El Estado debería tomar la iniciativa de funcionar como coordinador de la cada vez más necesaria integración del sistema de salud. Existen leyes (firma digital, receta electrónica, datos personales, derechos del paciente, entre otras), tecnologías (software, hardware, plataformas, aplicaciones, etc) y la experiencia de la gestión de una pandemia que sitúa a la Argentina en un momento inédito para avanzar en este sentido.
Es cierto que la descentralización del sistema de salud ocurrida durante el menemismo pone al país en una situación incómoda para acordar políticas de Estado que permitan respetar los derechos constitucionales de las personas más allá de quién ocupe la administración pública, sea esta nacional, provincial o municipal. No obstante, los estándares internacionales y el BUS de interoperabilidad pueden funcionar como un salvavidas en este mar revuelto de gobernanzas.
Para lograrlo, primero deben desenmascararse las mezquindades que existen en el sector, las cuales atraviesan lo público y lo privado, con funcionarios que buscan capitalizar pequeños logros y empresas o entrepeneurs que tienen el afán de convertirse en los “unicornios” de alguna tecnología o solución.
Este desenmascaramiento permitirá que la ciudadanía comprenda cuál es la verdadera razón por la cual hoy tiene tantos inconvenientes para relacionarse con el sistema de salud, sea este público o privado. Especialmente, porque el sistema de salud argentino es único y valorado por propios y ajenos, y viene soportando ataques constantes para posicionar el desprestigio y así colar “soluciones” cuyos beneficios recibirán sólo un puñado de personas.
La base está. Existen algunas máximas alrededor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que no escapan a ningún sector de la economía. Una de ellas es que las TICs van más rápido que su regulación. Lo cierto es que hoy sin tocar ninguna ley se puede promover la integración, valiéndose solo de estándares, de las TICs como elemento clave para integrar al sistema de salud con la normativa actual y las futuras, y de decisión política.
Los estándares internacionales como SNOMED para terminología clínica, o HL7 para intercambio de información clínica; sumado al BUS de interoperabilidad que funciona como repositorio descentralizado de documentos clínicos; son las principales herramientas que tiene hoy el Estado para avanzar en la integración. Resta la decisión política para “empujar” su uso por parte de todos los actores del sistema de salud argentino.
Decisión política. Al cierre de esta edición, el BUS de interoperabilidad contaba con 8.871.157 pacientes federados de 58 dominios diferentes y 144.731 en más de un dominio.
El sector privado también debe adherir a los estándares de interoperabilidad, subirse al BUS y que el Minsal pase a producción un recurso IPS (International Patient Summary o Resumen Internacional del Paciente), enmarcado en HL7 que los diferentes dominios podrán compartir en el BUS de interoperabilidad y que hoy se encuentra en fase de testeo. Llegar a los acuerdos del recurso IPS requiere del consenso de todos los sectores, en todas las provincias y serviría, por ejemplo, para definir cómo se trabaja en recetas digitales.
Si cabe nuevamente la aclaración, el BUS de interoperabilidad no almacena información, sino que permite el intercambio. Entonces, todas las HCE tienen que subirse a este bus, y los estados deben fortalecer estas políticas y desarrollar capas de información para gestionar políticas públicas en salud.
La información que se sube es un resumen, un recorte que sirve para estas políticas de prevención y vigilancia, que harán más eficiente el sistema sanitario en su totalidad y evitará su desmantelamiento o su ocaso por ineficiencia dirigida.
Por Ana Amaya
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