonomía, pretende que cada política e iniciativa (de empleo, vivienda, deportes, innovación, educación, urbanismo…) incorpore la implicación de la salud colectiva y beneficie a la ciudadanía, garantizando la equidad generacional, un principio normativo por el que cada generación tendrá la obligación de asegurar la salud colectiva y que el entorno que la posibilita se mantenga y mejore en beneficio de las futuras generaciones.
Asimismo, el proyecto de ley incluye la opción de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias y posibilita el derecho a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sobre las materias, condiciones y elementos necesarios para su producción, distribución y comercialización.
La Consejería de Salud gestionará la salud pública a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, y creará el Centro de Investigación (que funcionará en red) y el Observatorio de la Salud Pública de Andalucía.
**Consejería de Salud
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