El equivocado repliegue de Israel frente al BDS.

Por Evelyn Gordon

Al margen de si se está a favor o en contra de una nueva ley que permite a Israel vetar la entrada de destacados defensores de los boicots antiisraelíes, había en esto una consecuencia claramente predecible: Israel no iba a tener las agallas de aplicarla cuando más justificada estuviese. Y así quedó de sobra demostrado hace unas semanas, cuando se concedió un permiso de trabajo de un año de validez a Omar Shakir, investigador de Human Rights Watch (HRW). Con esta decisión, Israel extirpa de la ley el único punto crucial donde acertaba, a pesar de que muchos lo interpretaron mal: no puedes librar una guerra eficaz contra el movimiento BDS y al mismo tiempo dejar pasar a quienes lo sostienen. 

Shakir es el epítome de a quién se debería denegar la entrada, y su caso ejemplifica por qué el supuesto fundamental de la ley –que a los boicoteadores hay que tratarlos uno por uno– es absolutamente correcto. Shakir ha dado conferencias en campus universitarios en las que ha acusado a Israel de ser un Estado apartheid, defendido los boicots antiisraelíes, comparado el sionismo con el “nacionalismo afrikáner”, rechazado una solución negociada al conflicto israelo-palestino sobre la base de que “institucionalizaría la injusticia” y pedido el fin de la existencia de Israel como Estado judío. Su currículum también incluye un periodo como investigador jurídico en el Centro por los Derechos Constitucionales, organización que provee de asistencia y formación jurídica a los activistas del BDS y presenta demandas por crímenes de guerra contra funcionarios de defensa israelíes. Tampoco haría falta que los oficiales del Gobierno tuvieran grandes dotes investigativas: está todo en un práctico informe, con enlaces incluidos, que NGO Monitor publicó en diciembre.

En su nueva función de “director para Israel y Palestina” de HRW, en teoría Shakir supervisará la elaboración de informes imparciales y objetivos sobre las violaciones a los derechos humanos en Israel, la Margen Occidental y Gaza. Ni que decir tiene que la mera idea es fatua: cuando alguien ya ha decidido que el sionismo es racismo, que Israel practica el apartheid y que un Estado judío no tiene derecho a existir, pretender que realice una investigación imparcial es como esperar que el jefe del Ku Klux Klan presida con ecuanimidad el juicio contra un negro acusado de violar a una blanca. Shakir pasará su año aquí realizando informes llenos de viles calumnias contra Israel. Gracias al efecto halo del que gozan todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en el extranjero un buen número de personas bienintencionadas considerarán plausibles sus conclusiones y eso debilitará aún más a Israel en el ámbito internacional.

En resumen: dejar que Shakir asuma ese puesto hará a Israel un daño incalculable. Pero, en lugar de hacer la mínima investigación necesaria para justificar que se le vete, los responsables del control de fronteras tomaron en febrero la precipitada decisión de negarle el visado con elexcesivo argumento de que HRW es una organización antiisraelí. Claramente, acusar a una organización entera de ser antiisraelí es mucho más difícil de justificar, aunque sea cierto (lo que, en el caso de HRW, creo que lo es). Hacer eso sin una investigación exhaustiva y una preparación intensiva para el inevitable revés diplomático fue un disparate.

El esperable resultado fue que el Departamento de Estado presionó a favor de HRW, dado que es una organización estadounidense. Y después, en lugar de volver a la posición más ajustada y fácilmente defendible de vetar a Shakir aduciendo su evidente falta de aptitud para el puesto,Israel capituló completamente. Así que, en vez de abochornar justamente a HRW por haber elegido a alguien tan flagrantemente incapacitado para ser su “director para Israel y Palestina”, se dio a los defensores del boicot una victoria totalmente tan notoria como injustificada.

Una podría pensar que es un simple caso de ineptitud burocrática que no tiene nada que ver con la nueva ley, sobre todo porque el visado de Shakir fue inicialmente denegado, antes incluso de que se aprobara aquélla. Pero es que ésta hace más probables este tipo de sucesos tan perjudiciales. ¿Por qué? Porque sólo difiere de la antigua, que también permitía prohibir la entrada a destacados defensores del boicot, en un aspecto: en lugar de que necesiten el permiso del Ministerio de Interior para negar la entrada a un notorio boicoteador, ahora los funcionarios de fronteras tienen autoridad propia para hacerlo, salvo que intervenga el Gobierno.

Con otras palabras, con la ley antigua, los visados, teóricamente, se denegaban únicamente en los casos en que el Gobierno ya había decidido que estaba preparado para defender públicamente su negativa. Pero al delegar esa autoridad en funcionarios de nivel relativamente bajo, la nueva ley hace aún más probable que el Gobierno acabe retrocediendo humillantemente desde posiciones claramente razonables sólo porque se asumieron sin la investigación y preparación necesarias.

En todos los demás aspectos, la nueva ley es idéntica a la antigua. Como la antigua, atañeúnicamente a los defensores más destacados del boicot. En consecuencia, lo único que se consigue es que haya más probabilidades de una metedura de pata burocrática, además de generar un montón de publicidad desfavorable, molestar a muchos defensores destacados del país, dar munición adicional a gente que busca marcar a Israel como antidemocrático y crear unaansiedad innecesaria a gente de buena fe, que ahora temerá que se le niegue la entrada por motivos que no son ni siquiera procesables por la ley, por ejemplo, negarse a comprar productos de los asentamientos.

Si Israel quiere combatir al movimiento BDS con eficacia, debe plantar cara a activistas antiisraelíes como Shakir con la mayor publicidad posible, en vez de permitirles pasar por investigadores objetivos cuyas diatribas deberían considerarse creíbles. E impedirles la entrada en el país, precisamente porque una medida de tanto calado puede ser una manera efectiva de hacerlo. Pero si el caso de Shakir sirve de ejemplo, la nueva ley, en el mejor de los casos, no contribuirá a este esfuerzo fundamental y, en el peor, podría incluso acabar entorpeciéndolo.

© Versión original (en inglés): Commentary© Versión en español: Revista El Medio