El efecto parental

Desde la semana pasada, la Región de Murcia es noticia, como saben, por el Pin Parental. Al parecer, los padres podrían decidir sobre las actividades complementarias de sus hijos. Podrían, de alguna manera, censurar charlas, películas, obras de teatro y todo aquello que supuestamente vulnerase la ética y tradición familiar. Esta medida, orquestada por las derechas murcianas, encierra un dilema moral. Y el dilema no es otro que decidir si está bien o mal que los padres intervengan, o no, en las instituciones educativas. Está bien que Gregorio - conservador hasta las cejas - impida que a su hijo - a Pepito - le impartan una charla sobre homosexualidad, por ejemplo. Según Vox, sí. Y según Vox, sí, porque consideran que los hijos son propiedad de los padres. Una propiedad que les otorga el derecho de dirigir los intramuros de los centros.

En las democracias representativas, las leyes - y entre ellas, las educativas - forman parte del contrato social. Las leyes educativas ostentan el rango de orgánicas. Son normas que necesitan para su aprobación mayorías cualificadas. Y son normas que una vez aprobadas deben ser, como todas, respetadas por la sociedad. Aunque los hijos pertenezcan a los padres, faltaría más, la potestad legislativa forma parte del poder legislativo a propuesta, la mayoría de las veces, del Ejecutivo. Tras la publicación en el BOE, las leyes deben cumplirse. Podemos criticarlas, manifestarnos contra ellas pero lo que no debemos es incumplirlas. Y ello es precisamente lo que se pretende con el Pin Parental, un incumplimiento indirecto de la normas con el pretexto de la moralidad. La intromisión de los padres en los asuntos legales vulnera la separación de los poderes. Va en contra de las reglas de juego y pone en riesgo la convivencia social.

Si se permitiera el pin parental, algo muy improbable por su ilegalidad, estaríamos ante una legitimación de la desobediencia civil. Y dicha desobediencia, esa potestad para incumplir ciertos postulados legales, suscitaría un agravio comparativo con el resto del ordenamiento jurídico. Un agravio que traería consigo cientos de pines parentales en otros ámbitos sociales, tales como fiscales, militares e institucionales, entre otros. Tal medida, queridísimos lectores, abriría la veda al beneplácito de la ilegalidad. Una ilegalidad que contrasta con la defensa del cumplimiento estricto de la ley, por parte del PP, en otros sectores civiles. Otros sectores como, por ejemplo, la aplicación a raja tabla del artículo 155 en Cataluña. Una aplicación que, al parecer, no admite "pines parentales". Así las cosas, el pin parental se convierte en un polvorín de dinamita en el seno del Estado de Derecho. Un polvorín que obstaculiza la libertad de cátedra, desobedece las reglas de juego y amenaza con expandirse a cualquier institución que no predique el credo de las derechas.