Ayer se celebró un nuevo Consejo de Administración en Tussam en el que se debatieron las “medidas drásticas a corto plazo” a aplicar para solventar la catastrófica situación financiera de la empresa municipal de transportes urbanos de la ciudad de Sevilla.
En definitiva, el ya famoso “plan de estabilidad” ideado por Arizaga que se sostiene el recorte de los servicios prestados, lo que supondría prácticamente la pérdida del carácter público de la empresa, una reordenación de las líneas y el recorte de los gastos de personal.
Las líneas amenazadas de privatización son el servicio nocturno compuesto por seis líneas, la 5, la 36, la B3, B4 y B5 y de los recortes de personal sólo se conoce, amén de la no renovación de los contratos de 140 trabajadores eventuales, la eliminación de losbonobuses de ayuda social a los empleados, orden que ya se ha cursado y hecho efectiva por parte de la dirección y que supone la ingente cantidad de un 0,21% de la deuda que arrastra la compañía municipal. Hasta ahora, Arizaga no se ha atrevido a mencionar la palabra despidos, aunque tampoco creo que tarde demasiado en hacerlo.
También se habló de “mejorar la velocidad del recorrido con grúas y más carriles bus y reclamar una vía de financiación a la Junta”. Y es en este punto donde se esconde la madre del cordero, porque la Junta no está por la labor de abrir esa puerta por la que se le colarían otras empresas de capitales andaluzas con problemas similares.
Se cifraron los ingresos mensuales de Tussam en 300.000 euros y los gastos de personal en más de 420.000 y se resaltó “que no hay dinero en la caja para pagar las nóminas, por lo que hay que recurrir continuamente a operaciones de crédito”.
Es particularmente curioso que en una reunión en la que se aborda la delicada situación de una empresa que presta un servicio tan fundamental a los ciudadanos de Sevilla no se estudie la realidad al completo y en toda su complejidad.
Porque, puestos a estudiar los agujeros por donde se precipita el dinero público que sufraga los costos de la empresa, es cuanto menos extraño que no se aborde la partida que supone para la viabilidad financiera de la misma el coste de sus prestaciones sociales.
Partamos del hecho cierto de que viajar sin limitación alguna en todas las líneas de Tussam sale por treinta euros al mes, que es el precio que la tarifa oficial establece para el abono mensual, título que cumple tales requisitos.
Con esa premisa, las prestaciones sociales que la empresa soporta con cargo a sus arcas, aunque se supone que dichas partidas debería de satisfacerlas el Ayuntamiento de Sevilla, pasan por alrededor de 65.000 títulos de viaje gratuitos para la tercera edad que supondrían un montante anual de 23.400.000 euros, otros 20.000 Bonobuses Solidarios aproximadamente que supondrían unos 3.600.000 euros anuales, y otros 12.000 Bono Joven, subvencionados con el cincuenta por ciento de su coste total, y que rondarían la cantidad de 1.900.000 euros al año.
Todo ello sin entrar a valorar las alrededor de quinientas tarjetas especiales, como las que gozan las Hermanitas de los Pobres, con un coste aproximado de 180.000 euros cada año, y el hecho de que el 15% de los viajes que se realizan en los autobuses de Tussam son mediante la modalidad del transbordo.
Sin embargo, el propio Consejo de Administración ha admitido, tal y como se recoge en el plan de viabilidad presentado, que “las aportaciones municipales son insuficientes”.
Me gustaría que alguien aclarara este punto de manera que todos los ciudadanos pudiéramos entenderlo. ¿Quieren decir que el Ayuntamiento no abona el montante que suponen dichas prestaciones sociales, en total algo más de 29 millones de euros anuales, casi un 25% de la deuda total de la empresa? ¿O acaso se está refiriendo a que el Ayuntamiento tampoco sufraga el famoso “coste social” del precio del viaje en Tussam con relación a su coste real?
Para Arizaga, esa diferencia entre el coste real del viaje y lo que paga cada sevillano, según sus palabras un 50% del mismo, se ha convertido en algo más que una obsesión, de ahí las dos últimas subidas de tarifa.
Si la empresa municipal de transporte ha de prestar ese servicio social de vital importancia para una buena parte de los ciudadanos de Sevilla, sin duda los más necesitados, hay que asumirlo como tal y defenderlo a capa y espada con la correspondiente partida presupuestaria.
Y si esto se está haciendo así, no cabe que desde la dirección de la empresa apelen directamente a la insuficiencia de las aportaciones municipales. Porque eso sería como morder la mano que te da de comer. Hay que buscar otras alternativas que han de pasar por el consenso de todos.
Porque las matemáticas ofrecen pocos resquicios por los que escapar y la ciencia de Descartes carece de la capacidad para traducir dicha cantidad en número de votos. ¿O sí?