El dilema de denunciar

Mujeres víctimas de violencia están destinadas a seguir una ruta crítica para denunciar su maltrato. En ese trayecto hacia la Justicia se ven expuestas a perder su vida dramáticamente antes de que su agresor sea sancionado, debido a que el sistema está diseñado de forma que a ellas les corresponde entregar al hombre abusador la orden de alejamiento que obtienen cuando ponen la querella en la Fiscalía o la Policía. También, a la mujer le toca ubicar al victimario para entregarle el acta de conducencia, que es la que especifica el apresamiento.
Adris Sánchez, de 32 años, narra que pasa todo tipo de peripecias cuando pone una querella por los golpes que sufre de su esposo, en Villa Mella, Santo Domingo Norte. “Lo último que tuve que aguantar fue que un fiscal me mandara a callar y alegara que mi caso no era tan grave”, dice. 
Ganas de desistir no le han faltado a esta mujer que lleva 14 años unida a su agresor. La decisión de denunciar la presión psicológica, los golpes casi mortales que le propina y las amenazas de agredir a su familia que ese hombre le infunde vino motivada por la historia de su amiga Fiordaliza Fructuoso, que también ha sido víctima de violencia. 
Fructuoso, de 38 años, ha obtenido once órdenes de alejamiento y 25 órdenes de conducencia contra su pareja; aunque todavía él no ha sido juzgado, se encuentra preso. 
Fiordaliza explica que cada vez que intentaba entregar a su agresor las actas, él se ponía más violento y descargaba su ira en ella con mayor intensidad. La última vez le propinó 20 puñaladas. 
“Hay que tener mucha fuerza de voluntad para seguir adelante. Cuando fui a poner la última denuncia me dijeron ‘vaya y búsquelo, cuando lo encuentre nos avisa’. Si tú no le ‘mojas’ la mano a un Policía no creas que él va a salir a buscar al hombre que te golpea”, puntualiza.
Fiordaliza recuerda que hubo ocasiones en las que cuando conocía el paradero de su agresor sólo tenía 200 pesos en el bolsillo y prefirió ignorar esa oportunidad de apresarlo para usar ese dinero en la alimentación de sus cuatro hijos. Las órdenes de conducencia caducan, lo que significa que la mujer debe repetir la inversión para obtener una nueva, cuantas veces no logre apresar al abusador en el tiempo que establece el documento. 
La directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, expone que se trata de un círculo que provoca que la víctima desista de su intención de denunciar y que automáticamente incrementa sus posibilidades de morir a manos del hombre abusador.
“Es una ruta desalentadora. El costo económico es muy alto. La mujer debe pagar por un examen médico, los servicios de un abogado, el transporte… y gran parte de las mujeres vienen de estratos muy humildes y se le hace difícil asumir esos gastos”, destaca. 
Foto: Laritza Calvo. En las Unidades de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales un hombre y una mujer reciben las denuncias.
Cuando se habla de las soluciones para facilitar el acceso a la Justicia, sale a relucir la necesidad de que el Ministerio Público y la Policía cuenten con más recursos para poder ofrecer el servicio.
“Vas a la Policía o a una fiscalía y te encuentras con que tienes que buscar el transporte del alguacil, ya sea pagándole el pasaje o llenándole de combustible los vehículos, si es que los tienen”, indica Galván.
Experiencias como la de Adris y Fiordaliza no se observan en las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, donde la mujer maltratada recibe una atención integral. Se trata de unidades modelo que funcionan desde el 2005, el problema es que son insuficientes: sólo existen 14.
La magistrada Aracelis Peralta, coordinadora de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional, afirma que la idea es establecer esas unidades en todo el país. Explica que en la que dirige se han recibido en los últimos tres años unas 20 mil denuncias, de las que el 22.3% correspondió a violencia de género.
“Más del 60% se trata de agresiones verbales. Las mujeres denuncian más la violencia psicológica, eso indica que ya no esperan a sufrir el maltrato físico para buscar ayuda”, expone.
Afirma que se han logrado sanciones
Aracelis Peralta, procuradora adjunta de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, resalta que este año se registran logros en materia de la lucha de género. Indica que se dictaron 25 sentencias condenatorias, de los que tres casos corresponden a víctimas que habían retirado su denuncia, pero el Ministerio Público les dio seguimiento porque contaba con pruebas contundentes.
Cinco de los agresores cumplen una pena de diez años, el resto entre uno y ocho años de prisión. “Para nosotros eso es un triunfo porque la mayoría de las mujeres desiste de continuar con el proceso hasta los tribunales”, opina.