El escándalo de los niños robados en España en la época franquista y posterior

“Mi hijo murió, o me lo robaron”. “Me dijeron que había muerto y que lo enterraron. Nunca vi el cadáver”. Estas frases y otras similares, son repetidas por numerosas madres en los últimos tiempos en España. El escándalo por los bebés robados, no ha hecho más que empezar. Asturias, Madrid, Valencia, Extremadura, Castilla, da igual. En cualquier rincón de España se están dando numerosas denuncias, y contando terroríficas experiencias por madres entristecidas algunas, y casi enloquecidas otras. Las instituciones religiosas tienen mucho que decir al respecto, ya que en la mayoría de los casos, eran éstas las que decidían con quien iba a estar mejor el bebé. Según Enrique Vila, abogado y víctima de la trama –él mismo busca a su madre-, el 10% de los niños adoptados en España, que quieren buscar a sus padres biológicos, y no los encuentran, son niños robados. Los proveedores de padres adoptivos, eran mujeres con contactos sociales. Médicos, auxiliares, matronas y religiosas –actuando en supuestos actos de caridad cristiana- se prestaban a la realización de la felonía.
De los años 40, a bien entrados los 90 del siglo XX
Miles de recién nacidos cambiaron de mano en los hospitales, a cambio de sustanciosas cantidades económicas. Miles de vidas robadas, miles de identidades ficticias. Los casos más numerosos se dieron entre 1963 y 1970, en pleno desarrollismo franquista en España. Matrimonios acomodados, que no podían tener hijos, contactaban con facilitadores que urdían en los hospitales oscuras manipulaciones. Lo común era que mujeres jóvenes, madres solteras o prostitutas, presionadas por las costumbres al uso, no querían seguir adelante con su maternidad, dando a sus hijos en adopción. Sin embargo había casos sangrantes de parturientas sanas, según la moral de la época –bien casadas en matrimonio canónico-, a las que tras dar a luz, les comunicaban que sus hijos habían muerto. No veían el cadáver y ni tan siquiera se les facilitaba un certificado de defunción. Pasados los años, algunas de ellas lograron saber el lugar donde se encontraban enterrados los cadáveres. Al exhumar los mismos, se encontraron el interior lleno de plásticos, sin resto ninguno.
Comercio de bebés
Juan Luis Moreno, supo que le habían comprado por 150.000 pesetas (900 euros), cuando su madre se lo confesó en su lecho de muerte. María Labarga, descubrió que su partida de nacimiento era falsa. Paloma Mosset, busca a su hija, dada por muerta al nacer, y a la que nunca pudo ver. Casos y casos, con nombre y apellidos que buscan su verdadera identidad. Madres y padres, que buscan a los que son sus hijos biológicos y que se los arrebataron mediante engaños e intercambios económicos. La forma de operar era similar en todos los casos. Los facilitadores contactados, hacían que los matrimonios se desplazaran a una ciudad distinta a la de su residencia, y en ella se hacía el intercambio. Siempre se les decía que tenían que pagar una cantidad de dinero, destinada a gastos hospitalarios, médicos, de papeleo. Hay que destacar, que los padres adoptantes, actuaban de buena fe en la mayoría de los casos.
Procesos judiciales abiertos
Muchos son los posibles afectados que han iniciado procesos judiciales, con objeto de conocer su verdadera identidad. Cien de ellos se han asociado en ANADIR (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales), cuya función es la de levantar las alfombras del pasado, y que las instituciones judiciales españolas abran expedientes que aclaren su origen. A primeros del año 2011, la esperanza de las familias afectadas, se incrementó por la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de recibirlas y de abrir focos de investigación. No es un problema solamente de países pobres o en vías de desarrollo. El comercio de niños afecta también a los más avanzados dentro de entornos de primer orden. Mientras existan desaprensivos que ofrezcan bebés a cambio de dinero, y mientras existan familias necesitadas de criaturas, el intercambio seguirá produciéndose, siendo los poderes públicos los vigilantes de que esta atrocidad no se lleve a cabo.