El dilema de Antonio Rodrigo Torrijos

Escribía García Márquez que la cuestión fundamental no es cuándo te va a llegar la muerte, sino presentar, de cadáver, un buen aspecto. Izquierda Unida, sobre todo a tenor de los resultados electorales obtenidos en los últimos comicios, parecía un cadáver que muchos ya daban por precocinado. Tampoco se podía afirmar que, tras los devaneos con la derecha de Aznar de Julio Anguita, el presunto fiambre presentara un aspecto saludable.

A resultas de las vueltas que ha propiciado esta crisis y del innegable giro a la derecha que suponen las políticas por las que han apostado los socialistas para afrontarla, se le presenta una oportunidad única de mostrarse como referente a la hora de apostar por las políticas progresistas y sociales que una buena parte de la sociedad demanda.

Sin embargo, el quehacer cotidiano en aquellos lugares donde ha alcanzado cierta cuota de poder y donde no siempre la rentabilidad política del pacto tiene los frutos deseados hace suscitar el atávico dilema sobre la viabilidad del viejo sueño de una alianza efectiva de la izquierda.

Es la apertura de la caja de los truenos que el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, aborda en el informe de gestión que defenderá mañana ante el Consejo Político Federal de la organización, según adelanta hoy el diario Público.

"No es posible mantener alternativas globales a la política del Gobierno y, al mismo tiempo, mantener acuerdos con el PSOE que ratifican su política en ámbitos locales o autonómicos. Los ciudadanos son inteligentes y esos hechos tienen más fuerza que mil palabras que podamos decir. No estoy planteando ninguna ruptura de nuestros actuales acuerdos con el PSOE, porque además no sería creíble, pero sí la necesidad de que nuestro perfil y nuestro programa se hagan visibles", defiende Cayo Lara en su informe.

Y hay que reconocer que Lara ha puesto el dedo en una llaga ya veterana y dolorosa. Porque la elección, sobre todo a la hora de calibrar y enjuiciar los resultados, entre la “oposición perpetua” o el ejercicio de determinadas cuotas de poder en coalición con los socialistas y rentabilizar su visibilidad no es nada fácil y tiene sus pros y contras en cada uno de ambos supuestos.

Un ejemplo bien evidente de ello es el pacto de gobierno que sostienen ambas formaciones en el Ayuntamiento de Sevilla, cuya escenificación última y más fiel ha sido que todos los sevillanos han podido ver cómo un equipo de gobierno que, supuestamente, persigue los mismos fines se ha mostrado dividido con motivo de la convocatoria de la huelga general el pasado 29 de septiembre.

Mientras el bando socialista no sólo era contrario a la convocatoria de huelga, sino que incluso se muestra dispuesto a aplicar las políticas neoliberales que han motivado su convocatoria, los concejales de Izquierda Unida no sólo han apoyado la movilización, sino que incluso han participado en los piquetes de la misma. Toda una contradicción palmaria entre dos socios de gobierno que se suponen de acuerdo en lo fundamental.

¿Puede Torrijos impedir que sus socios de gobierno apliquen indiscriminadamente esas políticas que tanto detesta y por las que ha llamado a la movilización a la ciudadanía? Es más, ¿estaría dispuesto a romper el pacto de gobierno y sacrificar su cuota de poder en el caso de que se implantaran? Es bastante dudable.

Hasta ahora, cada vez que han surgido discrepancias en el equipo de gobierno todo se ha limitado a una ristra de declaraciones públicas que no han conducido a ningún sitio y que no han impedido que las pretensiones de los socialistas se llevaran a cabo al ciento por ciento.

Sucedió con la reprobación a la gestión del gerente “Adolfo” Arizaga al frente de Tussam, en cuyo Consejo de Administración el representante de IU, José Antonio Salido, vetó su gestión, sin que hasta ahora se haya impedido que campe a sus anchas y haciendo lo que le da la real gana por los predios de la empresa municipal, respaldado sin fecha de caducidad por el mismo que lo nombró, el alcalde Montesirín.

Se repitió el escenario pocos días después con motivo de la aprobación del proyecto Altadis, que consistía en la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para alterar la calificación de los suelos y que la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios pase a tener un uso educativo. En aquella ocasión, el portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, incluso ofreció sus votos al alcalde para que el proyecto saliera adelante. El hecho es que el asunto sigue paralizado y sin solución a corto plazo.

Y lo mismo se puede decir en relación al planteamiento de los socialistas de la privatización de líneas de Tussam como única salida viable a la crisis que atraviesa la empresa. Torrijos llegó a afirmar que con sus votos no se privatizaría ninguna línea de la empresa de transportes. Ello no ha sido óbice para que la empresa suprimiera la línea 36 a la Universidad Pablo de Olavide y unificara varios itinerarios de otras eliminando algunas más.

La lista de desencuentros no se queda ahí y se podrían enumerar muchos más. La cuestión es si electoralmente es rentable para su formación un pacto de gobierno con la versión local de quienes se limitan a aplicar sin rechistar las políticas neoliberales que recomienda el Fondo Monetario Internacional y los llamados “mercados”, algo a lo que la formación de izquierdas se opone frontalmente.

Y lo que es más crucial, si su electorado natural sabrá valorar esa especie de sometimiento que impone el álgebra de la representación obtenida en las urnas cuando se plantean discrepancias de fondo que suponen contradicciones frontales con la más pura esencia de lo que la formación defiende.

¿Tiene sentido respetar un pacto de gobierno cuando en actuaciones puntuales se dinamita lo fundamental de una línea de actuación política y de los valores que conlleva? Hasta ahora, para Torrijos, parece ser que sí.

Otra cosa será lo que determinen después las urnas.