El día en que la muerte llegó a la Vicaría

EL DÍA EN QUE LA MUERTE LLEGÓ A LA VICARÍA

Por Andrea Insunza y Javier Ortega

El día en que la muerte llegó a la Vicaría

En marzo de 1985, tres profesionales comunistas fueron secuestrados en la calle, a plena luz del día. Aparecerían salvajemente degollados. Uno de ellos era el funcionario de la Vicaría de la Solidaridad José Manuel Parada, cuya muerte golpeó inusitadamente al organismo. El objetivo del crimen –que se fraguó en el alto mando de Carabineros y terminaría con la caída del general César Mendoza– era resguardar los secretos del Comando Conjunto, que dos de las víctimas habían comenzado a descifrar. La historia sirvió de base para el estremecedor capítulo de cierre de Los archivos del cardenal.

La campana ya había sonado en el Colegio Latinoamericano de Integración, una vieja casona de la avenida Los Leones, en Providencia. Eran las 8.50 de la mañana y en la puerta del establecimiento conversaban el profesor Manuel Guerrero y el apoderado José Manuel Parada, quien había ido a dejar a su hija Javiera, de once años. Amigos y militantes comunistas desde su juventud, ambos estaban preocupados ese viernes 29 de marzo de 1985. La noche anterior, con el país en estado de sitio, civiles no identificados habían asaltado la sede de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), la entidad opositora de la que Guerrero era dirigente. Con el rostro cubierto y pistola en mano, los desconocidos secuestraron a cuatro profesores, cuyo paradero desde entonces se ignoraba.

Antes de irse, preguntaron por Guerrero.

Era obvio que el golpe venía de los aparatos represivos del régimen. Pero, a pesar del riesgo que corría, esa mañana Guerrero le recalcó a Parada que no iba a esconderse, que este era su país y que no estaba dispuesto a salir al exilio otra vez. Lo mismo le había dicho momentos antes a su hijo Manuel, de catorce años, que iba a clases en el mismo colegio donde su papá era inspector. «Ya veremos cómo salimos de esta», le aseguró.

Parada y Guerrero apenas pudieron reaccionar cuando un station wagon Opala sin patente frenó bruscamente frente a ellos. Tres sujetos se bajaron, los encañonaron y los subieron al auto a punta de garabatos y forcejeos. El profesor Leopoldo Muñoz salió a defenderlos, pero uno de los tipos lo derribó y le disparó a quemarropa en el abdomen. El station arrancó a toda velocidad.

En los instantes en que el vehículo se acercaba, un helicóptero hizo un vuelo rasante sobre el colegio. Un par de cuadras más allá, el tránsito había sido desviado por una patrulla de Carabineros.

La operación aterrorizó a niños, profesores y transeúntes. Apenas escuchó los gritos y el disparo desde su sala, Manuel Guerrero hijo supo que se trataba de su papá. Guerrero padre, de treinta y seis años, casado y con tres hijos, era uno de los pocos sobrevivientes del Comando Conjunto, el aparato represivo que entre 1975 y principios de 1977 llegó a rivalizar en ferocidad con la DINA. Había sido detenido y torturado en 1976, y se salvó porque en su captura recibió un balazo, lo que obligó a sus torturadores a trasladarlo al Hospital de Carabineros y luego a entregarlo a la DINA. Cuando en 1982 volvió del exilio, Guerrero no dudó en reintegrarse a la lucha política contra la dictadura.

Con treinta y cuatro años, Parada era sociólogo, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, un puesto de máxima confianza. Lideraba un equipo a cargo de reunir y procesar la información sobre violaciones a los derechos humanos. La tarea era delicada, pues incluía desentrañar estructuras, nombres y responsabilidades en los aparatos represivos, para cuando llegara la hora de la justicia. «José era una persona pública. Los dos sabíamos que corríamos riesgos, pero pensábamos que trabajar para la Iglesia lo hacía a él menos vulnerable», recuerda su viuda, Estela Ortiz, por entonces también militante comunista.

En su tarea de desentrañar los secretos de la represión, hacía cinco meses que Parada y los funcionarios de la Vicaría se habían topado con una increíble ayuda: el testimonio del desertor de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, alias «Papudo». Luego de contactar a la periodista opositora Mónica González, a quien le dio una extensa entrevista, «Papudo» entregó su testimonio notarial a la Vicaría y fue sacado clandestinamente del país en algún momento antes de diciembre de 1984.

Mónica González había pedido ayuda a Parada para chequear los datos aportados por «Papudo», quien hasta 1977 había sido agente del Comando Conjunto, un organismo represor que a mediados de los ochenta era aún desconocido para la Vicaría. El sociólogo decidió sumar a Manuel Guerrero cuando captó que ese aparato de seguridad podía ser el mismo que había detenido y torturado a su amigo en 1976. No se equivocaba.

Después de su colaboración con la periodista, Parada y Guerrero siguieron reconstruyendo la estructura del Comando Conjunto. «La declaración de “Papudo” fue como descorrer una cortina. José Manuel y otros compañeros de la Vicaría estábamos trabajando en eso y a distintos niveles», señala la entonces abogada del organismo Rosemarie Bornand.

Ninguno sabía que los nombres de Parada y Guerrero, escritos en una agenda robada semanas antes, se transformarían en las primeras piezas de una silenciosa máquina que se echaría a andar en su contra.

«No se van a atrever»
El secuestro de Parada y Guerrero dejó en shock a la comunidad del colegio. Minutos después de que se llevaran a su padre, Manuel Guerrero hijo llamó desde la inspectoría a Radio Cooperativa. El periodista Sergio Campos lo puso al aire de inmediato.

El profesor Muñoz, muy malherido, fue trasladado a la Clínica Indisa, donde fue operado de urgencia. Mientras, ese mismo viernes 29 de marzo, en el patio del colegio, se realizó una asamblea urgente en la que participaron profesores, apoderados y alumnos. Manuel Guerrero hijo resumió así los escenarios más probables: «En el mejor de los casos, que los echen del país (…) Y si es que no, los van a matar, simplemente. Si esperamos hasta el miércoles, perfectamente hoy día mismo puede aparecer en el río Mapocho sin cabeza mi papá».

En esos momentos, el país llevaba dos años de protestas callejeras que tenían por primera vez a la dictadura a la defensiva. Si bien en noviembre de 1984 Pinochet había decretado el estado de sitio, la operación en Providencia rompía todos los moldes: había sido en pleno día, frente a la puerta de un colegio y apoyada por cortes de tránsito y un helicóptero.

La misma consternación se apoderó de la Vicaría. Desde el colegio alertaron inmediatamente a la central telefónica de organismo. La mayoría de los funcionarios todavía no llegaba al trabajo. Varios se enteraron en el trayecto desde sus casas al centro de Santiago, al escuchar el extra noticioso de Cooperativa. Así ocurrió con la asistente social Victoria Baeza y con el siquiatra Mario Insunza, que iban a la Vicaría en un mismo automóvil.

–A José Manuel lo van a matar –dijo él en tono sombrío, tras oír los detalles del secuestro.

–No, no se van a atrever con alguien de la Vicaría –retrucó ella.

–Si los agarraron con un operativo así –respondió Insunza– es porque ya tomaron la decisión: los van a matar.

Menos ostentoso había sido el despliegue, un día antes, para detener al también militante comunista Santiago Nattino, un publicista de sesenta años, enfermo del corazón, casado y con cuatro hijos. Lo habían apresado al mediodía del jueves en Apoquindo, cuando un individuo lo encañonó, lo esposó y lo obligó a subirse a un vehículo.

A pesar de la crispación general, esa mañana todos en la Vicaría trataron de seguir con sus labores, aunque sin despegarse de las noticias radiales, que seguían entregando antecedentes. «Estábamos bastante nerviosos, pero tratamos de mantener la calma porque teníamos que tranquilizar a las víctimas de otros casos de violaciones que nos siguieron llegando», cuenta Victoria Baeza.

En algún momento llegó Estela Ortiz, acompañada de su hija mayor, Javiera. Se veían deshechas. Una ex funcionaria recuerda que la escena que más la marcó de esa jornada fue ver a la menor llorando y pidiendo ver a su papá.

Los funcionarios católicos eran los más reacios a creer que la inmunidad de facto de que gozaba la Vicaría estaba a punto de esfumarse. Pero entre algunos militantes de partidos de izquierda, varios de ellos sobrevivientes de la tortura, los presagios eran menos auspiciosos. Todos, sin embargo, tenían una misma convicción: había que actuar rápido, desplegando todos los recursos a la mano.

Los abogados Álvaro Varela y Roberto Garretón redactaron a la carrera un recurso de amparo que se presentó esa misma mañana ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En paralelo, Rosemarie Bornand estampó una denuncia por secuestro ante uno de los juzgados del crimen ubicados en avenida España. En vez de ingresar la denuncia a través del mesón, logró una audiencia con el juez del crimen, cuyo nombre no recuerda: «No hizo ni un gesto ni dijo una palabra que demostrara que estaba sopesando la gravedad del delito denunciado: fue un pusilánime y tenía miedo», detalla.

Al mediodía, el vicario Santiago Tapia leyó una declaración pública. «La Iglesia no cesará en clamar que cese la violencia, venga de donde venga», aseveró. En horas de la tarde, el vicario reunió a todos los funcionarios en el salón principal del recinto, para rezar. «Nos pidió que tuviéramos fe, que nos diéramos fuerza y ánimo», cuenta la asistente social Victoria Baeza.

Ese mismo día el ministro del Interior, Ricardo García, calificó los hechos como de «características propias de un caso policial». Horas después, sin embargo, ante la creciente alarma pública, el mismo García pidió a los tribunales que designaran un ministro en visita.

Los cuatro dirigentes de la AGECH secuestrados el jueves fueron liberados entre la noche de ese viernes y la mañana del sábado. En una rueda de prensa, Alejandro Traverso, Eduardo Osorio, José Toloza y Mónica Araya condicionaron una cita con el ministro del Interior «a la aparición con vida y sin maltrato» de José Manuel Parada y Manuel Guerrero.

Tampoco había rastros de Nattino.

De máxima confianza
Hijo de los actores Roberto Parada y María Maluenda, José Manuel Parada llegó al Comité Pro Paz –organismo antecesor de la Vicaría– a principios de 1974, con veintitrés años. Partió como chofer. «Solo él y Ricardo Tirado cumplían esa función, que era muy delicada, porque a uno lo acompañaban a misiones complejas», recuerda el abogado Álvaro Varela, quien se sumó poco después al organismo. Pronto, Parada se hizo muy cercano del vicario, Cristián Precht, y del secretario ejecutivo, Javier Luis Egaña.

Cuando en enero de 1976 el Arzobispado de Santiago creó oficialmente la Vicaría, Parada se integró al Departamento de Regiones, junto al abogado Gustavo Villalobos y al entonces sacerdote Juan Cerón. Tiempo después, encabezó esa unidad.

A fines de ese año la DINA detuvo a su suegro, Fernando Ortiz, quien encabezaba la dirección clandestina del Partido Comunista y sigue desaparecido hasta hoy. Estela Ortiz, de quien Parada se había enamorado cuando ambos eran militantes de las Juventudes del partido, afirma que ese hecho los marcó: «Era un desafío pendiente saber quiénes detuvieron a mi papá».

María Luisa Sepúlveda, que tiempo después llegó a ser secretaria ejecutiva de la Vicaría, dice que el tema de reunir y organizar la información siempre le interesó al sociólogo del PC. «Pegábamos papeles cuadriculados, largos, donde iba el nombre de la víctima o el desaparecido, el carné, la edad, dónde lo habían detenido, el último lugar en que había sido visto, la función que cumplía en su partido, etc. Era casi como una planilla Excel, pero hecha a mano», cuenta la asistente social.

El fotógrafo de la Vicaría Luis Navarro –también militante comunista en ese entonces– sostiene que él y Parada tenían claro que su filiación política aumentaba los riesgos para su integridad. Cierto día, dice Navarro, Parada le propuso una estrategia. «Me dijo: “Mira, Negrito, si a ti o a mí nos agarran hay que decir que no nos hablamos, que nos tenemos mala”». Navarro aceptó la idea. En adelante, evitaron socializar en lugares públicos. Si ambos coincidían en algún sitio, se ignoraban ostentosamente. «En 1981 estuve cinco días detenido en el cuartel Borgoño de la CNI –afirma el fotógrafo–. Y cuando me torturaban me preguntaron mucho por lo que hacía José Manuel en la Vicaría. Yo les decía que me caía mal, que ni siquiera nos hablábamos. Y parece que se habían dado cuenta de eso en sus seguimientos, porque me creyeron».

Aunque su militancia comunista provocaba cierta inquietud en la Vicaría, en 1983 Parada asumió como jefe del Departamento de Análisis. Entonces se abrió la línea informática, primero con computadores prestados, que solo podían ocupar en la noche. Poco después, ya con equipos propios, se organizaron los archivos y se comenzó a generar un informe interno semanal. Esta minuta era presentada cada lunes por Parada en el Comité Directivo, que reunía al vicario, al secretario ejecutivo y a los jefes de cada departamento. «Era información que servía para la toma de decisiones internas», explica Sepúlveda.

Además, Parada recababa información con personas ajenas a la Vicaría. Una de ellas era Manuel Guerrero, especialmente en el tema que lo obsesionaba en los primeros meses de 1985: el Comando Conjunto, el organismo integrado principalmente por agentes de la Fuerza Aérea y Carabineros que a mediados de los setenta segó a la cúpula del PC que integraba su suegro.

Parada también tenía contacto con la dirección interior del PC, encabezada desde la clandestinidad por Gladys Marín. En comparación con él, el tercer secuestrado, Santiago Nattino, era un militante de nivel medio que colaboraba con la AGECH, de la que Guerrero era dirigente. ¿Qué explicaba entonces que Nattino estuviese entre los secuestrados?

La respuesta está en una agenda de teléfonos.

El 30 de octubre de 1984, dos meses después de la deserción del ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP), en la céntrica calle San Antonio, fue asaltada por los servicios de seguridad. Los agentes encañonaron a los ocupantes, registraron cajones y se marcharon con varios documentos. Uno de ellos era una libreta con apuntes y teléfonos, del arquitecto Ramón Arriagada Escalante.

Arriagada era un militante de base del PC al que apodaban «Vincenzo». Trabajaba como dibujante en la oficina del actual diputado del PPD Patricio Hales, entonces parte del grupo de dirigentes públicos del partido. Era un hombre algo frágil, al que las cosas no le habían resultado fáciles. Por eso, quizás, despertaba la simpatía del resto. Hales, de quien era muy amigo, explica: «Estaba en todas partes». Y sabía demasiado.

En esa agenda, y pasando por sobre mínimas normas de seguridad, «Vincenzo» llevaba un recuento de las reuniones con distintos militantes y dirigentes, entre ellos los tres secuestrados. El arquitecto colaboraba en ese momento con Parada. También tenía vínculos con Nattino. Aunque este último no manejaba información sensible, por alguna desconocida razón los agentes que asaltaron la sede del MDP se fijaron en su nombre, anotado en la agenda de «Vincenzo».

El 25 de febrero de 1985, cerca de la Plaza Italia, «Vincenzo» fue apresado por dos civiles, quienes lo vendaron y lo llevaron a un recinto secreto. Lo tuvieron semicolgado de un poste. Después lo suspendieron de un trípode y le pusieron corriente. Según consigna el Informe Rettig, «se lo interrogó precisamente sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Parada».

«¡Lo saben todo!»
El 3 de marzo, cuando un terremoto sacudió el centro del país, «Vincenzo» fue trasladado a un recinto en la costa central. Después, sus captores lo regresaron a la capital y el 7 de marzo le ordenaron, bajo amenaza de muerte, viajar a Cobquecura, donde vivía su familia, y quedarse ahí quince días, sin tomar contacto con nadie. Seis días después –según señalaría Arriagada en una denuncia ante los tribunales– llegó a su casa el teniente de Carabineros de la localidad, para chequear que permanecía allí.

Pero en el intertanto «Vincenzo» logró enviar un mensaje de advertencia a Santiago, el que fue recibido por Patricio Hales: «Llegó una información, en que me dicen que estaría en el sur, en la casa de sus padres, en Cobquecura. Le avisé a mi padre y le dije que iba a viajar a buscarlo. Él me advirtió que podía ser una trampa y me sugirió que pidiera a un par de democratacristianos que me acompañaran. Así lo hice».

Hales llegó cerca de las cuatro de la madrugada, con las luces del auto apagadas. Estaba todo oscuro. «Teníamos temor de que ahí estuviesen los agentes, pero abrió la puerta la hermana de Arriagada. “¡Señor, señor, él no ha hecho nada!”, nos decía. Ramón estaba durmiendo. Lo despertamos y partimos de vuelta a Santiago». Según recuerda Hales, su amigo aún tenía evidencia de torturas. «Tenía unas vendas en la nariz y en la frente. Era como tela adhesiva y estaba sanguinolenta». En el trayecto, a Hales le quedó claro que a Arriagada lo habían «quebrado», pues su amigo insistió en que sus captores tenían información precisa sobre el PC y la Vicaría.

«Pato, Pato, ¡saben todo!»

En Santiago, Hales lo llevó a la Vicaría. Un funcionario del organismo, que era militante del PC, le dijo que debía interrogar a Arriagada para saber cuánto había hablado. Para eso, Hales trasladó a «Vincenzo» a un convento en la calle Eduardo Castillo Velasco, en Ñuñoa. «Una religiosa nos hizo pasar, acompañé a Ramón a una pieza y empecé la conversación». Arriagada le señaló que sus captores tenían información sobre estructuras sensibles del PC, como el equipo civil a cargo del aparato militar. Además, confesó que le habían preguntado sobre el trabajo de Parada y Guerrero.

«Eres como el agente de la KGB»
Al día siguiente, Hales se reunió con José Manuel Parada: «Le expliqué que los agentes habían preguntado por él y que “Vincenzo” respondió que José Manuel no estaba en nada especial, que trabajaba en la Vicaría, encerrado en una cuestión de computación, armando un organigrama del Comando Conjunto». Ambos concordaron en que la situación era muy grave. Y Parada pidió hablar con «Vincenzo». En ese encuentro, con Hales presente, Parada inquirió más detalles. Después, alertó a Manuel Guerrero, quien solo un mes antes había dejado la clandestinidad. Enseguida, Parada le contó a su esposa lo sucedido.

«Te tienes que ir. Tú eres como el agente de la KGB para la CNI», le advirtió Estela Ortiz. Sin embargo, su marido la tranquilizó: creía que los servicios de seguridad estaban tras la dirección interior del PC, pues desde 1976 los aparatos represivos no habían logrado cazar a ningún dirigente de la primera línea. Por lo mismo, informó a la cúpula del partido. «Tres o cuatro días antes del secuestro –dice Estela Ortiz–, él se dio cuenta de que lo venían siguiendo en el metro. Pero me convenció de que iban tras la dirección del partido y que a él lo seguían para detectar sus contactos».

Por entonces, todo militante del PC con altas responsabilidades debía obtener la venia del partido para salir del país, entre otras cosas porque la colectividad tenía los medios para hacerlo de forma segura. Respecto de Parada, las versiones se dividen. Unos consideran que el PC no calibró el peligro que corría y fue negligente al no sacarlo del país. Un ex militante comunista que trabajaba en la Vicaría y tenía contacto con la dirección afirma, sin embargo, que personalmente le aconsejó al sociólogo salir de Chile «por un tiempo», pero Parada se negó.

Hasta ese momento, trabajar en la Vicaría incluía hostigamientos y amenazas, pero era también un seguro de vida. Nadie imaginaba que un funcionario de una institución oficial de la Iglesia Católica podía ser asesinado. «Había un peligro que José Manuel sabía. Pero jamás se pensó que iba a ser para él», explica María Luisa Sepúlveda, quien recuerda que la tarde antes del secuestro trató el tema con Parada.

De nuevo «El Fanta»
La entonces abogada de la Vicaría Rosemarie Bornand no recuerda si fue la tarde del viernes o la mañana del sábado cuando ella y un puñado de funcionarios iniciaron un desesperado recorrido en automóvil, para tratar de dar por su cuenta con el paradero de los secuestrados. Mientras algunos compañeros se dirigieron al cuartel general de la CNI de calle República, ella y otros se trasladaron hasta el cuartel Borgoño del mismo organismo. Aunque parezca extraño, en ambos sitios se atendía público: había un lugar dispuesto para responder dudas de familiares sobre detenidos, y los funcionarios de la Vicaría acudían allí regularmente.

La CNI negó tener en su poder a los detenidos.

Sin nada que perder, Bornand y su grupo partieron hasta el antiguo cuartel La Firma de calle Dieciocho, en el centro de Santiago, donde hasta 1977 había operado el Comando Conjunto. Tenían la vaga sospecha de que el desaparecido organismo podía tener que ver con las detenciones. «Había un portón de fierro grande, que tocamos con fuerza. Gritamos, pero nadie salió», cuenta la profesional. En la vereda de enfrente, un poco más al sur, se ubicaba el cuartel de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, donde un efectivo vigilaba la entrada. Bornand cruzó, se identificó ante el centinela como abogada de la Vicaría y pidió hablar con el comisario, quien la recibió en su oficina.

–Tenemos la sospecha de que nuestros compañeros están en el cuartel de enfrente. Por favor, haga algo, llame, porque los van a matar.

–Imposible, en ese lugar no hay nada.

–Por favor, haga algo, ¡llame!

–Señora, entienda, por favor; en ese lugar no hay nada –reiteró el oficial.

Absolutamente frustrada, la abogada dejó la oficina, cruzó la calle y junto a sus acompañantes volvió a pararse frente al portón. Luego se acostó sobre la vereda e intentó mirar por la rendija inferior. Pudo ver un patio con baldosas, vacío. Nada más. El grupo se retiró luego de volver a gritar y golpear el portón en vano.

Casi diez años después, la justicia establecería que la noche del jueves 28, antes del secuestro de Parada y Guerrero, Santiago Nattino fue trasladado por sus captores a ese inmueble de la calle Dieciocho, donde fue amarrado a un parrón y duramente golpeado. Al mismo recinto llegaron al día siguiente Parada y Guerrero. A los tres detenidos los esposaron, les vendaron los ojos y los torturaron.

Ningún familiar ni funcionario de la Vicaría sabía en ese momento que los autores del triple secuestro eran del mismo aparato de inteligencia que había capturado a «Vincenzo» en febrero e irrumpido en la AGECH dos noches antes. Se trataba de la Dirección de Comunicación de Carabineros (DICOMCAR), un organismo que respondía a las órdenes del comandante en jefe de la institución y miembro de la junta militar, César Mendoza, y que en sus filas había incorporado a varios ex agentes del ya disuelto Comando Conjunto. Uno de ellos era Miguel Estay Reyno, «el Fanta», un ex militante comunista devenido en torturador.

«El Fanta» había sido conocido de Guerrero en el PC. Al ser detenido y torturado por el Comando Conjunto en 1976, el profesor lo reconoció como uno de sus interrogadores y, ya en libertad, lo denunció como un traidor.

La noche del viernes 29 de marzo, con Parada, Guerrero y Nattino desaparecidos, la comunidad del Colegio Latinoamericano realizó una velatón. En esos momentos de angustia, el único que podía ayudar en algo era «Vincenzo», quien se encontraba refugiado en la Vicaría. El arquitecto había estado detenido en el mismo cuartel donde se encontraban en esos instantes los tres profesionales comunistas. Estela Ortiz –una de las pocas personas que sabía de su quiebre bajo tortura– pidió hablar con él. «Trató de ayudar», recuerda.

Tres cuerpos en Quilicura
El expediente judicial del caso establecería posteriormente que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo primero Alejandro Sáez y atrás el sargento segundo José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt. De copiloto iba «el Fanta», mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora. Todos eran miembros de Carabineros y agentes de la DICOMCAR.

Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. «El Fanta», Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

A Guerrero lo bajaron primero. Esposado, vendado y de rodillas en una especie de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos treinta metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros y entonces hicieron descender a Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le hizo un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo se trasladó hasta su cuartel, donde algunos se lavaron para limpiarse la sangre.

Pasado el mediodía del sábado 30 de marzo, dos hermanos campesinos encontraron los tres cadáveres. La noticia no tardó en difundirse a través de las radios Cooperativa y Chilena, que enviaron móviles a la Vicaría de la Solidaridad. Así informó Radio Chilena en uno de sus despachos desde el organismo eclesiástico: «La noticia de la aparición de tres cadáveres, al poniente de Santiago, está provocando escenas de profundo dramatismo, ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Tenemos la esperanza, manifestó un funcionario de la Iglesia, de que pronto se informe con certeza y con veracidad, ya que se trata de la vida de las personas y el sufrimiento lo estamos compartiendo con familiares que buscan información».

La abogada Rosemarie Bornand estaba en su oficina cuando escuchó la noticia del hallazgo en Quilicura. «Decía que uno de los cuerpos tenía una prenda café de cachemira, una chaqueta, la misma que usaba José Manuel. Entonces todos pensamos: son ellos».

Los cuerpos llegaron en un furgón al Instituto Médico Legal, cuando ya había oscurecido. Ahí aguardaba un gran número de personas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de los tres secuestrados, además de periodistas. La asistente social Victoria Baeza, quien se encontraba allí acompañando a familiares de los hermanos Vergara Toledo, pudo ver a la distancia a Estela Ortiz, rodeada por cercanos y funcionarios de la Vicaría.

Cerca de las 20:00, un funcionario apareció en la puerta con un papel. Rosemarie Bornand, quien estaba junto a Estela Ortiz, lo reconoció. Se trataba de un auxiliar del servicio a quien había visto varias veces, pues era uno de los encargados de trasladar los cuerpos a los frigoríficos. «Estaba nerviosísimo; me quedó claro que nadie de mayor rango quiso cumplir esa tarea», acota la abogada. Con voz trémula, el auxiliar informó que dos de las víctimas eran Guerrero y Parada, y agregó que el tercer cadáver correspondía a un NN de sexo masculino. Estallaron gritos destemplados, abrazos y sollozos, transmitidos en directo por Radio Cooperativa y otras emisoras.

Estela Ortiz improvisó, reprimiendo el llanto, un testimonio desgarrador: «Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene ocho años, Juan José que tiene seis años, y Antonio que tiene un año ocho meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien cada uno de ellos que van a pagar cada uno estos crímenes, no les quepa duda… Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos! ¡Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo! ¡Hasta cuándo permitimos tanta, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país! ¡Hasta cuándo! ¡Chileno, compañero, compatriota, por favor, levántate, no aguantes que nos sigan matando a nuestra gente! ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!».

Luego, la mujer se desmayó.

Poco después, DINACOS, la Dirección de Comunicaciones del régimen, precisó que el tercer cuerpo correspondía a Santiago Nattino.

A la mañana siguiente, Rosemarie Bornand debió asistir al reconocimiento de los cuerpos, como representante de la Vicaría. Desde una sala aledaña escuchó el llanto y los gritos de la madre de Parada, la actriz María Maluenda, «lo que no se me olvida hasta hoy». También recuerda la reacción de un hermano mayor de Manuel Guerrero al reconocer su cadáver: «Gritó con todas sus fuerzas: “¡Asesinos!”. En ningún momento lloró y eso me dio ánimo, porque lo encontré firme y valiente».

Guerrero fue velado en la sede de la AGECH, mientras que el cuerpo de Parada fue trasladado hasta la Vicaría. Ahí fue recibido por todos los funcionarios, desde los encargados del aseo hasta el vicario. Entonando el «Himno de la alegría», escoltaron su llegada con una cadena de manos que partía en el ingreso, subía por las escaleras hasta el segundo piso y terminaba en el salón principal.
Los funerales de Guerrero y Parada se efectuaron en conjunto el lunes 1º de abril, en el Cementerio General. Santiago Nattino fue sepultado al día siguiente.

Cánovas entra en escena
El mismo día del masivo funeral de Parada y Guerrero, la Corte de Apelaciones de Santiago designó como ministro en visita al juez José Cánovas Robles, quien a poco andar centró su investigación en Carabineros y, de hecho, marginó a la institución de las investigaciones.

El general director de la policía uniformada y miembro de la Junta Militar, César Mendoza, insistió durante el proceso en que Carabineros no tenía relación alguna con los hechos. Más aun, echó mano de la ya clásica tesis de una purga entre comunistas. Tras una reunión con el general Pinochet y consultado sobre el caso, afirmó: «Hay que pensar en varias cosas. Primero, ¿a quién le interesa que se produzca un problema como este? Otra pregunta: ¿quiénes propician el crimen, el terrorismo, el explosivo como medio de conseguir sus propósitos? Bueno, y con eso, ¿para qué discutimos más? Ustedes saben que estos eran dirigentes de alto nivel y el fracaso de los paros, de las protestas y todo aquello, esto no lo perdona el comunismo internacional. No lo perdonará jamás. Entonces tienen un doble objetivo: uno, castigar a quienes consideran culpables, y otro, dejárselo caer al Gobierno».

Muy pocos apostaban a que la investigación del juez Cánovas llegaría lejos. Pero ocurrió lo contrario. A la determinación del juez se sumó la guerra desatada entre la DICOMCAR y la CNI, la que redundó en que este último servicio represivo incriminara a Carabineros en un informe entregado al magistrado.

El 1º de agosto, cuatro meses después del crimen, Cánovas encargó reos y sometió a proceso a los pilotos del helicóptero de Carabineros que sobrevoló la zona cuando Parada y Guerrero fueron secuestrados. Además, dictó arraigo nacional para otros doce funcionarios policiales, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR.

La resolución del juez provocó un remezón en el régimen y en Carabineros. Según La historia oculta del régimen militar, Pinochet citó de urgencia en La Moneda a los ministros Ricardo García (Interior), Francisco Javier Cuadra (Gobierno) y Hugo Rosende (Justicia), además de los generales César Mendoza y Rodolfo Stange, subdirector del cuerpo policial. Según el libro, Pinochet se dirigió a Mendoza y le dijo: «Bueno, César, dime qué hago ahora –había un dejo de reproche en sus palabras–. Antes dije que Carabineros no tenía nada que ver. Y mira cómo estamos».

Más tarde hubo una reunión de la Junta, en la que quedó claro el mensaje para Mendoza: si no podía demostrar la inocencia de Carabineros, debía renunciar.

El general director de la policía uniformada presentó su renuncia a Pinochet la noche del 2 de agosto, cinco meses después de los asesinatos. Ambos coincidieron en que el sucesor sería Stange. En su oficina, Mendoza dio esa noche una conferencia de prensa. Era la segunda vez, desde 1973, que un miembro de la Junta renunciaba (en 1978 Leigh se vio forzado a hacerlo). Cuando le preguntaron por sus razones, dijo: «Porque se me antojó, no más». Y luego agregó: «Se está desgranando el choclo». A pesar de que reprodujeron la entrevista, ni El Mercurio ni La Tercera incluyeron esta decidora última frase.

La agitada jornada finalizó con manifestaciones en las cercanías de La Moneda. Setenta y nueve personas fueron detenidas.

A la caza de los autores materiales
A fines de marzo de 1994, ya en democracia, y bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el magistrado Milton Juica –quien había reemplazado a Cánovas en la causa– entregó su fallo en primera instancia. Sentenciados por secuestro, homicidios y asociación ilícita terrorista resultaron todos los miembros del comando asesino. En el fallo definitivo, la Corte Suprema mantendría al año siguiente cinco de las seis cadenas perpetuas establecidas en segunda instancia por la Corte de Apelaciones, rebajando la pena para el capitán (r) Patricio Zamora, de presidio perpetuo a quince años y un día por el triple degollamiento.
La investigación apuntó a que fue Luis Fontaine quien dio la orden, en su calidad de jefe de la DICOMCAR. El retirado coronel había muerto en mayo de 1990, asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En noviembre de 2011, salvo Zamora, todos los miembros del grupo que asesinó a los profesionales comunistas cumplía su condena en el penal de Punta Peuco.

En la sentencia en primera instancia, el juez Milton Juica además propuso pasar a la justicia militar a cinco generales, por incumplimiento de deberes militares (por entorpecer la investigación). El único en funciones era Stange, cuya situación se volvió aun más incómoda cuando, días después, se reveló una grabación en la que el general director instaba a los entonces procesados a no colaborar con la justicia. El Gobierno, que no tenía facultades para removerlo, le declaró una soterrada guerra para obligarlo a renunciar. Pero Stange se negó.

A comienzos de junio de ese mismo año, la justicia militar declaró no ha lugar el procesamiento de Stange, quien pasó voluntariamente a retiro en octubre de 1995. En diciembre de 1997 fue elegido senador por la Décima Región Sur, en un cupo de la UDI.

La viuda de Parada afirma que optaron por perseguir solo la responsabilidad de los autores directos. «Podríamos haber buscado a los autores intelectuales, pero hasta hoy el proceso estaría abierto. Lo que está claro, en todo caso, es que un crimen de este tipo no lo resuelve un grupo operativo. Acá la decisión de matarlos estaba tomada desde un inicio. Y en esto también nos equivocamos: en la Vicaría pensábamos que podríamos salvarlos».

En 1993, varios meses antes de que el juez Juica entregara su sentencia, Estela Ortiz se reunió, en algún lugar de Francia, con el desertor de la Fuerza Aérea y ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, quien se había instalado en ese país después de salir ilegalmente de Chile.

El encuentro fue emotivo. Ortiz señala que Valenzuela se sentía muy culpable por el crimen de su esposo. «Me dijo que si él hubiese sabido que su deserción le iba a costar a José Manuel y a Manuel la vida, él no hubiese hablado, porque no estaba dispuesto a exponer a otra gente». La mujer le respondió que ni ella ni su marido habían pensado que Parada estaba en riesgo por su culpa. «Los hechos posteriores muestran que la deserción de Valenzuela fue un punto más de la cadena, pero que no fue eso lo que decidió [el crimen]», señala Ortiz.

En 1997, uno de los agentes de la DICOMCAR que apuñaló a Parada, el ex cabo de Carabineros Claudio Salazar, alias «el Pegaso», quiso reunirse con ella y con la madre del sociólogo comunista, la actriz y ex diputada del PPD María Maluenda.

Las dos mujeres se negaron. «Era para pedirnos perdón. Yo no quise ir».