El convenio de las farmacéuticas y otras bicocas…

     Dolors Montserrat, ministra de Sanidad  y Cristóbal Montoro, de Hacienda.“El gobierno –publica Kaosenlared– es un instrumento de las farmacéuticas, como lo es de la banca, de las grandes multinacionales, de los más ricos… Ahí está el ejemplo de los medicamentos para confirmarlo. Los medicamentos –que deberían ser de fabricación y distribución públicos y gratuitos puesto que la salud es un derecho básico– son un enorme negocio en manos de un puñado de grandes farmacéuticas. El gobierno obliga ahora a las autonomías a establecer convenios con la patronal farmacéutica para recibir la financiación estatal. Un negocio redondo y asegurado”. El pasado domingo, Raúl Rejón titulaba en Eldiario.es: “El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas”. En el mismo, se hacía hincapié en que el Gobierno de Mariano Rajoy obligó a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. El Ministerio de Hacienda introduce de esta forma un nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria.  Es un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal. Avalado por el Ejecutivo, el mensaje es tan claro y directo como persuasivo: “Gasta en estos productos porque, si vas a otras alternativas, serás penalizado”. Si el gasto es inferior a lo que Hacienda permite a las comunidades –la regla de gasto– se prevean “incentivos” para el sector. “Pero no de forma automática. Eso ya ocurrió en 2016 y no se aprobó incentivo alguno”, aclara Hacienda que considera el convenio “positivo, ventajoso y una garantía de control del gasto”. El documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria. Y, aunque el acuerdo recoge literalmente que “se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen”, mostrando así su carácter voluntario, Hacienda utiliza el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar el convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación “para los dos primeros trimestres de 2017”, según explicaciones de Hacienda.  
Vanessa López “El precio de los fármacos se fija de forma arbitraria y nada tiene que ver con los costes reales de investigación”.Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana advierte que esta obligación “pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación”. Por su parte, el Gobierno cántabro entiende que se trata de un acuerdo “ausente de transparencia” y que no es oportuno que el FLA “esté ligado a adherirse a un convenio entre la Administración y la industria farmacéutica”. Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el compromiso con Farmaindustria por lo que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se convierte en una obligación de compensar a esos laboratorios por no llegar al nivel comprometido. “Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, explica que “el convenio entre el Gobierno y Farmaindustria está enfocado para mantener el gasto farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante”. Y pone el ejemplo de que “el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con medicamentos nuevos”. Otras de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto cuesta con este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números suelen reflejar que el producto de marca es más caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose. López dice que muchos de los medicamentos de marca “tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%”. Un precio se decide de una manera, al menos, poco transparente. Y es el Gobierno quien ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. “El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones”, analiza López. Su incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los propios laboratorios de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están llevando a cabo una investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios).
    Para María Luisa Carcedo, diputada nacional y secretaria de Bienestar Social del PSOE, se trata de una especie de chantaje.El PSOE considera que la imposición a las autonomías de firmar el acuerdo, creado por el Gobierno con las farmacéuticas, para acceder a la financiación del FLA, es “una especie de chantaje”. Así lo califica la secretaria de Sanidad del partido, la senadora Luisa Carcedo. “No son maneras de establecer relaciones institucionales”, explica Carcedo respecto a la manera en que el Ministerio de Hacienda incluyó la condición de adhesión al convenio con Farmaindustria para recibir ayuda económica. “No se trata, además, de una transferencia o una cofinanciación, es facilitar un acceso al crédito”, abunda la senadora. Carcedo reseña que esta condicionalidad sobre el Fondo de Liquidez Autonómico “incide directamente en una de las competencias más esenciales de las comunidades autónomas como es crear el presupuesto en general y el destinado a sanidad en particular”. En este sentido, la senadora afirma que “a la hora de abordar el gasto farmacéutico lo importante es que haya un buen destino para los medicamentos, que se utilicen de manera racional y se aplique correctamente todo el arsenal farmacéutico. Esos deberían ser los criterios más que ajustar ciertas partidas presupuestarias. En lugar de tener una relación estrecha para coordinar las competencias estatales y autonómicas se recurre a esa especie de chantaje”.  
     Marta Sibina, la diputada de En Comú Podem, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Cantabria tacha de “ausente de transparencia” el Convenio de Colaboración firmado entre Farmaindustria y la Administración General del Estado  –Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– al que el Gobierno de España le “obligó a adherirse” para recibir la financiación establecida a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La Consejería de Sanidad asegura que el contenido del acuerdo “no se corresponde con los objetivos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y racionalización del gasto farmacéutico público. No nos parece oportuno que un mecanismo de financiación como es el FLA esté ligado a que las comunidades autónomas se adhieran o no a un convenio firmado entre la Administración con una patronal de la industria farmacéutica”, reprochan desde este departamento.  Ante este panorama, el grupo parlamentario de Unidos Podemos En Común En Marea ha presentado en el Congreso una batería de preguntas cuestionando al Gobierno sobre este asunto. “¿Qué motivos llevan –cuestiona– a asegurar unos ingresos constantes a la industria farmacéutica a expensas de fondos públicos?”. El escrito analiza que “se está utilizando la adhesión al convenio como condición necesaria para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico (...), es decir, para limitar las herramientas de financiación que sirven para mantener y mejorar los servicios públicos fundamentales”. Y Marta Sibina, la diputada de En Comú Podem que firma las preguntas, solicita qué “medidas de transparencia en materia de precios de medicamentos tiene previsto implantar el Gobierno?”. Una de las consecuencias que las administraciones afectadas por la exigencia de Hacienda describen es el freno a los fármacos genéricos a la hora de planear el gasto público. En este sentido, el cuestionario para el Ejecutivo también incide en saber si existen medidas “para promover el uso de medicamentos genéricos”. Y remata con una cuestión sobre los presupuestos de tratamientos innovadores, los más costosos: “¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para asegurar que no tendrá que recurrir a fondos extraordinarios de financiación?”. Por su parte, el PSOE también ha reaccionado a este asunto y ha calificado el acuerdo como  “una especie de chantaje”.
       Carmen de Aragón y Francisco Javier Fernández, presidente y vicepresidenta de la Comisión de Sanidad del Senado PP.
Raúl Rejón informa en Eldiario.es de que la compañía estadounidense Amgen pagó la visita de un grupo de senadores del PP y el PNV y tres parlamentarios andaluces de Ciudadanos a las instalaciones que la farmacéutica tiene en Irlanda. La comitiva partió el pasado lunes para ver de primera mano la planta de biosimilares que Amgen posee en Dublín, según describen fuentes cercanas a la expedición. “Esta visita se produce en medio de las reclamaciones del sector para alcanzar una normativa específica para estos fármacos. La empresa confirmó la organización de ‘una jornada de formación sobre el desarrollo y producción de biosimilares con un grupo de decisores del ámbito de la salud en España’. Seis senadores del Partido Popular de la comisión de Sanidad y Servicios Sociales y tres diputados regionales de Ciudadanos se desplazaron”. Los senadores se limitaron a decir que acudieron a “un seminario científico”  y “conocer la planta” que no existe en España. En la invitación escrita, remitida a los parlamentarios, se especifica que este seminario tiene como “objetivo, sensibilizar sobre la necesidad de que el futuro mercado de biosimilares sea sostenible, fiable y competitivo”. Y añade que la farmacéutica “tiene un firme compromiso con España y Europa donde lanzará su primer biosimilar antes que en EEUU”. Fuentes de la compañía explican que esta visita responde a que “actualmente, en España se está desarrollando un amplio debate sobre la necesidad de una regulación específica en el campo de los medicamentos biológicos innovadores, biosimilares y la medicina de precisión, dada la trascendencia que estos temas tienen para el Sistema Nacional de Salud, tanto desde el punto de vista médico-científico como económico”. Ciudadanos justificó el viaje de sus diputados de la Asamblea andaluza explicando que “estamos convencidos de que su asistencia resultará de gran utilidad y lamentamos el habitual desinterés de otros partidos por conocer el trabajo y la experiencia de profesionales de categoría internacional que, ante los retos que en materia económica o sociales debemos afrontar unidos, consideramos imprescindible conocer”. La compañía no vio tampoco un conflicto de intereses e insistió en que  “esta jornada cumple tanto con el código ético de Farmaindustria como con la estricta normativa del sector y de la propia compañía”. La invitación de la multinacional farmacéutica fue extensiva a otros grupos con presencia en la comisión de Sanidad del Senado. Varios diputados del Partido Socialista también recibieron la oferta de viaje con destino a Dublín, pero declinaron su presencia: “Nunca aceptamos este tipo de invitaciones”, aseguró una diputada a cuyo email llegó también la oferta de la empresa.

 En la lista general de los genéricos vendidos en España, dentro de los diez primeros en porcentaje de recetas, aparecen  nombres de receta como Pfizer, Novartis, Sanofi, Bayer o Glaxosmithkline.
El sector farmacéutico español es un gigante de 13.000 millones de euros al año, según los datos de su patronal Farmaindustria. España es el quinto mercado europeo por volumen de ventas internas. La mayoría de ese pastel se lo llevan los grandes laboratorios con sus productos de marca. Los genéricos, medicamentos más baratos que tienen la misma composición y equivalencia que los de referencia, alcanzan solo un 20% de cuota de mercado, según la asociación que agrupa a sus productores Aeseg. (Asociación Española de Medicamentos Genéricos). En España hay un tapón que bloquea la entrada de los genéricos –en Europa la cuota ronda el 25% –. La Comisión Nacional de la Competencia sospechan que en el mercado se están dando “comportamientos estratégicos que restringen o retrasan la entrada” de las medicinas baratas. “Diversos análisis –escribe Raúl Rejón–  ilustran cómo las farmacéuticas echan mano a toda una batería de recursos para dilatar la aparición de un genérico que tire de los precios –y sus beneficios– hacia abajo: la multiplicación de patentes para blindar un solo medicamento, los litigios prolongados con otras empresas, la creación de sus propios genéricos o el pago a fabricantes para que renuncien a fabricar están entre los más usados. Tácticas que han descrito desde la Comisión Europea hasta un reciente estudio aparecido en la revista de la Sociedad Norteamericana de Hematología. Las grandes marcas comerciales producen y venden genéricos. Y los venden a precios de genéricos haciéndose con una cuota extra del mercado: la franja que ocupan los medicamentos más económicos. El genérico que más se vende en España es el Adiro, que comercializa la gran farmacéutica Bayer. Se trata de ácido acetil salicílico. Lo mismo que la Aspirina de Bayer aunque en menor concentración. Se usa para pacientes que han tenido un episodio cardíaco agudo. Un laboratorio que está vendiendo cierto medicamento bajo patente modifica de alguna manera la molécula o la combina con otro principio o tratamiento para justificar una nueva patente que alargue su exclusividad. Reverdecen (evergreening) su principio activo. Así que incluso si algún competidor litiga contra la patente, el proceso se dilata. En este sentido, un informe de la Comisión Europea explicaba ya en 2009 que las empresas registran un ‘gran número de patentes relacionadas con una única medicina’ que, en ocasiones, llevaban a pleitos con compañías de genéricos. La CE contabilizaba 700 casos que terminaron con 200 acuerdos donde los grandes pagaban a los pequeños”.

La patronal de las fabricantes de genéricos se queja de que “la igualdad de precios” que impuso el Gobierno en un decreto de 2011 y que impide superar un precio de referencia para los medicamentos con un mismo principio activo (ya sea comercial o genérico) ha menoscabado la razón de ser de la medicina genérica, basada, precisamente, en la diferencia de precio (más baratos en su caso). Aeseg asegura que el porcentaje de mercado en España de estos principios libres de patente está en “un 40% en cuanto a unidades vendidas, muy lejos del 60% a nivel continental”. Los primeros de la lista son los laboratorios españoles, Cinfa y Normon, y el israelí, Teva. Sin embargo, la asociación empresarial no ha contestado específicamente a lo que espera de la investigación de Competencia. Igual línea ha tomado la patronal de los grandes laboratorios Farmaindustria que, de momento, no planea hacer comentarios. Esperan “a que la CNMC haga el estudio que ha anunciado”. La directora de la organización Salud por Derecho, Vanessa López, no duda en asegurar que es “muy importante” que la Comisión de la Competencia investigue ya que “está diciendo que hay que revisar el sistema de precios y márgenes donde radica el problema del acceso a los medicamentos”. En su opinión, en el mercado de los fármacos “se da un monopolio donde los laboratorios marcan los precios. Tienen la sartén por el mango”. López analiza que la legislación actual permite “extender ese monopolio” mediante la prolongación de las patentes. “Desde la ampliación mediante pequeñas modificaciones o combinaciones hasta los denominados certificados complementarios de protección”. Las patentes pueden durar 20 años, pero estos certificados permiten prorrogarlas cinco más “para intentar compensar todo el proceso de autorización sanitaria” que resta tiempo a la comercialización. Otra disposición legal a favor de este sistema es la exclusividad de datos que ampara la Ley del Medicamento. Esto hace que los laboratorios no deban compartir los datos del proceso de creación de una molécula hasta diez años después de su autorización. Sin esos datos, no se puede crear un genérico puesto que los medicamentos sin patente deben demostrar una equivalencia con el original. “Esta disposición es propia de la Unión Europea”, recuerda Vanessa López.
      Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.
La responsable de Sanidad en la Generalitat Valenciana critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy obligue a las autonomías a firmar un convenio con la patronal para poder acceder a los préstamos del FLA. “Este convenio pone a las comunidades infrafinanciadas entre la espada y la pared”, dice Carrmen Montón en Eldiario.es. Montón censura que, siendo una adhesión “voluntaria”, su firma figure como un requisito para acogerse al FLA. Durante el año 2017, la Comunitat Valenciana ha recibido más de 1.400 millones de euros provenientes del Fondo de Liquidez Extraordinario: 630 millones, en mayo del FLA ordinario y otros 830, en septiembre, correspondientes al FLA extraordinario para compensar la desviación del déficit causado, según explica, por la infrafinanciación por parte del Estado que sufre la Comunitat. En cuanto al gasto sanitario en farmacia de la consellería, asciende a unos 2.000 millones de euros. Montón denuncia la firma unilateral del Ejecutivo de Rajoy de este convenio, sin pasar por el Consejo Interterritorial y, por tanto, sin consultarlo con las comunidades autónomas. “Se trata de un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades”, ya que se obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en detrimento de los genéricos o biosimilares, que quedan excluidos del contrato: “Se desincentiva la adquisición de otros fármacos y, por tanto, la búsqueda de otros mecanismos que puedan servir para abaratar el gasto, con lo que se actúa contra la eficiencia”. El convenio fomenta el acceso de los medicamentos “innovadores” sin especificar qué se entiende como tal: “Esto puede favorecer que algunos medicamentos que no aportan ventajas demostradas accedan al mercado con escaso control sobre su posicionamiento y lugar en la terapéutica”. Además, lo califica de “despropósito” ya que, a su juicio, “abre la puerta a incentivos o compensaciones a la industria en caso de que el gasto farmacéutico en medicamentos de marca no crezca al mismo ritmo que el PIB y asegura un crecimiento al menos igual que el PIB a Farmaindustria”. De igual modo, se reduce la capacidad autonómica de gestión en la negociación con la industria farmacéutica, “ya que la mayoría de laboratorios están integrados en Farmaindustria”, lo que genera “un escenario de incertidumbre”.
     Ignasi Gandela, de Compromís, pide que Montoro explique en el Congreso el acuerdo que condiciona el FLA al convenio con Farmaindustria.Compromís solicitaba el pasado martes la comparecencia de Cristóbal Montoro en la comisión de Hacienda para explicar el acuerdo que supedita la ayuda financiera prevista en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al gasto farmacéutico. El pacto, de acuerdo a la información que publica eldiario.es, obliga a diez comunidades autónomas –entre las que se encuentra la Valenciana- a destinar a la compra de medicamentos de marca un crecimiento equivalente al PIB. En caso contrario, deben compensar a las empresas que integran la patronal Farmaindustria. El convenio, en la práctica, implica: por un lado incentivar el consumo de fármacos de marca en contra de los genéricos, y por otro premiar a las empresas farmacéuticas con una tarifa plana de gasto público anual. El diputado de Compromís, Ignasi Candela criticó el “caciquismo” de Montoro que “impone sus reglas” para repartir los cerca de 10.000 millones de euros del FLA. Candela afirmó en que esta medida es especialmente grave en el caso de la Comunitat Valenciana “que necesita esos fondos como consecuencia de la infrafinanciación a la que le somete el Gobierno de Rajoy”. “Nos pone entre la espada y la pared”, como reconocía la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en unas declaraciones. “¿Cuáles son los intereses del Gobierno en la industria farmacéutica?, se cuestiona el diputado valencianista. “De nuevo aparece la sombra de las puertas giratorias: el exdirector general del Imserso es directivo de Cofares, distribuidora de productos farmacéuticos, el director general de Farmaindustria fue subdirector general de Industrias Farmacéuticas del Ministerio de Sanidad, e incluso Felipe González formó parte del consejo asesor de la patronal”, apuntó. “Aunque Hacienda se escuda en la adhesión voluntaria, lo cierto es que incumplir el acuerdo penaliza las cuentas de la comunidades autónomas, una licencia que las autonomías con una financiación injusta no se pueden permitir”, concluyó Candela.    El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, duramente criticado por  el acuerdo que condiciona el FLA al convenio con Farmaindustria.
Lo que molesta a las comunidades autónomas no es sólo que pueda parecer que son “meras prestadoras de servicios”, cuando gozan de autonomía política, sino también las dificultades que están teniendo para salir del FLA, como es el caso de Andalucía, cuyo nivel de solvencia ha sido elevado por las agencias de calificación y quiere salir a los mercados. Fuentes del Gobierno de Andalucía afirman que están topándose con “muchos problemas” para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dé la correspondiente autorización para ir por libre, para buscar crédito con condiciones “más ventajosas que el FLA”. Un FLA, afirman las mismas fuentes, que le ha costado ya a Andalucía 1.880 millones de euros en intereses. Como mínimo, según el Gobierno de Cantabria, el convenio impuesto desde este año con las farmacéuticas “es poco transparente”, mientras que la Junta de Andalucía considera que, con el mismo, el Gobierno de Mariano Rajoy “se quita la careta”. Aragón califica de “peregrinas” algunas de las condiciones del FLA, que a la Comunidad Valenciana le parece que “ponen a las comunidades autónomas entre la espada y la pared”... Son valoraciones vertidas en las últimas horas sobre unos fondos que también llegan a Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Catalunya, Extremadura y Murcia. 
      Montoro, junto a Soraya Sáez de Santamaría, en uno de los últimos consejos de Política Fiscal y Financiera.“Pero ¿cuáles son esas condiciones? –se pregunta Olga Granados en Eldiario.es –. Básicamente, se centran en la obligación de usar determinadas plataformas telemáticas del Gobierno para el uso de datos y la gestión administrativa, de manera que queda centralizada, y la exigencia de remisión de información, en muchos casos con fines estadísticos. Y, para este respaldo financiero, tienen que suscribir varios requisitos. Entre ellos, el estar obligadas a impulsar la comunicación electrónica de los nacimientos que se produzcan en los centros sanitarios de la comunidad autónoma a las distintas administraciones que tengan que conocer de los mismos, o el firmar que van a remitir la información relativa a los efectivos de la totalidad de su sector público a 1 de enero y a 1 de julio, respectivamente, a la Secretaría de Estado de Función Pública en los términos que ésta establece. El objetivo es disponer de una imagen lo más completa posible de los efectivos del conjunto de las administraciones; integrarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE; usar las plataformas y registros para la gestión electrónica de los procedimientos facilitados por la AGE. Particularmente, en materia de registro de apoderamientos, disponer de un archivo único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general de la administración. Integrar los registros de la comunidad autónoma en el Sistema de Intercambio de Registros, de manera que los mismos se hagan sólo por medios telemáticos, sin movimiento de papel. Utilizar los medios telemáticos para la obtención de datos, información y certificados que obren en poder de la administración, para evitar que los tengan que presentar los ciudadanos. En especial, con el compromiso de utilización de la citada plataforma de intermediación. Tanto para el consumo de los datos que necesite para la gestión de sus procedimientos como para poner a disposición en la plataforma de intermediación los datos, certificados y resto de documentación de competencia de las comunidades autónomas”.

Pasamos a otro asunto igualmente de altos vuelos, tratado en este caso por un humorista. “Aguinaldo triplicado para las aerolíneas, diputados y senadores” recuerda Pep Roig en un titular de un artículo publicado en Ultima Hora, en el que sigue: “Las aerolíneas triplican los precios para ir a la Península en Navidades”, dice el titular de la noticia que, junto al encendido de las luces en las calles comerciales (no todas), sirve para impregnarnos del magma, o las babas, del ‘Espíritu de la Navidad’ que, además de llenarnos de alegría y felicidad, siempre lo complementa con una subida de precios. Yo esperaba un alud de críticas y de protestas por parte de los ciudadanos afectados por el atraco legal, pero hasta el momento de escribir este artículo el único desafuero han sido los ladridos de mi perro cuando otro ha pasado por el portal de nuestra casa. He querido suponer que “Lucky” le explicaba, a su modo, lo de los precios triplicados. No es que sepa leer (supongo que no) así que habrá escuchado mis maldiciones y se las ha contado a un can transeúnte, que ni siquiera se ha inmutado y ha seguido su camino. La indolencia y mansedumbre del animal paseante me ha hecho recordar a la que hacen gala nuestros admirados diputados y senadores en Madrid; ese grupo de privilegiados bien pagados de los que casi nadie sabe para qué están, al margen de sentarse en su escaño (si es que asisten), levantar el dedo cuando se les ordena y viajar gratis, de Balears a la Península (y a otros sitios), ida y vuelta las veces que quieran. Los contribuyentes tenemos que resignarnos al abuso por triplicado, que podríamos considerarlo un ‘aguinaldo extra’ para las compañías aéreas y así nos dolería menos. Se lo podemos proponer a nuestros representantes, y a lo mejor se animan a regular los precios y que las islas estemos menos aisladas”.Las fotomontajes de la semana:

La bicoca de los jueces.

Tremending Topic. Entrevistamos al misterioso político del sobre que prefiere ocultarse en el anonimato, más conocido como Emepunto.
Las subidas de la luz.



   Xurde Rocamundi y Jesús Uría.

La madre que parió el demonio.

El humor semanal en la prensa: El Roto, Forges, Peridis, Pat, Manel F., Vergara, J. R. Mora…













Rajoy juega a los dardos con las calles de Pontevedra  Farmacéuticas, Montoro hace un Pataki Presos políticos.





El humor de Pep Roig: Mariano salvador gaviota, Tramposos, Pura precaución, De necios, Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y La diferencia.






Los intereses de las farmacéuticas no pueden estar por encima de los derechos ciudadanos. Soledad Cabezón denuncia que el Gobierno de España obliga a las CC.AA. a firmar un convenio con farmacéuticas para obtener ayuda financiera. LATE MOTIV - 'Los 40 demenciales especial reguetón' | #LateMotiv311 LATE MOTIV - 'Los 40 demenciales especial reguetón' | #LateMotiv311 COCO PELICULA COMPLETA ESPAÑOL LINK DE DESCARGA