Leo en titulares de prensa que el desempleo ha aumentado en el conjunto del Estado español, en el primer trimestre del año, en 286.200 personas. Son muchas, pero aún son todavía muchas más si las sumamos a las que perdieron su trabajo en 2009. Las cifras son para ponerse a temblar. En total, 4.612.700 hombres y mujeres, una gran parte jóvenes, carecen de empleo, La tasa de paro supera ya la barrera del 20 por ciento, según una información recogida, en primera instancia por ABC, pero rebotada a posteriori por todos los medios de comunicación.
Los datos fueron colgados “por error” en la página web del Instituto Nacional de Empleo, que tenía previsto hacerlos públicos este viernes, supongo que después de haberlos sometido a un proceso de edulcoración, con el objetivo de hacerlos más digeribles por parte de la ciudadanía. No es, en cualquier caso, tarea fácil. El drama del desempleo nos toca a todas y a todos de cerca. Personalmente, cada día que pasa conozco a un mayor número de personas que se han quedado sin trabajo, viven con temor a perder el que tienen, o bien buscan un empleo y no lo encuentran.
Son familiares próximos, amigas y amigos, que se sienten vulnerables, ven tambalear su autoestima, pierden la esperanza en el futuro y tratan de sobrevivir como pueden, haciendo frente a la ansiedad y a la depresión, que les genera la incertidumbre sobre su futuro laboral. No es para menos. El trabajo es una fuente de ingresos imprescindible para hacer frente, entre otros, a los gastos de vivienda, alimentación, educación y ocio, pero también es un derecho humano clave en nuestro proceso de desarrollo vital. Me consta que es un problema complejo y no tiene una solución fácil; sin embargo, si sé que la solución no llegará nunca del abaratamiento del despido ni de la reforma del sistema de pensiones.
Las centrales sindicales deben hacer un llamamiento más contundente a la movilización social, exigiendo al Gobierno compromisos firmes en defensa del empleo, dejando abierta la puerta a la convocatoria de una huelga general. No podemos permanecer por más tiempo de brazos cruzados, mientras cada día que pasa el desempleo se cobra nuevas víctimas. PSOE y PP comparten una misma política económica, sobre la que no cabe negociación porque nos conduce a la desregulación, la deslocalización, la precariedad, los bajos salarios y la siniestralidad.
Una amiga cercana me comentaba esta misma semana que ha recibido una carta de despido cuando se encontraba de baja por enfermedad. Pensamos que era un error, pero no. En un momento dado, alguien decidió que una empresa podía poner en la calle a sus trabajadoras y trabajadores, aunque estuviesen en situación de baja médica. Un nuevo gol que nos han metido quienes han inyectado fondos públicos a la banca privada, salvando sus balances, mientras acumulan beneficios multimillonarios. ¿Acaso el PSOE no ha oído hablar nunca de redistribución justa de la riqueza? Pues bien, alguien debería decirle que no consiste en robar a los pobres para dárselo a los ricos, sino en que cada quién contribuya en función de sus ingresos al bien común.