Un empresario de Torija, Guadalajara, fue sancionado por la Inspección de Trabajo con 7.500 euros tras ser denunciado por sus propios empleados en huelga. El caso reabre el debate sobre los límites del derecho a huelga y la figura del “esquirolaje interno”.
Una huelga que se convirtió en pesadilla
Desde febrero, la localidad de Torija, en Guadalajara, vive un conflicto laboral que ha trascendido el ámbito local. Todo comenzó cuando los trabajadores de una gasolinera ubicada en la A-2 exigieron al propietario una mejora salarial de 300 euros mensuales, además de otras condiciones laborales.
Javier (nombre real del empresario), dueño del negocio familiar con más de 50 años de trayectoria, aceptó algunas de las peticiones de sus empleados, pero el incremento salarial se convirtió en el punto de ruptura. Desde entonces, siete de los nueve trabajadores iniciaron una huelga indefinida.
La denuncia que lo cambió todo
El 26 de septiembre, Javier recibió un acta de denuncia de la Inspección de Trabajo acompañada de una multa de 7.500 euros, la máxima sanción en este tipo de casos.
El motivo: haber trabajado en su propio negocio durante la huelga, una acción que la ley prohíbe cuando el empresario no ha ejercido previamente labores operativas en la empresa.
Según el acta, los empleados afirmaron que Javier “nunca había trabajado antes” en la gasolinera. Sin embargo, él sostiene lo contrario: “He trabajado toda mi vida aquí, desde que la fundó mi padre. Conozco cada tarea y cada máquina. Esto no es solo un negocio, es parte de mi familia”.
La Inspección, dependiente del Ministerio de Trabajo, habría basado la sanción únicamente en los testimonios de los huelguistas, sin consultar al resto de empleados ni verificar la trayectoria del propietario.
El concepto polémico del “esquirolaje interno”
La denuncia se ampara en el término “esquirolaje interno”, una figura utilizada para describir cuando un empresario sustituye funciones de trabajadores en huelga.
Lo llamativo, según el propio afectado, es que la Inspección habría adoptado los términos utilizados por el piquete de huelga. “Me enteré de la denuncia por un periódico local antes de que me llegara el acta oficial. Fue una humillación”, relata Javier.
Actualmente, el empresario solo puede abrir la estación veinte turnos al mes, atendida por el único empleado que no está en huelga. El segundo trabajador activo se limita a tareas de mantenimiento, lo que ha generado fuertes pérdidas económicas y una situación límite para la empresa.
Apoyos y apelación
Lejos de rendirse, Javier prepara un recurso administrativo para revertir la sanción. Ha reunido más de 100 firmas de trabajadores y clientes que aseguran haberlo visto desempeñar funciones en la gasolinera durante años.
“Lo que está pasando parece una distopía: un empresario que no puede trabajar en su propio negocio”, afirma.
El caso ha despertado debate en el ámbito jurídico y empresarial sobre los límites del derecho a huelga, el papel de la Inspección de Trabajo y el equilibrio entre derechos laborales y libertad empresarial.
Un reflejo del clima laboral actual
La historia de Torija simboliza una tensión cada vez más visible en la España actual: la confrontación entre empresarios pequeños que intentan sobrevivir en un contexto económico incierto y trabajadores que reclaman mejoras salariales ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Mientras Javier se recupera de una afección cardíaca agravada por el estrés de los últimos meses, su gasolinera, símbolo del esfuerzo familiar, permanece parcialmente paralizada.
Y aunque el caso sigue abierto, para muchos vecinos, esta historia es el retrato de un país donde, como dice el propio Javier, “ya ni siquiera se puede trabajar para ganarse el pan”.
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