Los españoles decentes y demócratas están indignados porque acaban de saber que Carlos Divar, ex presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, dos años después de haber dimitido vergonzosamente por pasar al erario gastos personales ajenos a su cargo, conserva un servicio de protección "similar al de los ex presidentes" del Gobierno, consistente en 15 escoltas y coche oficial, con un coste de 385.000 euros anuales sufragados con los enormes impuestos que los casi arruinados españoles están obligados a pagar.
Lo malo del escandaloso "caso Divar" es que en modo alguno es una excepción o un caso aislado sino la prueba infalible de que hay miles de casos similares ocultos dentro del Estado, que no se descubrirán hasta que un periodista con conciencia y sin miedo lo denuncie o hasta que alguna rencilla interna entre poderosos lo ponga en evidencia. El Estado corrupto se ha convertido en refugio blindado de sátrapas y de sinvergüenzas. Ese Estado, que pretenden que sea considerado como "democrático", ha expulsado al ciudadano y se ha convertido en monopolio de los poderosos. Esa "apropiación indebida" del Estado y su posterior conversión en un vertedero, donde los que tienen poder nadan en el privilegios y sus amigos y satélites esquilman el erario público, es el gran pecado de la "casta" política y la esencia de la España actual, injusta, corrupta, desquiciada y en manos de gente que ni siquiera merece ser respetada.
A pesar de su fealdad, el caso Divar no es de los peores. Mucho mas graves son los de los corruptos y sospechosos de delincuencia que el Estado acoge en su seno, pagando su mezquindad con altos salarios, privilegios y poder, y los delincuentes y corruptos que los partidos políticos incluyen en sus listas electorales o amparan con aforamientos y blindajes.
El Estado español actual, uno de los mas corruptos del mundo, carece de ciudadanos, que han sido expulsados de todo proceso de participación y toma de decisiones, y se ha convertido en monopolio de políticos y de sus amigos y protegidos, una legión ajena a la democracia y a la decencia que vive rodeada de despilfarro, privilegios injustificables, impunidad, corrupción y abuso de poder.
Sin una Justicia firme y sin respeto a la democracia, el Estado pertenece, inevitablemente, a los políticos, cuya primera reacción es expulsar al ciudadano, a la ley y a la misma democracia del sistema para poder gobernar con plena libertad y con la mas obscena impunidad. El dinero público, de ese modo, no es de la nación, ni de los ciudadanos, sino de los que controlan el Estado de manera bastarda.
Ese Estado español sin ciudadanos ni decencia esconde miles de casos como el que se ha descubierto de Carlos Divar, incluyendo abusos e iniquidades como subvenciones injustas entregadas a amigos y correligionarios, préstamos y ayudas que nunca se devuelven, concursos públicos otorgados a dedo, subvenciones y ayudas denegadas a enemigos y adversarios del poder, colocaciones innecesarias, nepotismo, amiguismo, robos, violaciones de leyes y normas que nunca se denuncian y hasta acosas y persecuciones a ciudadanos que a veces terminan en suicidios.
Los grandes responsables del basurero español son el PP y el PSOE, los dos grandes partidos políticos españoles, que han contado para gobernar los destinos de España con la complicidad y ayuda activa de partidos nacionalistas y de Izquierda Unida, un partido mercenario y sin ideología que es capaz de gobernar aliado a la derecha, a la izquierda, al nacionalismo y a quien sea necesario, siempre a cambio de cuotas de poder y puestos de trabajo públicos para colocar a los suyos.
El Estado español actual está mas necesitado de un rescate ético que económico, pero los socios de España en Europa y en el mundo desvían la vista para no tener que intervenir en esa gran cloaca española, dominada por el abuso de poder, la corrupción y la iniquidad impune, un país que ocupa puestos de cabeza en el ranking mundial de casi todo lo sucio: tráfico y consumo de drogas, alcoholismo, trata de blancas, blanqueo de dinero, corrupción, desempleo, avance de la pobreza, baja calidad de la enseñanza, fracaso escolar, impuestos abusivos, desprotección de los débiles y un peligroso y creciente odio de los ciudadanos a sus dirigentes, sin parangón en ningún otro país desarrollado del planeta.
Los tribunales españoles tratan ya o investigan mas de 2.000 casos de corrupción y abuso de poder con políticos como protagonistas. Esa enorme alforja de delitos y abusos convierten a los grandes partidos en las organizaciones con mas crímenes pendientes, después de la banda terrorista ETA. En cualquier país democrático, la corrupción y el abuso acumulados por los grandes partidos habrían motivado que esas organizaciones hubieran sido precintadas y clausuradas por una Justicia independiente.
Pero en España, los periodistas y los jueces, a los que la democracia encomienda la misión de aportar luz y castigar a los delincuentes, operan mas como encubridores y cómplices que como fiscalizadores y agentes de la ley. Como consecuencia, los poderosos se sienten impunes, casi nunca siquiera dimiten y son pocos los que pagan por sus delitos, a pesar de que en España se han cometido, en los últimos años, los peores de todo el mundo occidental, sobre todo el saqueo de las cajas de ahorros, en el que han desaparecido cientos de miles de millones de euros, y la estafa consentida de las participaciones preferentes y subordinadas, un crimen mediante el cual los bancos se han capitalizado arrebatando su dinero a cientos de miles de pequeños ahorradores, muchos de ellos jubilados que había confiando a la banca el esfuerzo de toda una vida.