El Consejo de la Magistratura de Mendoza y el Colegio de Abogados atraviesan momentos de verdadera tensión. Todo comenzó con un conflicto en el Consejo cuando, por unanimidad, se decidió remover a todos los integrantes de la Comisión Asesora para la Justicia Penal de Ejecución Penal y Faltas por supuestas irregularidades en la forma en la que tomaban exámenes. A partir de esto, comenzaron las acusaciones por acomodos, tráfico de influencias y presiones. Luego, se dieron a conocer audios que hacen referencia a pedidos de puntajes para aspirantes en evaluaciones, ofrecimiento de cargos políticos y reacciones al “bochazo” de amistades. En ese orden, los espacios políticos intercedieron y la temática llegó a la Justicia a través de una denuncia penal que tuvo impacto en la dirigencia.
Las sospechas quedaron teñidas por la campaña electoral y la oposición aprovechó el tema para su propia campaña, pero las consecuencias trascenderán.
Las denuncias internas comenzaron hace tiempo. Leonardo Pasccon era integrante de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, grupo que fue “sacado” por completo y luego reincorporado parcialmente. Pasccon elevó notas al gobernador Rodolfo Suarez, al Consejo y a todas las autoridades, donde se advertía sobre irregularidades en el nombramiento de los jueces y manejos sospechosos en el Consejo. Pasccon, de la Federación de Abogados por la Primera Circunscripción Judicial y representante del Colegio de Abogados en la Comisión Asesora para la Justicia Penal de Ejecución Penal y Faltas, menciona supuesto tráfico de influencias para designar cargos en la Justicia y apuntó directamente contra Maturana y Soneira. También había pedido que se convocara a elecciones en el Colegio de Abogados.
Luego hubo denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Nº 39 y está dirigida a María José Hernández (miembro del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura), Andrea Maturana (titular del Colegio de Abogados), Marcelo D’ Agostino (subsecretario de Justicia de la provincia), Sebastián Soneira (director de la Dirección de Personas Jurídicas) y Alfredo Cornejo (senador nacional). El escrito denuncia la supuesta comisión del delito de “tráfico de influencias pasivo y agravado”. De manera adjunta a la presentación penal, pusieron a disposición audios que sugieren que existirían solicitudes de aprobar o desaprobar gente según afinidad e, incluso, pedidos de colocación de puntaje. En uno de esos audios se involucra a la presidenta del Colegio de Abogados, Andrea Maturana, en “operaciones de tráfico de influencias a favor de su socia y comadre para acceder a la magistratura”
El tema incomoda a todos, incluidos algunos referentes del oficialismo en el Poder Judicial. José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Mendoza, declaró en diálogo con MDZ Radio en relación a estas denuncias: “Primero vamos a aclarar que el Consejo de la Magistratura no es un órgano del Poder Judicial. Segundo, de los siete miembros del Consejo, solamente un miembro del consejo titular es representante de la Corte”. Sus palabras refieren a la jueza María Teresa Day, quien integra el organismo.
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“Venimos analizando, debatiendo y observando -con cierta preocupación, no lo voy a negar-, el nivel que tiene respecto a las temáticas que son públicas. La Corte está no solamente tomando la temática, sino que va a ir expresándose de acuerdo a las necesidades y en los momentos oportunos. No es conveniente ahora dar opiniones personales, que no quiere decir que no las tenga”, aportó.
Desde la Unión Mendocina y el kirchnerismo apuntan contra el oficialismo, en medio de la campaña. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti comunicó este jueves por la tarde que “frente a los hechos que hemos conocido estos últimos días sobre maniobras extorsivas que se han realizado a miembros del Consejo de la Magistratura de Mendoza para designar jueces y fiscales afines a la UCR y al PRO he decidido presentar una denuncia penal ante la Justicia”.
No obstante, marcó sus diferencias con Omar De Marchi y dijo: “Que nadie se haga el distraído, durante 7 años y medio Alfredo Cornejo y Omar De Marchi lideraron una alianza que manipuló a su antojo las instituciones de nuestra provincia. Que estos audios hayan tomado estado público reflejan la vulnerabilidad institucional que venimos denunciando reiteradamente desde el peronismo. Nos solidarizamos con los y las profesionales que se han preparado para estos concursos y esperamos que la Justicia investigue a fondo”.
La diputada kirchnerista, Marisa Uceda, también acotó:”El Consejo de la Magistratura de la provincia, como cualquier otro, se encarga de la elección de magistrados provinciales. En cualquier país o provincia normal esto tiene un procedimiento que debe respetarse, salvo en la #Mendoza de #Cornejo y sus amigos y acá te cuento por qué: en el Consejo de la Magistratura de la provincia el radicalismo de #Cornejo tiene mayoría. ¿Y qué ha hecho con esto? Según los audios publicados han interferido en concursos y han apretado a miembros del Consejo con maniobras extorsivas para nombrar jueces y fiscales militantes”.
“Es bochornoso escuchar cómo consejeros remarcan que si bien no están de acuerdo, igual evalúan a los postulantes según la conveniencia y los pedidos de #Cornejo y sus alfiles en la #Justicia. Hasta se mofan de decir “Si fueran kirchneristas los mataríamos”. La institucionalidad de #Mendoza está profundamente desgastada y la confianza de la ciudadanía en la Justicia es cada vez menor. Estos hechos lo único que nos confirman es algo que nos preocupa hace mucho tiempo: Cornejo no quiere gobernar una provincia, quiere gobernar un feudo. La institucionalidad que #Mendoza tuvo y por la que fuimos vanguardia en el país hoy casi es un viejo recuerdo. Y es aún más lamentable pensar en todos y todas aquellas profesionales que se prepararon para concursar cargos que de antemano ya tenían nombre y apellido designado”, concluyó.
XUMEK Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos informó que pidieron la intervención a la relatora especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite”
Mediante un comunicado puntualizaron que, “a casi dos años de que XUMEK, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil (AJUS-LPBE) formularon una denuncia el 9 de diciembre de 2021 para dar cuenta de los ataques contra la independencia del Poder Judicial de Mendoza y el atropello al ejercicio de la abogacía como profesión independiente y solicitaron intervención, en ese momento del Relator Especial Dr. García- Sayan en este asunto. Ahora, el 15 de septiembre de 2023, Florencia Díaz Peccinetti, directora ejecutiva de XUMEK y Alfredo Guevara, socio fundador de XUMEK, acuden una vez más para poner en conocimiento nuevos hechos que atentan contra la independencia de los magistrados y abogados y afecta la institucionalidad de Mendoza.
“Es por esto que Directora Ejecutiva y Socio Fundador presentan una solicitud de intervención a la Sra. Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Sra. Margaret Satterthwaite, con el fin de ampliar la denuncia ya presentada y poner en conocimiento la continuidad del debilitamiento de la calidad institucional del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza en la República Argentina y de los órganos constitucionales descentralizados encargados de la administración de Justicia”, aseveraron para después enumerar sus observaciones que son: “La modificación del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la proscripción de la lista opositora del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial e injerencias del Poder Ejecutivo en los sistemas de elección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura“.
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