“Público” desvelaba ayer el drama de una mujer, amenazada por el desahucio de su vivienda, que no puede pagar como consecuencia de la crisis económica y la pérdida de su puesto de trabajo. Es, en realidad, un caso más de los miles que cada día se viven en España ante la insolidaridad de la banca y la indiferencia de los partidos políticos y las instituciones. Los desahucios no son una excepción. El Consejo General del Poder Judicial reconoce que entre 2007 y 2010 se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones auguran que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. Sin embargo, que nadie piense que el problema para las personas afectadas termina con la pérdida de la vivienda. Para nada. A partir de ese momento inician un doble calvario. No tienen hogar, pero deben pagar las cuotas con intereses de la casa que fue suya y ahora es propiedad del banco por el cincuenta por ciento de su valor de tasación. Todo un atropello democrático de la banca con la complicidad de los partidos políticos y las instituciones, con la única excepción de Izquierda Unida, que ha presentado en el Congreso diferentes iniciativas para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía y paralizar las órdenes de desahucio cuando una familia no pueda hacer frente al pago del crédito por encontrarse sin empleo.