El escándalo de #Odebrecht trae esperanza de reforma Contra La #Corrupcion

Las revelaciones de sobornos al por mayor pueden marcar un punto de inflexión en la batalla de América Latina contra la corrupción

SENTADO en una colina arenosa que domina la costa de Lima, se encuentra una estatua de Cristo de 37 metros de altura, una tosca copia de la que mira majestuosamente a Río de Janeiro. Fue presentado en 2011 por Alan García, el entonces presidente de Perú. Ahora los peruanos lo ven como un monumento a la corrupción. Fue construido con una donación de $ 800,000 de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de Brasil, que ha admitido que pagó $ 29 millones en sobornos para asegurar contratos en Perú bajo los tres gobiernos que precedieron al actual.

En el mayor acuerdo anticorrupción de la historia, alcanzado en diciembre, Odebrecht reveló a las autoridades de los Estados Unidos, Brasil y Suiza que durante 15 años había pagado casi $ 800 millones en sobornos relacionados con contratos para más de 100 proyectos de construcción e ingeniería en una docena de países. En Brasil, Odebrecht estaba en el centro de un cártel que sacó a Petrobras, la compañía petrolera estatal; su ex jefe, Marcelo Odebrecht, está cumpliendo una sentencia de prisión de 19 años. El acuerdo demostró que en otros nueve países latinoamericanos la compañía pagó un total de $ 388 millones en sobornos a funcionarios del gobierno y sus asociados.

Para hacerlo, creó una División de Operaciones Estructuradas, un “departamento de sobornos”, que dirigía los pagos a través de una serie de empresas offshore. Leyendo entre las líneas del acuerdo es fácil identificar al menos a dos ex presidentes, un vicepresidente, varios ministros y los patrones de dos compañías petroleras estatales como destinatarios. No es de extrañar que la región haya estado hablando de poco más (aparte de Donald Trump y de un clima extremo) desde Navidad.

Gobiernos y fiscales han sido picados en acción. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le pidió a Odebrecht que se retire del país, donde sus contratos incluían uno para un gasoducto de 7.000 millones de dólares. Un ex viceministro en el gobierno de García ha sido arrestado. Un fiscal está a punto de emitir una orden de arresto contra Alejandro Toledo, un ex presidente que compró varias casas caras después de dejar el cargo (como el señor García, niega haber cometido un delito). En Colombia, un ex viceministro de Transporte admitió haber recibido un soborno de $ 6.5 millones. En la República Dominicana (sobornos de $ 92 millones), Ecuador ($ 33.5 millones) y Venezuela ($ 98 millones), las autoridades se están moviendo lentamente, o en absoluto. En Panamá ($ 59 millones), la Corte Suprema está deteniendo un caso contra Ricardo Martinelli, un ex presidente que vive en Miami y alega la persecución de su sucesor.

Odebrecht no estaba solo. Otras empresas de construcción brasileñas emplearon métodos similares. La corrupción en la contratación pública es común a nivel mundial, dice José Ugaz, un abogado peruano que dirige Transparency International, un organismo de vigilancia con sede en Berlín. Pero, agrega, hubo algunas características únicas en el escándalo de Odebrecht.

Las empresas brasileñas se enfocaron en los tomadores de decisiones, preparando el terreno pagando los servicios de los gurús políticos brasileños en las campañas electorales y haciendo donaciones políticas, así como sobornos rotundos. Su método principal era ganar contratos haciendo ofertas bajas y luego corrompiendo grandes aumentos de costos a través de adiciones, en algunos casos cuando la tinta del contrato apenas estaba seca. Esto se aplica especialmente a los contratos que involucran asociaciones público-privadas (PPP), que se han puesto de moda en la región y que se utilizan generalmente para proyectos grandes y complejos, desde autopistas hasta proyectos hidroeléctricos.

José Luis Guasch, anteriormente en el Banco Mundial, descubrió que el 78% de todas las PPP de transporte en América Latina han sido renegociadas, con un promedio de cuatro adiciones por contrato y un aumento de costos de $ 30 millones por anexo. Por lo tanto, el costo de una carretera que une a Brasil y Perú aumentó de $ 800m a $ 2.3bn hasta 22 adendas. Dichos cambios contractuales pueden ser “un terreno fértil para la corrupción”, dice Guasch.

Los gobiernos se han movido para ajustar las reglas de contratación. Chile, Colombia y Perú han aprobado leyes sobre APP que dificultan la renegociación de los contratistas. Se necesita más. Todos los contratos y solicitudes de cambios deben publicarse en línea, insta a Eduardo Engel, que encabezó una comisión anticorrupción en Chile. Y los comités de licitación deberían atraer miembros de ministerios de infraestructura externos.

Existe el riesgo de que las revelaciones de Odebrecht socaven la fe en la democracia y que las inversiones en infraestructura de transporte, que tanto tiempo se han retrasado, sufrirán más retrasos. Pero no todo es tristeza. En América Latina, “estamos en una era en la que la opinión pública juega un papel fundamental” en la lucha contra la corrupción, dice el Sr. Ugaz. Y eso significa que, esta vez, hay una buena posibilidad de que otros países sigan a Brasil en castigarlo.